Consejo Binacional alerta sobre riesgo de conflictos
Recomiendan a México y EU comercializar agua del Bravo
Innecesario, cambiar el tratado de 1944: Enrique Jackson
ANDREA BECERRIL
Como una de las alternativas para resolver el problema de la distribución del agua del río Bravo en ambos lados de la frontera, el Consejo Binacional México-Estados Unidos recomendó a los gobiernos de las dos naciones privatizar el uso del líquido por medio de la creación de un mercado que incluya la compra-venta de ese elemento "entre usuarios legalmente autorizados", como ocurre en Texas.
En el informe que ayer se presentó en el Senado, el Consejo Binacional, en el que participan especialistas, legisladores y políticos de ambas naciones, advierte asimismo que de no haber un ordenamiento sobre el agua transfronteriza entre México y Estados Unidos "se podría generar una mezcla desestabilizadora de conflictos en los dos países".
Ese problema "podría colocar a las comunidades rurales en contra de las urbanas, a los pueblos indígenas o de estadunidenses autóctonos contra las poblaciones en general, y a las coaliciones internacionales de quienes abogan por el desarrollo económico contra los ecologistas de mano dura".
El informe que el consejo elaboró con la colaboración del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad de Texas en Austin y el Center for Strategic and International Studies (CSIS), el cual se dirigió a los presidentes Vicente Fox y George Bush, plantea crear "un mercado binacional del agua" para traspasarla a los usuarios que más la necesitan y a un precio adecuado, "lo que podría resultar en un empleo más eficiente" del líquido.
De acuerdo con esa propuesta, "los gobiernos federal y estatales de ambos lados de la frontera deberían investigar la posibilidad de establecer mercados de agua en los que los derechos de los diversos distritos de riego, o en algunos casos de agricultores individuales, puedan subastarse públicamente mediante algún método a usuarios municipales u otros".
En el informe se rechaza la preocupación por el sector agrícola, al que podría serle más difícil pagar el precio del líquido que a la industria o los municipios. "En México ya existen mercados informales de agua como resultado de la cooperación a que ha obligado la sequía".
La propuesta incluye crear un banco binacional de agua; aumentar la autonomía estatal; diseñar una comisión México-Estados Unidos, que siga las líneas de la Comisión Internacional Conjunta Estados Unidos Canadá, y promover la fijación de cotizaciones para el líquido.
"Deben emplearse precios acordes con su verdadero valor en el mercado para fomentar la conservación del recurso. Se propone que éste se fije con base en un cálculo del costo marginal del tratamiento de agua y así sumar los costos ambientales estimados y los del usuario por el agotamiento de recursos naturales futuros. Las empresas de nueva creación pueden pagar el valor real más elevado del agua, permitiendo a los consumidores actuales liquidar de modo más inmediato sólo en forma incremental, facilitando la transición la fijación del precio completo".
Se argumenta que "la escuela de pensamiento que se opone a la privatización del agua y su conversión en mercancía" se basa en premisas falsas, y sostienen que, en todo caso, esa opción debe incluir el control público de los recursos hidráulicos o una reglamentación estricta del líquido privatizado.
Durante la reunión no se detalló esta propuesta. Armando Peschard, director del Centro de Estudios Estratégicos, y el embajador Andrés Rozental comentaron que la intención del reporte es ir más allá del Tratado de Límites de Aguas, firmado por México y Estados Unidos en 1944, y más allá del adeudo de agua, para dar recomendaciones de política a mediano y largo plazos.
Tanto el presidente del Senado, Enrique Jackson, como el de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Ulises Ruiz, coincidieron en que no consideran necesario hacer cambio alguno al Tratado Internacional de Límites y Aguas entre los dos países, ya que aún es válido.
