El líder obrero Carlos Ortega, enjuiciado
por la misma causa, en la clandestinidad
Detiene la justicia venezolana al golpista líder
empresarial Carlos Fernández
"Ya era hora", dice el presidente Hugo Chávez;
la oposición amenaza con huelga de protesta
DPA, AFP Y PL
Caracas, 20 de febrero. El líder empresarial
venezolano Carlos Fernández fue detenido en horas recientes bajo
los cargos de traición a la patria, rebelión civil, instigación
a cometer delitor, devastación y conspiración para delinquir,
de acuerdo con una orden de arresto emitida por un juez y ante su negativa
a presentarse a declarar.
El presidente Hugo Chávez, por su parte, se manifestó
satisfecho de que "por fin", y ya "era hora", que un juez haya decidido
actuar y ordenar la detención del "presidente de Fedecámaras,
que es un golpista, un terrorista y saboteador, que desde hace mu-cho tiempo
debería estar preso".
El
mandatario, además, anunció esta no-che medidas contra las
cuatro cadenas de televisión investigadas por su gobierno, y llamó
al pueblo a salir a la calle para defender la revolución si sus
antagonistas toman acciones por la detención de Fernández.
"Esta batalla está pendiente y no se extrañen
que en los próximos días se tomen algunas medidas contra
los medios de comunicación privados que tienen cuentas pendientes
con la ley", dijo Chávez en un mitin de masas en Barquisimeto, 250
kilómetros al suroeste de Caracas.
La oposición comenzó una marcha de protesta
por la detención del empresario, cuyo sector calificó este
hecho de "secuestro".
A su vez, el líder obrero Carlos Ortega, la otra
cabeza visible del paro de dos meses que terminó el 2 de febrero,
que afronta una orden similar de arresto, dijo que pasaba a la clandestinidad
porque no acudiría a declarar al desconfiar de las autoridades.
El secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), César Gaviria, abogó por que el gobierno
venezolano asegure que se respeten plenamente los derechos del dirigente
empresarial, al apelar a su "alta jerarquía" y el papel que juega
en la opositora Coordinadora Democrática.
Estados Unidos pidió a Chávez que respete
los derechos del líder empresarial acorde con la Constitución
venezolana, de acuerdo con el vocero del Departamento de Estado, Richard
Boucher. Agregó que este era un hecho "preocupante" que podría
em-peorar las ya continuas dificultades políticas y el diálogo
en Venezuela.
La canciller española, Ana Palacio, también
dijo ver como un "elemento de preocupación" la detención
del líder opositor, y que entra en "flagrante contradicción"
con el reciente acuerdo entre el gobierno y los opositores para apaciguar
la situación.
La oficina regional de la Organización Internacional
del Trabajo, con sede en Li-ma, se inconformó y reclamó la
"inmediata liberación" de Fernández y que se deje sin efecto
la orden de captura contra Ortega, el dirigente de la Confederación
de Trabajadores de Venezuela.
Resistencia al arresto
Carlos Fernández, sucesor en el gremio empresarial
del frustrado presidente golpista Pedro Carmona, fue arrestado entre la
noche del miércoles y la madrugada del jueves por agentes de la
policía de inteligencia política (Disip), al parecer en medio
de forcejos con sus guardaespaldas cuando se encontraba en un restaurante.
El detenido permanecía en la sede de la Disip y
deberá ser presentado ante la justicia en menos de 48 horas, de
acuerdo con una orden de aprehensión dictada por el juez Maikel
José Moreno, quien hizo extensiva una medida similar contra Ortega
y ba-jo los mismos delitos.
El fiscal general, Isaías Rodríguez, explicó
que ambos dirigentes son investigados por denuncias en su contra fincadas
en su institución, como resultado de acciones suscitadas en los
días de la huelga general que buscaba derrocar al gobierno.
Indicó que Fernández acudió a declarar
en una oportunidad, pero volvió a ser citado en calidad de imputado
y a cuya citación ya no se presentó. Respecto de Ortega,
apuntó que no atendió las citaciones a declarar emitidas
por la fiscalía. Por lo demás, dijo, no hay otras órdenes
de arresto.
Rodríguez añadió que una fiscal ha
constatado que Fernández se halla en buen estado de salud y que
se ha reunido con sus abogados y defensores, y que las actuaciones de la
fiscalía se agilizaron luego de que el martes se firmó la
declaración contra la violencia entre gobierno y oposición
y bajo la mi-rada de la OEA, cuyas partes buscan una salida electoral a
la crisis política interna.
El
juez Moreno confirmó haber dictado las órdenes de aprehensión
contra los dos principales líderes opositores, y que la fiscalía
tiene 48 horas para presentarlos al juzgado para iniciarles proceso.
El vicepresidente venezolano, José Vi-cente Rangel,
instó a la oposición a "respetar" las actuaciones del Poder
Judicial y evitar acciones como la del inicio de un paro contra el gobierno,
como el anunciado este día, al considerar que "cometería
nuevamente un error". De igual modo, dijo, sería "insólito"
que dejara la mesa negociadora.
Hizo un llamado a descartar todo "matiz político"
en este asunto, al puntualizar que el gobierno no tiene nada que ver en
esto, como acusan los opositores, ya que "el Ejecutivo no puede detener
a nadie".
Aseveró que el caso del líder de Fedecámaras
es de competencia de los órganos del Poder Judicial, y recordó
que en su momento el Tribunal Supremo de Justicia absolvió a seis
militares ligados al golpe de abril pasado y el gobierno criticó
el fallo, pero lo acató por respeto al estado de derecho.
Mientras, parlamentarios y el oficialista Movimiento V
República apoyaron la decisión de la justicia, al recordar
los daños que por más de 4 mil millones de dólares
dejó la huelga, sobre todo al resultar gravemente afectada la vital
industria petrolera del país.
Varios miles de opositores protestaron al atardecer en
una autopista de Altamira, en el este de Caracas, mientras que los empresarios
amenazaron con un paro de 24 horas.
La oposición política en la mesa de negociaciones
pidió la presencia en el país, "con urgencia", de César
Gaviria, así como los cancilleres del Grupo de Países Amigos"
ante el arresto del empresario.
Los opositores también acusaron al gobierno de
"fomentar un peligroso clima de violencia", tras el asesinato el domingo
anterior de tres soldados en circunstancias aún no plenamente esclarecidas.