El pasado 18 de enero, un grupo de 150 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresó a la comunidad de Paya, en la provincia de Darién y asesinó a Ernesto Ayala, jefe cacique; San Pascual Ayala, segundo cacique, a Luis Enrique Martínez, comisario de esta aldea y a otra autoridad cuyo nombre no ha trascendido. Quedó herido de gravedad otra persona más de la comunidad.
De acuerdo a informaciones proporcionadas por el Congreso General Kuna de Panamá, por monseñor Carlos Mª Ariz, obispo de la diócesis Colón-Kuna Yala, y por las denuncias presentadas por innumerables organizaciones presentes en el Foro Social en Porto Alegre, Brasil, confirmada por la reportera Urania Cecilia Molina, enviada especial de [email protected], el grupo paramilitar (identificado como Autodefensas Campesinas de Urabá, parte de las AUC) continuó haciendo estragos en la frontera dentro de territorio colombiano y secuestró a 18 personas de la comunidad de Arquíaˆ, y a tres extranjeros en las inmediaciones.
Alfonso Aguilar, vocero de prensa para América Latina y el Caribe de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) del gobierno estadunidense manifestó que la incursión de irregulares colombianos señala la dificultad que se tiene para controlar el narcotráfico y agregó que su gobierno considera que para combatirlo se necesita destinar dinero para trabajar específicamente en la zona fronteriza de Darién.
Anunció que para lograrlo, en las próximas semanas llegará a dicha zona un equipo encargado de estudiar el problema y trabajar con el gobierno de la presidenta, Mireya Moscoso, para buscar una solución. "Darién se puede convertir fácilmente en un terreno para las actividades que realizan las FARC; Darién es una zona de selva difícil de controlar", informó Aguilar.
Según el obispo Carlos María Ariz, "En varias ocasiones, el pueblo kuna, a través del Congreso General Kuna, ha pedido a los diferentes grupos armados colombianos que respeten y no profanen su sagrada tierra y, más en concreto, la que rodea a su monte sagrado Takarkunyala. Además, los paramilitares robaron los bienes de la comunidad".
En su misiva, el obispo pide al gobierno panameño "que redoble la seguridad en la frontera y busque junto con las comunidades afectadas la manera más justa y adecuada de reconstruir su futuro con más seguridad y mejores condiciones de vida". Y agrega: "No podemos dejar de repudiar la opinión vertida por algunos medios de responsabilizar a esas comunidades kunas de lo sucedido, por haber colaborado con la guerrilla. Acusación semejante sólo puede hacerse desde la comodidad de un despacho, desde la ignorancia y la insensibilidad".
Ante esta situación, el Congreso General Kuna de Panamá emitió el siguiente comunicado para denunciar los terribles sucesos y explicar los motivos de la acción asesina.

El Congreso General de Kuna Yala, la máxima autoridad kuna, ante el grave atentado a la integridad de la totalidad del Pueblo Kuna cometido en las personas de las máximas autoridades de las comunidades kuna de Paya y Púcuru, Comarca de Takarkunyala, uno de los primeros sitios sagrados de nuestros ancestros contenido en los cantos que recogen nuestra memoria histórica, así como el saqueo de las mismas comunidades, hechos reivindicados por el máximo jefe de los paramilitares colombianos (Autodefensas Unidas de Colombia), denunciamos los objetivos que se persiguen tras esos hechos:

1. Romper la estructura política, espiritual, cultural y social de nuestras comunidades descabezando sus autoridades, comunidades que al desbandarse por el terror abandonen sus tierras y bienes o los rematen a precios irrisorios. Otro efecto para nuestras comunidades es que destruyen nuestro organismo social. Esto lo vienen realizando los paramilitares sistemáticamente en nuestra hermana vecina del Sur. Además ya se ha denunciado que esto viene ocurriendo con las tierras de los desplazados darienitas por las incursiones armadas anteriores. Como se sabe la guerra es un negocio.

2. Tampoco es secreto que hay intereses poderosos en la arena internacional que impulsan el llamado Plan Colombia, que es un plan casi exclusivamente militar, como "solución" al conflicto armado en ese país, y se pretende involucrar en él a los países vecinos a Colombia. En nuestro caso, Panamá, por las incursiones constantes imponiendo el terror en las comunidades fronterizas por grupos armados colombianos, como ha venido ocurriendo hasta ahora, lo que revelaría la supuesta incapacidad de nuestro país en mantener la seguridad en nuestras fronteras, justificaría la presencia de militares extranjeros allí. Por lo tanto, quedaríamos involucrados dentro de ese Plan dotado ya de centenares de millones de dólares, de decenas de aviones y helicópteros artillados, de armas más modernas para equipar más brigadas militares, etcétera.

Además se ha denunciado constantemente la desprotección en la que viven la mayoría de las comunidades fronterizas, a pesar de la existencia de una policía para los fines de esa protección, la policía fronteriza, al punto de llegar con un día de retraso, luego de los periodistas, al sitio de los recientes hechos. Ello pone de manifiesto la necesidad imperiosa de elaborar e implementar una política coherente de seguridad nacional, como ya la han solicitado muchas voces autorizadas del país, ante la permanente amenaza a la vida, honra y bienes de los panameños de las comunidades en mención. En ese sentido acogemos y respaldamos también la sugerencia hecha por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional de que el Gobierno Nacional cree una comisión ad-hoc en la que participen los Congresos Indígenas del área a fin de contribuir en la búsqueda de mecanismos de seguridad en esa área.

Sorprende, asimismo, por decir lo menos, que ninguna de las llamadas fuerzas vivas del país e instituciones: Iglesias, partidos políticos, sindicatos, empresarios, se pronuncien en condena del atroz crimen cometido contra hermanos indígenas panameños, en violación flagrante de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y la soberanía nacional, de parte de dichos paramilitares. Porque los hechos y la experiencia histórica indican que ya no somos los únicos en la mira de intereses voraces en apropiarse de los bienes ajenos.

No es menos importante señalar lo vital de que haya transparencia en las informaciones en torno a la situación en esa frontera porque la garantía en la defensa de nuestros derechos como panameñas y panameños es una ciudadanía informada verazmente.

En consecuencia, condenamos el horrendo crimen de los paramilitares. Así como deploramos también la presencia de otros grupos armados de nuestra vecina Colombia, lo cual se está usando como pretexto para esos ataques provocando la zozobra en nuestras comunidades. Por lo que decimos: ¡basta de utilización de nuestras tierras por cualquier grupo armado que sólo provoca la intranquilidad a unas comunidades que sólo desean vivir en armonía y paz! Por todo lo anterior hacemos un llamado a toda la ciudadanía panameña a que se mantenga en alerta ante los hechos denunciados y asumamos la responsabilidad que nos corresponde en defensa de la integridad del territorio panameño, de nuestros derechos soberanos como pueblo.