Necesario, aprobar las reformas propuestas, para detener el proceso de privatización
Bartlett: urge culminar trabajos sobre la modernización del sector eléctrico
La apertura indiscriminada "no tiene por meta el desarrollo sustentable del país", dice
ANDREA BECERRIL
Una de las reformas que deben aprobarse en el próximo periodo de sesiones es la referente a la modernización del sector eléctrico, a fin de detener el proceso de privatización de la electricidad, que de manera paulatina y "por la puerta de atrás" lleva a cabo el gobierno federal, advirtió el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Manuel Bartlett Díaz.
El legislador priísta precisó que pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia el año pasado, que echó abajo el decreto por el que el presidente Fox abría más la participación de particulares en la generación eléctrica, el gobierno federal continúa dando permisos para el establecimiento de empresas dedicadas a ese fin.
Incluso, agregó Bartlett, ha habido declaraciones públicas recientes de funcionarios de la Secretaría de Energía, quienes aseguran que dentro de 10 años 50 por ciento de la electricidad será generada por particulares, lo que viene a demostrar que en su afán de privatizar, Fox no duda en violentar los preceptos constitucionales.
Están listos los dictámenes
Es por ello, recalcó, que es urgente concluir el trabajo legislativo en el Senado para aprobar la reforma eléctrica. "Los dictámenes de la iniciativa del PRI, que incorporaron buena parte de la propuesta del PRD, están ya listos y sólo resta que se llegue a un consenso entre ambas fracciones y la del Verde Ecologista, a fin de llevar al pleno un proyecto definitivo en el periodo de sesiones que comienza el próximo mes."
Los proyectos de dictamen, tanto del PRI como del PRD, proponen crear una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de energía eléctrica, que establece normas muy claras para la participación de particulares en la generación de electricidad, a fin de evitar simulaciones por medio de las figuras de autoabastecimiento, cogeneración y productor independiente. Se ratifica la responsabilidad del Estado en la prestación del servicio público de energía eléctrica.
En el documento priísta se recalca que "mantener la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica como un monopolio nacional no deriva de una posición dogmática, sino que nace de una reflexión acuciosa de las necesidades del país y de los riesgos de la apertura a una iniciativa privada que no tiene por meta principal el desarrollo sustentable del país.
"Máxime cuando las principales empresas que pudieran invertir en el sector son preponderantemente de capital extranjero, que si bien podrían traer una cierta cantidad de dólares frescos a la economía nacional, a mediano plazo los beneficios económicos irían a las arcas privadas trasnacionales, descapitalizando aún más a la industria eléctrica."
El proyecto de dictamen contiene reformas y adiciones a nueve leyes y ordenamientos, entre éstos la Ley que crea la Comisión Reguladora de Energía, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Ingresos de la Federación, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Planeación, Ley de Obras y Servicios, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de energía eléctrica.
Es en esta nueva ley que se busca regular adecuadamente la intervención que ha tenido la inversión privada en la producción de energía eléctrica, a partir de las reformas de 1992, "estableciendo con mayor precisión cada una de las figuras jurídicas" y definiendo que se trata de una "forma excepcional" que no forma parte del servicio público.
Para beneficiarse con el autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente, la exportación e importación de energía eléctrica y la generación auxiliar para casos de urgencia, se debe obtener permiso previo y cumplir una serie de requisitos, entre ellos no tener en el presente o el futuro un interés específico en obtener beneficios económicos de la enajenación de la electricidad.
