Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 21 de febrero de 2003
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Mundo
El líder obrero Carlos Ortega, enjuiciado por la misma causa, en la clandestinidad

Detiene la justicia venezolana al golpista líder empresarial Carlos Fernández

"Ya era hora", dice el presidente Hugo Chávez; la oposición amenaza con huelga de protesta

DPA, AFP Y PL

Caracas, 20 de febrero. El líder empresarial venezolano Carlos Fernández fue detenido en horas recientes bajo los cargos de traición a la patria, rebelión civil, instigación a cometer delitor, devastación y conspiración para delinquir, de acuerdo con una orden de arresto emitida por un juez y ante su negativa a presentarse a declarar.

El presidente Hugo Chávez, por su parte, se manifestó satisfecho de que "por fin", y ya "era hora", que un juez haya decidido actuar y ordenar la detención del "presidente de Fedecámaras, que es un golpista, un terrorista y saboteador, que desde hace mu-cho tiempo debería estar preso".

El mandatario, además, anunció esta no-che medidas contra las cuatro cadenas de televisión investigadas por su gobierno, y llamó al pueblo a salir a la calle para defender la revolución si sus antagonistas toman acciones por la detención de Fernández.

"Esta batalla está pendiente y no se extrañen que en los próximos días se tomen algunas medidas contra los medios de comunicación privados que tienen cuentas pendientes con la ley", dijo Chávez en un mitin de masas en Barquisimeto, 250 kilómetros al suroeste de Caracas.

La oposición comenzó una marcha de protesta por la detención del empresario, cuyo sector calificó este hecho de "secuestro".

A su vez, el líder obrero Carlos Ortega, la otra cabeza visible del paro de dos meses que terminó el 2 de febrero, que afronta una orden similar de arresto, dijo que pasaba a la clandestinidad porque no acudiría a declarar al desconfiar de las autoridades.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, abogó por que el gobierno venezolano asegure que se respeten plenamente los derechos del dirigente empresarial, al apelar a su "alta jerarquía" y el papel que juega en la opositora Coordinadora Democrática.

Estados Unidos pidió a Chávez que respete los derechos del líder empresarial acorde con la Constitución venezolana, de acuerdo con el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher. Agregó que este era un hecho "preocupante" que podría em-peorar las ya continuas dificultades políticas y el diálogo en Venezuela.

La canciller española, Ana Palacio, también dijo ver como un "elemento de preocupación" la detención del líder opositor, y que entra en "flagrante contradicción" con el reciente acuerdo entre el gobierno y los opositores para apaciguar la situación.

La oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Li-ma, se inconformó y reclamó la "inmediata liberación" de Fernández y que se deje sin efecto la orden de captura contra Ortega, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.

Resistencia al arresto

Carlos Fernández, sucesor en el gremio empresarial del frustrado presidente golpista Pedro Carmona, fue arrestado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves por agentes de la policía de inteligencia política (Disip), al parecer en medio de forcejos con sus guardaespaldas cuando se encontraba en un restaurante.

El detenido permanecía en la sede de la Disip y deberá ser presentado ante la justicia en menos de 48 horas, de acuerdo con una orden de aprehensión dictada por el juez Maikel José Moreno, quien hizo extensiva una medida similar contra Ortega y ba-jo los mismos delitos.

El fiscal general, Isaías Rodríguez, explicó que ambos dirigentes son investigados por denuncias en su contra fincadas en su institución, como resultado de acciones suscitadas en los días de la huelga general que buscaba derrocar al gobierno.

Indicó que Fernández acudió a declarar en una oportunidad, pero volvió a ser citado en calidad de imputado y a cuya citación ya no se presentó. Respecto de Ortega, apuntó que no atendió las citaciones a declarar emitidas por la fiscalía. Por lo demás, dijo, no hay otras órdenes de arresto.

Rodríguez añadió que una fiscal ha constatado que Fernández se halla en buen estado de salud y que se ha reunido con sus abogados y defensores, y que las actuaciones de la fiscalía se agilizaron luego de que el martes se firmó la declaración contra la violencia entre gobierno y oposición y bajo la mi-rada de la OEA, cuyas partes buscan una salida electoral a la crisis política interna.

El juez Moreno confirmó haber dictado las órdenes de aprehensión contra los dos principales líderes opositores, y que la fiscalía tiene 48 horas para presentarlos al juzgado para iniciarles proceso.

El vicepresidente venezolano, José Vi-cente Rangel, instó a la oposición a "respetar" las actuaciones del Poder Judicial y evitar acciones como la del inicio de un paro contra el gobierno, como el anunciado este día, al considerar que "cometería nuevamente un error". De igual modo, dijo, sería "insólito" que dejara la mesa negociadora.

Hizo un llamado a descartar todo "matiz político" en este asunto, al puntualizar que el gobierno no tiene nada que ver en esto, como acusan los opositores, ya que "el Ejecutivo no puede detener a nadie".

Aseveró que el caso del líder de Fedecámaras es de competencia de los órganos del Poder Judicial, y recordó que en su momento el Tribunal Supremo de Justicia absolvió a seis militares ligados al golpe de abril pasado y el gobierno criticó el fallo, pero lo acató por respeto al estado de derecho.

Mientras, parlamentarios y el oficialista Movimiento V República apoyaron la decisión de la justicia, al recordar los daños que por más de 4 mil millones de dólares dejó la huelga, sobre todo al resultar gravemente afectada la vital industria petrolera del país.

Varios miles de opositores protestaron al atardecer en una autopista de Altamira, en el este de Caracas, mientras que los empresarios amenazaron con un paro de 24 horas.

La oposición política en la mesa de negociaciones pidió la presencia en el país, "con urgencia", de César Gaviria, así como los cancilleres del Grupo de Países Amigos" ante el arresto del empresario.

Los opositores también acusaron al gobierno de "fomentar un peligroso clima de violencia", tras el asesinato el domingo anterior de tres soldados en circunstancias aún no plenamente esclarecidas.

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