La defensa alega que la Legislatura sesionó a destiempo para tomar la decisión

Se inicia en el Congreso de BC juicio político contra 11 ex funcionarios del Poder Judicial

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC., 1º de marzo. El pleno del Congreso local se constituyó en gran jurado e inició juicio político contra tres magistrados y ocho ex integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), a quienes se acusa de actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones, motivo por el cual fueron destituidos por la anterior Legislatura.

El diputado perredista Jesús Alejandro Ruiz Uribe terminó de notificar a los 11 la denuncia de juicio político presentada contra ellos por el consejero del TSJE, Eleazar Verástegui Galicia.

En octubre, cuando se presentó la denuncia, el Congreso local votó en favor de la creación de la Comisión Instructora, y designó para tal efecto al priísta Enrique Acosta Fregoso, en calidad de presidente, y al panista Raúl Felipe Ruiz como secretario, para que se aboquen a la sustanciación del procedimiento mencionado.

En ese entonces Gilberto Cota Alaniz, presidente del TSJE, consideró improcedente el juicio político porque consideró que para ello debe existir, aparte de la violación a la Constitución, perjuicio al Estado, y "esto no ocurrió".

Fulvio Cortez Téllez, abogado de tres de los 10 magistrados destituidos por la anterior Legislatura, señaló que en todo caso a quien debe fincarse juicio político es a los ex diputados, pues para relevar a los miembros del Poder Judicial cometieron una simulación ilegal.

El defensor indicó que en el proceso de amparo que promovió a favor de los magistrados Oscar Valenzuela, Jaime Rico y Félix Herrera se detectó que la anterior Legislatura simuló una sesión el 29 de abril de 2001, en la que supuestamente decidió no ratificar a los integrantes del TSJE, cuando en realidad dicha sesión se realizó el 3 de mayo, es decir, a destiempo.

Cortez Téllez dijo que los magistrados habrían aceptado retirarse si en los días posteriores los diputados no hubieran declarado a los medios de comunicación que habían expulsado a los magistrados por ineptos, incapaces, incompetentes y faltos de preparación.

A raíz de tales acusaciones, los magistrados decidieron reivindicar su imagen y promovieron juicios de amparo, mismos que les fueron concedidos en una primera instancia, ante lo cual el Congreso apeló.

El defensor detalló que los diputados tenían el 30 de abril de 2001 como límite para relevar a los entonces magistrados porque, de lo contrario, a partir del primero de mayo, por ley, se convertirían en inamovibles y ocuparían sus puestos de por vida, pero por dedicarse a otros asuntos, señaló, no percibieron esta situación.