Figuran Esteban Moctezuma y Silvia Hernández
Cinco priístas más deberán declarar sobre el Pemexgate
Ruiz de Teresa, Bucio y Rojas recibirían pronto citatorios
E. MENDEZ, G. CASTILLO GARCIA Y J. ARANDA
Los priístas Esteban Moctezuma Barragán, ex coordinador general de la campaña de Francisco Labastida y presidente de Fundación Azteca; Guillermo Ruiz de Teresa, ex coordinador de giras; Marcos Bucio Mújica, ex coordinador de comunicación, y los senadores Carlos Rojas Gutiérrez y Silvia Hernández deberán rendir declaración ministerial ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en la investigación que se sigue por el Pemexgate.
Los cinco priístas formaron parte del primer círculo de la campaña de Francisco Labastida Ochoa en 2000 y, de acuerdo con fuentes oficiales, estarían por recibir los citatorios correspondientes y algunos de ellos podrían comparecer incluso en calidad de indiciados.
Anoche la Procuraduría General de la República (PGR) no negó ni confirmó la especie. Uno de los que se menciona para ser llamado a declarar fue consultado sobre la versión y dijo que todavía no recibe citatorio de la Fepade.
En tanto, la Suprema Corte desechó por "notoriamente improcedente" la petición del PRI para atraer la demanda de amparo que interpuso este partido contra el Instituto Federal Electoral (IFE) a fin de que cese la investigación sobre el Pemexgate.
Por otra parte, fuentes de PGR admitieron que el juicio de extradición de Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, durará al menos dos años, pese a que las autoridades estadunidenses ya tienen copia del expediente en el que se acusa al coahuilense de peculado electoral.
Respecto al acuerdo del presidente del máximo tribunal, Mariano Azuela Güitrón, en la resolución se estableció que la petición (379/2003) interpuesta por el coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Miguel Angel Yunes, es improcedente.
En diciembre pasado, el PRI interpuso un amparo ante un juez de distrito en contra de la investigación que lleva a cabo el IFE por el presunto desvío de recursos de Pemex, por conducto del sindicato de la empresa, a la campaña de Labastida.
Una vez que el juzgado de distrito negó el amparo a los priístas, Yunes acudió a la Suprema Corte solicitándole que "por la trascendencia del asunto", ésta resolviera la procedencia o no del recurso, pero su petición no fue aceptada.
A su vez, funcionarios de la PGR precisaron que no se ha pedido formalmente la extradición de Montemayor a México por lo que hace a peculado electoral (delito por el que ya existe orden de aprehensión aquí), pues los fiscales estadunidenses quieren estar seguros de que la pesquisa mexicana tuvo fundamento.
Hasta la fecha las autoridades de ambos países intercambian información sobre el tema de manera extraoficial, pues se espera que el Departamento de Estado informe a la dependencia que dirige Rafael Macedo de la Concha que acepta demandar la extradición de Montemayor bajo el esquema de que no se trata de ninguna persecución de tipo político.
Para ello, indicaron, se ha mencionado una y otra vez, además de que así consta en la investigación, que en México existe el delito de peculado electoral y no tiene nada que ver con cuestiones políticas, sino que se relaciona con el desvío de dinero de una empresa paraestatal hacia labores proselitistas.
Montemayor enfrenta desde el 3 de mayo de 2002 una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, al haber firmado, según las investigaciones de la PGR, convenios con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana durante 2000, mediante los cuales la paraestatal transfirió mil 580 millones de pesos de manera ilegal a esa organización gremial.
Como se recordará, desde el 19 de enero de 2001 La Jornada dio a conocer el llamado Pemexgate; se informó que la PGR llevaba a cabo una investigación en la cual se había detectado que dinero de la paraestatal se utilizó ilegalmente para la campaña presidencial de Labastida.
A consecuencia de ello, en México Montemayor tiene dos órdenes de aprehensión en contra, la del 3 de mayo, y una segunda, del 4 de octubre, por peculado electoral, al encontrarse elementos que lo señalan como copartícipe en la desviación de 540 millones de pesos.
En Estados Unidos Montemayor sólo enfrenta un juicio de extradición -el cual comenzará hasta agosto próximo-, pero aún falta que México formalice otra petición en la materia por delitos electorales.
El ex director de Pemex permanece libre bajo fianza, condicionada a no salir del área metropolitana de Houston sin permiso de un juez, y está obligado a utilizar un dispositivo electrónico en un tobillo.
