Logra reducir 10% al gasto corriente en Bolivia

Sánchez de Lozada toma juramento a los 13 ministros del nuevo gabinete

AFP, DPA Y PL

La Paz, 19 de febrero. El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, tomó juramento esta noche a un nuevo gabinete reducido de 18 a 13 ministros en el palacio de gobierno, luego de intensas negociaciones entre su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y sus aliados socialdemócratas y populistas.

La nueva composición del gabinete es una de las primeras medidas de austeridad, lo que significa una supresión de alrededor de 10 por ciento del gasto corriente, ya que al mismo tiempo fueron eliminados 20 viceministerios y decenas de direcciones generales del Ejecutivo.

El viceministro de Presupuesto, Rubén Ferrufino, dio por hecho que este recorte en el gasto corriente provocará el despido de otros funcionarios públicos, e indicó que la poda se extenderá al Legislativo y en menor proporción al Poder Judicial.

Entre los cambios el mandatario se vio forzado a retirar del Ministerio de la Presidencia a su más estrecho colaborador, Carlos Sánchez, a quien los partidos de oposición en el Parlamento y los sindicatos rechazaron desde un principio al responsabilizarlo de la muerte de 33 personas y unos 200 heridos como resultado del estallido social de la semana pasada.

"Hemos tratado, al comprimir el gabinete, de hacerlo mucho más eficiente, porque con razón se ha criticado la falta de celeridad ante problemas que ya no pueden esperar", dijo Sánchez de Lozada con la voz quebrada durante un breve discurso.

Afirmó que "la característica que vamos a seguir es la búsqueda del diálogo. Mejor es prevenir que lamentar. Dios sabe que eso sí es verdad. Y vamos a buscar salir al encuentro de los problemas, resolver lo que podamos con prontitud y claridad, y explicar y enseñar las cosas que no se pueden hacer". Así, sostuvo, se buscará que todo sacrificio del pueblo sea acompañado del gobierno.

A la par con el nuevo gabinete asumió un delegado presidencial encargado de fiscalizar la capitalización o privatización de la mayor parte de las empresas públicas adoptada durante su primera administración (1993-1997), cuya claridad de los recursos obtenidos siempre fue puesta en duda.

Luego del estallido social a causa de un impuesto de 12.5 por ciento a los salarios con que el gobierno pretendía equilibrar el presupuesto acorde con las fórmulas del Fondo Monetario Internacional (FMI), y que debió retirar, ahora el presidente señaló que la nueva administración es austera y eficiente, y prometió que se harán evaluaciones mes con mes de cara al pueblo.

El presidente, que tuvo que negociar durante 24 horas el nuevo gabinete con sus aliados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y la Unidad Cívica Solidaridad, apuntó que el pueblo busca empleos y que eso nace de ejecutar obras y diversas políticas para salvar bancos y empresas, así como desarrollar las regiones y departamentos del país.

Sánchez de Lozada ratificó en sus cargos a siete ministros e hizo un enroque, la mayoría del MNR. Aparte del ex ministro presidencial Carlos Sánchez, entre quienes quedaron fuera figura también Alberto Gasser, del Interior, también muy cuestionados por la oposición. En contraste, ratificó al titular de Defensa, Freddy Teodovic, no obstante que la oposición igualmente había pedido su salida.

Entre los nuevos designados destaca la senadora Moira Paz, en Desarrollo Sostenible, hija del ex presidente Víctor Paz Estenssoro, fundador del partido oficialista, y en Desarrollo Económico colocó al concejal de paz y militante del MIR, Jorge Torres, hijo del ex presidente militar asesinado Juan José Torres (1970-71).

El líder del opositor Movimiento al Socialismo, Evo Morales, presentó una propuesta acusatoria de juicio de responsabilidades contra el presidente Sánchez de Lozada por la muerte en los disturbios de 33 personas, así como contra los ex ministros de la Presidencia y del Interior.

Previamente, había presentado una solicitud similar a la vicepresidencia del país Nueva Fuerza Republicana.

En tanto, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos reclamó que los militares que sean identificados como autores de las muertes de los citados disturbios del 12 y 13 de febrero sean procesados por la justicia común y no por la castrense.