Sería algo muy grave, expresa el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

De ser cierta la denuncia sobre Amigos de Fox el Congreso debe intervenir: CNDH

Vía fax y sin firma, la comisión recibió la tarde de ayer la queja de Eduardo Fernández

Se espera que la ratifique en las próximas horas para proceder: José Luis Soberanes

VICTOR BALLINAS

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, aseveró ayer que de comprobarse la denuncia pública que hizo el lunes el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Eduardo Fernández -en el sentido de que hay un operativo de Estado para destruir pruebas y proteger a Amigos de Fox-, ''sería algo muy grave y el Congreso tendría que intervenir''.

Señaló que la comisión que encabeza recibió a las 2:45 de ayer la queja de Fernández, vía fax y sin firma, por lo que espera que en las próximas horas la ratifique ante ese órgano para que en un plazo de 72 horas la CNDH se pronuncie al respecto.

Fernández, presidente de la CNBV en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, advierte en la queja que ''se debe actuar con prontitud en este caso, ya que en estos momentos se están iniciando en el extranjero los trabajos de investigación correspondientes a los circuitos financieros que utilizaron los Amigos de Fox en otras jurisdicciones''.

Asimismo sostiene que su denuncia tiene por objeto que la Comisión Permanente del Congreso y la CNDH ''tomen conocimiento urgente y así proteger la vida y la libertad de inocentes, supervisores y empleados bancarios, pues corren peligro por haber conocido las operaciones sospechosas de lavado de dinero'' que el mencionado grupo realizó durante la campaña presidencial de Vicente Fox.

Añade que es urgente que se fiscalice a la PGR y a la CNBV, ''para evitar la fabricación de documentos, destrucción de evidencias y desaparición de testigos''.

Análisis riguroso

La queja, insistió por su parte el ombudsman, está sujeta a un análisis riguroso para saber ''si tenemos competencia y, si ese es el caso, por supuesto que intervendremos, pero por ahora no quiero adelantar conclusión alguna''.

Entrevistado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al término de la presentación de su tercer informe de labores al frente de la CNDH, Soberanes adelantó que la queja del ex presidente de la CNBV ''es básicamente lo que dijo en el programa radiofónico de Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula''.

Fernández asegura en su denuncia que ''a cualquier precio y cometiendo toda clase de delitos relacionados con la administración de justicia, el gobierno de Vicente Fox está encubriendo y destruyendo evidencias de los delitos cometidos por Amigos de Fox''.

Explica que para comprender la gravedad del caso es necesario remontarse a la decisión del tribunal federal electoral para que el Instituto Federal Electoral (IFE) investigara las transacciones financieras en la campaña presidencial de Fox. ''Lino Korrodi y demás Amigos de Fox desencadenaron una aparente estrategia legal para evitar que el instituto investigara las transacciones financieras de diversas personas que aportaron recursos a la campaña''.

Persecución ilegal

Abunda que en la medida en que los amparos presentados evidenciaron su incapacidad para detener permanentemente el flujo de información hacia las autoridades electorales, es que se inicia desde el seno del gobierno, como un asunto de Estado, la persecución ilegal de los supervisores bancarios ''que con motivo de nuestras responsabilidades tuvimos a la vista información que permitía presumir que Amigos de Fox lavaron dinero en el sistema financiero mexicano y extranjero''.

Fernández insiste en que el 20 de septiembre de 2002, cuatro supervisores de la CNBV acudieron mediante engaños a la Fiscalía Especial para Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y ya dentro de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) se enteraron que debían declarar, debido a un citatorio que había recibido un superior jerárquico y por un oficio enviado por la comisión a la Procuraduría.

''Con valor y verdad, no obstante la presión a que fueron sometidos y a la violación de sus derechos humanos, los cuatro supervisores comparecieron ante el Ministerio Público en presencia de los abogados de Lino Korrodi. Aquí empezó a evidenciarse que la administración de justicia está subordinada a los Amigos de Fox''.

Resalta que ''dado el contenido comprometedor para los Amigos de Fox de dichas declaraciones ministeriales, en violación de sus derechos el Ministerio Público les negó copia de su declaración. La PGR, haciendo a un lado su obligación de combatir el lavado de dinero, no abrió averiguación previa alguna, o sólo lo simuló para darle carpetazo''.

En la narración de hechos Fernández señala que hacia principios de 2003, dados los pocos avances para convertir en delincuentes a quienes conocieron del lavado de dinero, los tropiezos judiciales y la remisión a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales del expediente respectivo, y la cercanía de las elecciones, es que Lino Korrodi juega su última carta. El mensaje era claro: no iría él solo a la cárcel, sino todos sus cómplices, en caso de que continuara fluyendo a la sociedad o a las autoridades electorales información sobre Amigos de Fox.

De testigos a presuntos delincuentes

Durante febrero, dice Fernández en la queja, ''fueron citados varios supervisores y empleados bancarios, de un día para otro, a la citada unidad de la PGR, donde eran sometidos a interrogatorios interminables; el primer día acudían en calidad de testigos y dos días después como indiciados, con el fin de consignarlos aceleradamente''.

Ante la Procuraduría General de la República, ''los supervisores testigos del lavado de dinero se convirtieron en los presuntos delincuentes -en virtud de una orden de los Amigos de Fox- que había que encarcelar, mientras que el Ministerio Público ocultara todas las declaraciones que desde septiembre de 2002 obran ante esa institución de supuesta buena fe, en que hacían constar las razones para investigar por lavado de dinero a la referida organización''.

Fernández sugiere que la Comisión Permanente del Congreso y la CNDH presenten una iniciativa para agravar las penas en este caso e ''intervenir'' permanentemente con efectos de fiscalización a la PGR y a la CNBV. Así suele hacerse en democracias avanzadas''.