Lamenta que sólo importe "lo mediático, lo coyuntural y las encuestas"

Entrampado, el gobierno no entiende qué es una política científica: De la Fuente

El rector de la UNAM recibió el premio Ricardo J. Zevada en el Museo de Antropología

KARINA AVILES

Una política de Estado no puede ni debe "estar sustentada en un generoso capital privado que va a aparecer espontáneamente para resolvernos el problema. šPara eso está el Estado, para financiar la ciencia, la educación, la cultura, la salud!", afirmó el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, quien destacó que lo que parece ser verdaderamente importante para la administración actual es "lo inmediato, lo mediático, la coyuntura, la encuesta del próximo lunes o las elecciones del mes de julio", y con ello él llega a la "conclusión" de que ni siquiera se entiende lo que es una política científica.

De la Fuente subrayó que se ha caído en "la trampa" de suponer que con la presentación de cifras "estrictamente coyunturales", que además "pueden acomodarse de un lado o de otro", se resolverá la gravísima situación que enfrenta la ciencia.

Insistió: "Más allá de eso, el problema real es que la ciencia en el país no ha acabado de definirse en términos de un interés explícito del Estado, que vaya más allá de cambios y de coyunturas que hacen con frecuencia que el rumbo se pierda y la brújula oscile sin dirección".

Luego de recibir el premio Ricardo J. Zevada en el Museo de Antropología, frente a la comunidad científica del país, De la Fuente hizo una larga exposición, en la que definió qué es una política de Estado en materia científica. Antes, el director del Conacyt, Jaime Parada, expuso una serie de cifras bondadosas.

El tiempo avanza, aseveró De la Fuente, "y vemos cómo las cifras que fueron promesas se desdibujan y con ello se entiende que no fueron meditadas ni como parte de una política de Estado ni de una reflexión responsable. Ni el presupuesto ni el número de investigadores ha aumentado, pero lo que sí se ha incrementado es la productividad de la comunidad científica. El primer mandamiento de una verdadera política es proteger a las instituciones educativas y no plantear, como a veces se sugiere, que hay que quitarle recursos a las que tienen un poquito más".

El segundo punto es establecer explícitamente la relación entre el sistema de ciencia y tecnología y el sistema de educación superior, pues es impensable concebirlos uno sin el otro, manifestó.

Otra cuestión de suma importancia es reconocer que una política de Estado debe "estar sustentada en el financiamiento público de la ciencia y la educación superior. No podemos ni siquiera ingenuamente pensar que una política de Estado en esta materia va a estar sustentada en un generoso capital privado que va a aparecer espontáneamente y que va a venir a resolvernos el problema. šPara eso está el Estado, para financiar la cultura, la educación, la educación superior, la salud! Esas son las políticas públicas que justifican el que exista un Estado democrático".

También, añadió, es necesaria una mayor difusión de lo que es y significa la ciencia, pues frente a los grandes avances hay un grado de rezago preocupante con "fuerzas oscurantistas que buscan lanzar nuevas embestidas contra la ciencia, como si ésta fuera la adversaria, cuando es nuestra mejor aliada". Por ejemplo, criticó, hoy interesa más proscribir la clonación que entenderla y regularla.

Por otro lado, una política de Estado obliga a pensar en grande. "Hace muchos años dejamos de pensar en los grandes proyectos, como el Instituto Nacional de Cardiología o Ciudad Universitaria."

Por su parte, el director del Conacyt, Jaime Parada, dio cifras: en 2002 el presupuesto aumentó 27 por ciento, se crearon 35 nuevos fondos y de éstos 11 fueron sectoriales, que representaron mil 365 millones de pesos. Veinticuatro fueron mixtos, que significaron 380 millones de pesos.

En su turno, el doctor Ruy Pérez Tamayo, miembro de El Colegio Nacional, sintetizó: el gobierno federal no acaba de entender lo que representa la UNAM para el país en una época de globalización y privatización de las funciones propias del Estado.