Consideran que sus acciones sólo buscan lograr un impacto mediático

ONG denuncian que 2002 fue un año perdido para la fiscalía contra desaparecidos

Alarma en la institución la falta de rumbo y las graves carencias de personal

VICTOR BALLINAS

A un año de haber iniciado labores, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado ha dejado mucho que desear, señalaron organismos de defensa de los derechos humanos.

En su trabajo ha reproducido muchos de los vicios que existen en los órganos de procuración de justicia en México, y al final de su primer año de actividades "no hay datos positivos sobre los resultados de las investigaciones".

La fundación Diego Lucero, el Comité de Madres de Presos Políticos y Desaparecidos de Chihuahua, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sostienen que la fiscalía ha optado por omitir la aplicación de lo establecido en la legislación internacional existente en la materia.

En su balance del trabajo de la fiscalía, dichas organizaciones apuntan que si bien ésta fue creada con un mandato para efectuar una labor que se creía clara y específica, que es la de indagar sobre ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en la denominada guerra sucia y las matanzas de 1968 y 1971, en la práctica, la fiscalía ha ampliado el margen de sus funciones, aceptando y recibiendo denuncias de hechos ajenos a esa etapa histórica. Por ejemplo, resaltan, abrió un expediente sobre la matanza de Aguas Blancas "a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene dos averiguaciones previas, con lo cual esa dependencia se deslinda de su responsabilidad y deja el caso en manos de la fiscalía".

Esto es grave si se considera que el personal con el que cuenta la fiscalía es limitado en número y capacitación sobre el tema, y si bien es cierto que las violaciones a los derechos humanos cometidas en esa etapa represiva no es asunto de solución fácil, "por ello requiere un grado mínimo de preparación y de conocimiento histórico de los sucesos".

A esa situación hay que sumar la carencia de personal que padece la fiscalía, un reducido número de agentes del Ministerio Público que deben encargarse de las investigaciones de más de 300 denuncias presentadas por víctimas, familiares y organizaciones sociales, además de otros casos derivados de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso de otros que no fueron documentados.

Además, destacan organizaciones civiles de defensa y protección de los derechos humanos, la fiscalía ha establecido una política de realizar acciones públicas de gran impacto mediático, pero sin ningún resultado contundente en las investigaciones sobre los hechos de la guerra sucia, prueba de ello, aseveran, es su tercer informe -del primero de agosto al 8 de noviembre de 2002- que menciona una gran cantidad de diligencias practicadas y múltiples cifras de otras acciones, que al final dicen muy poco sobre la efectividad que ese órgano ha tenido en la investigación de las desapariciones forzadas.

Asimismo, dichas organizaciones aseguran que la fiscalía no ha tipificado los delitos de desaparición forzada y tortura, y se ha dedicado ha investigar ilícitos como privación ilegal de la libertad, cuando éste es un delito común y la desaparición es "un crimen de Estado".

Manifiestan su preocupación por el hecho de que una vez concluidas sus indagaciones, al calificarlos como delitos comunes, se excluye la posibilidad de establecer la responsabilidad directa del Estado mexicano en la comisión de estas violaciones, además de que si se atienen a ese sustento "resulta altamente probable que muchos de los delitos denunciados se puedan considerar ya prescritos de acuerdo con el criterio que impera en el sistema penal mexicano, con lo cual la posibilidad de obtener una justicia integral queda prácticamente cerrada, y sería una burla para la sociedad y un agravio más para los familiares".