Guillermo Almeyra
Campesinos: negociación y movilización
Hemos entrado en una fase mundial de violentas confrontaciones sociales, de guerras y de desobediencia civil masiva. La guerra de Estados Unidos enfrenta la resistencia de cerca de 150 millones de personas, muchas de las cuales se movilizan a la vez contra sus gobiernos respectivos, que se someten a la soberanía de la Casa Blanca y, de ese modo, se deslegitiman y pierden inclusive el atributo del uso de "la violencia legítima", o sea, del consenso popular. La fuerza y la arbitrariedad de los poderes se enfrentan con la fuerza y la búsqueda de una legitimidad alternativa. No es sólo la crisis económica lo que impulsa hacia la guerra y aumenta las resistencias populares: estamos también ante una crisis de la dominación, una crisis política generalizada del sistema.
Desgraciadamente, la conciencia de los dirigentes de movimientos de masas se ha formado en otro periodo, el de la relativa solidez (que le daba el consenso popular) del sistema, el de las negociaciones dentro del mismo para arrancarle migajas, y su visión esencialmente local o nacional, les impide comprender en qué fase actúan ahora y adecuar sus métodos de lucha y objetivos a la misma y a la nueva decisión y comprensión de sus bases.
Este hecho se demuestra de manera emblemática en los intentos de algunos dirigentes campesinos de obtener, en las reuniones efectuadas en el Archivo General de la Nación, fondos para algunos proyectos productivos que les permitan ofrecerles "algo" a sus bases organizativas (a pesar de la declaración elemental de que no vienen a pedir fondos, sino cambios políticos), y se ve de manera aún más clara en las reuniones con la embajada de Estados Unidos. O sea, algunos dirigentes están abiertos a la corrupción y al intento de dividir los intransigentes de los "posibilistas", y todos aceptan que quien manda en México es el gran capital estadunidense -y su gobierno- y, por consiguiente, que hay que mendigar a éstos lo que debería ser arrancado por la lucha contra ellos y contra las autoridades mexicanas.
No alcanzan a ver la relación directa que debe existir entre las negociaciones con las instituciones y las movilizaciones masivas y acciones independientes de masas que, además de ir más lejos de lo que se negocia, eduquen a sus bases y al pueblo para una lucha que será larga y dura. Porque no se trata sólo de renegociar algunos precios en el rubro rural del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino de acabar con un modelo que, con todo el convenio internacional, y no sólo su parte rural, agrava la dependencia de México frente al gran capital estadunidense, destruye el ambiente, impulsa el desempleo y la migración, destruye la pequeña y mediana industria como fuentes de trabajo, etcétera. Y, sobre todo, de acabar con un modelo que somete la agricultura al gran capital, en vez de construir otro México sobre la base de las necesidades de la población, del desarrollo del mercado interno, de la planificación de los recursos para atender las necesidades primordiales (como el agua, por ejemplo).
En vez de alzar políticamente el tiro, para movilizar junto a los campesinos a los indígenas y a los pobres y desocupados urbanos y rurales, se concentran en algunas reivindicaciones de productores que, por justas que sean, no mueven a nadie fuera de ellos ni convocan a discutir e imponer cuál puede ser otro modelo de país.
Por supuesto, la culpa no es sólo de las limitaciones de los dirigentes campesinos. Los intelectuales, que los dejan virtualmente solos, tienen también una responsabilidad, al igual que los partidos, como el PRI y el PRD, que esperan pescar en el torbellino campesino, y hasta la incomprensión del EZLN que, aunque dirija indios que son campesinos, aparentemente no tiene nada que decir sobre estas luchas que son vitales para sus bases y que, al alzar la puesta en juego, podrían sacar al movimiento indígena del impasse en que está desde la aprobación de la ley antindígena en el Congreso de la Unión y el voto absurdo y reaccionario de la Suprema Corte.
Cada pueblo aprende con su propia experiencia y construye una nueva relación de fuerzas a partir de problemas concretos, nacionales, y en el territorio. La movilización campesina es también la posibilidad de hacer pagar muy caro al gobierno la posible venta de su voto en favor de la guerra en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de ir construyendo un frente social alternativo, más amplio que la actual alianza del campo, para defender todo lo que la guerra de Bush amenazará (desde el petróleo y la electricidad hasta los márgenes para la democracia, que están cada vez más amenazados).
Es cierto que en todo gran movimiento está implícito el peligro de degeneración de algunos de sus dirigentes o de manipulación del mismo por otras fuerzas (políticas, sobre todo). Pero la única política seria no consiste en lamentarse y en denunciar esos peligros antes mismo de que haya ejemplos evidentes de los mismos, sino en impulsar el movimiento, en hacerlo crecer en número y políticamente, en explicar su verdadera dinámica y sus verdaderos objetivos.
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