Luis Linares Zapata

El campo: los vaporosos acuerdos

El inicio de los trabajos para abordar la problemática del campo no pudo ser más sintomático de la improvisación, la cortedad de miras y hasta del capricho. El señor Usabiaga llevó a la inauguración de la primera mesa un conjunto de productores de los llamados nailon, respaldados por acarreados de su secretaría y de otras dependencias afines. Lo notorio en el accionar de ese funcionario y del acto comentado fue la ausencia de los que han formado el movimiento que viene manifestándose por la desesperada búsqueda de salidas a lo que en realidad conforma una crisis de grandes alcances, no sólo en lo económico, sino también en lo humano. Crisis cuya antigüedad, que por cierto se remonta cuando menos a 50 años, no la hace menos atendible y tampoco justifica la tardanza ni los titubeos públicos o los endebles mecanismos efectivos que este gobierno tiene instalados para su tratamiento.

Las señales que va emitiendo el Ejecutivo federal son vaporosas por decir algo, si no es que francamente menores o de inocua distracción para bajarle el fuelle a las protestas y dilatar una vez más la revisión integral que merece. Si los mensajes se toman como son lanzados desde Palacio se percibe una intención de menor calado a lo que el movimiento viene solicitando: un acuerdo nacional.

Pero a medida que transcurre el tiempo se va develando una problemática rural que no puede ser ignorada ni, menos aún, ninguneada mediante el conocido trasteo de "mesas de discusión" que culminen en un listado de intenciones ideales. Temas enunciados, sin duda, de "buena fe" para ser abordados en un futuro chicloso y siempre pospuesto. Mesas de aparente diálogo, que la Secretaría de Gobernación ha instalado tantas, sólo para prolongar al infinito de la inutilidad.

El acuerdo nacional solicitado se reclama como imperiosa necesidad. Se requiere para imaginar una solución efectiva a la crisis del campo, que es en realidad de la diversa ruralidad mexicana, y no es asunto sencillo.

Exigirá, de llegarse a tal acuerdo, la revisión profunda del modelo de gobierno al que se ha afiliado la actual administración de los gerentes. Un modelo que, bien visto, ha hecho agua en dos de sus vertientes constitutivas: el programa de privatizaciones y el consistente retiro del sector público de las actividades productivas, en este caso del rubro agropecuario. En las privatizaciones porque han sido detenidas justo ahí donde más duele, en la industria eléctrica y, por derivación, en las de los energéticos (gas y petróleo). Y en el campo, porque habrá que revertir la ruta marcada desde administraciones pasadas (tres o cuatro) en las que el gasto y la inversión públicos han disminuido de manera constante y pronunciada.

Vicente Fox y sus funcionarios auxiliares tienen que encontrar los mecanismos compensatorios y las medidas de autoridad eficaces, entre las que se cuenta hasta la revisión del TLC, para darle salida a lo que ya es una presión insostenible. Pero para dar el viraje que se menciona hacen falta recursos públicos, hace falta dotar al erario de los ingresos de que hoy carece.

La reforma fiscal entonces se presenta como la condición primera que sostendría a las industrias eléctrica y energética bajo control del Estado y fondearía los programas de apoyo al campo y a sus productores. Esta reforma, sin embargo, requiere para su formulación y paso por el Congreso de un acuerdo básico entre gobierno y sociedad mediante sus múltiples organismos: los partidos políticos, en primer término, sin soslayar las demás fuerzas activas en la nación.

Un acuerdo de gran aliento, similar al que celebraron los actores políticos y económicos de España (Moncloa) y que preparó, uno por uno, a los sectores productivos y al aparato público para enfrentar con la fuerza de su propio desarrollo la entrada al mercado europeo. Sin este requisito fiscal no se contará con el capital que financiará el crecimiento de la fábrica nacional de México ni se le hará frente a las insultantes disparidades sociales existentes.

El presidente Fox dice comprender, por sus directas vivencias, la angustiante situación del agro, de los ganaderos, de campesinos o pescadores. No se puede testificar todavía su traducción a hechos constatables, pero se le puede reconocer intencionalidad, aunque ya se han desgastado en exceso sus palabras y promesas. Lo que contará para adelante serán las realizaciones en forma de pactos, de energía canalizada para generar consensos, aprovechar las coincidencias, forzar encuentros para asumir responsabilidades, evitar las distracciones, concretar planes y pasar a la acción.

El equipo que lo acompaña poco ayudará, tiene una formación inconsistente con el viraje y la revisión del modelo de gobierno que habrá de darse. Tiene intereses diversos y escasa habilidad para sacar adelante tan compleja tarea. Pero de no hacerlo, los mecanismos compensatorios que el campo recibirá caerán muy por debajo de los necesarios para alejar la violencia, que ya asoma por todos lados, y para poner en marcha la economía nacional tan postrada por dos años de tironeada recesión.