Por varias razones, las personas recluidas en instituciones cerradas están más expuestas al riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida. En lugares como los reclusorios y los ejércitos, las tasas de infecciones provocadas por el virus que causa el sida suelen ser mayores que en la población en general. Sin embargo, su mismo carácter de instituciones cerradas ha dificultado el trabajo de prevención entre la población recluida o reclutada.

Llama la atención particularmente la situación que prevalece en el interior de las Fuerzas Armadas mexicanas. Como lo documentan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Centro Nacional para el Control y Prevención del VIH/Sida (Censida), a los soldados y oficiales que resultan seropositivos a las pruebas obligatorias de detección del VIH se les da de baja, en la mayoría de los casos sin la posibilidad de seguir recibiendo atención médica y tratamiento. Además, la obligación de notificar todo caso de VIH/sida diagnosticado a las instituciones de salud, al parecer no se aplica a la institución militar. El resultado es que las autoridades de Salud desconocen la dimensión real del problema dentro del Ejército mexicano.

En las instituciones disciplinarias, como los ejércitos, se corre el riesgo de confundir la disciplina con la ausencia de derechos. Y en este sentido, el dar de baja del servicio activo a los reclutas VIH positivos más parece un castigo que la observancia de la normatividad vigente, sobre todo si ésta se interpreta de una manera errónea, que perjudica el bienestar, la dignidad y los derechos de los militares afectados. Para hacer frente a un problema tan complejo como el VIH/sida, hay que empezar por reconocer su existencia; negarla sólo favorece la proliferación de casos y, con las bajas del servicio activo, de violaciones a los derechos humanos.