Se espera autorización de la Legislatura y la Cabin
La clínica médica, entre los edificios que entregará la UAZ al ISSSTE
JOSE GALAN
Los inmuebles que entregará la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) como pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por su adeudo de 600 millones de pesos son, entre otros, la clínica y las instalaciones de la Escuela de Medicina, que otorgan servicios de salud a precios populares a la población menos favorecida. Esa casa de estudios es la única institución pública de educación superior con adeudos de esa magnitud con la institución de seguridad social.
Esos dos inmuebles, con cerca de otros 12, serán propiedad del ISSSTE, que los dejará en comodato hasta que la universidad pueda construir nuevas instalaciones. Pero el convenio firmado por la universidad este miércoles con el ISSSTE debe esperar primero el acuerdo de la Comisión de Avalúo de Bienes Nacionales (Cabin) y, en segundo lugar, la aprobación de la Legislatura estatal, antes de entrar en vigor.
El adeudo de la UAZ con el ISSSTE, que suma cerca de 600 millones de pesos -54 por ciento de capital y el resto en intereses- comenzó en 1992, con la llegada del priísta Arturo Romo a la gubernatura del estado al sustituir a Genaro Borrego, y de Virgilio Rivera como rector de la UAZ, en lugar de Francisco Flores Sandoval. En esa época se decidió la inscripción al ISSSTE de todos los trabajadores universitarios para evitar los gastos médicos particulares, ante las dificultades financieras que ya enfrentaba esa casa de estudios.
El convenio de inscripción nunca fue firmado por el Congreso estatal, "porque nunca se planteó así", afirmó Carlos Ulises Girón, actual vocero de la UAZ. Y en ese momento Virgilio Rivera, "en un acto populista", dejó de entregar las cuotas institucionales al organismo de seguridad social, "además de que nunca se descontó el 8 por ciento que por ley correspondía a las cuotas de los trabajadores".
Así, luego de 10 años de no entregar cuotas y recibir a cambio un servicio irregular de atención para todos los universitarios, la suma llegó a 600 millones de pesos, lo que no ha sucedido con ninguna otra institución pública de educación superior.
