Hace unas semanas, la PGJM informó a la madre que había indicios de homicidio

La procuraduría militar, a punto de dar carpetazo al caso de Raúl Vargas

La instancia castrense cambió de opinión; la señora Cortés dice que acudirá a la CIDH

JESUS ARANDA

La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) se apresta a dar carpetazo a la investigación sobre la muerte del subteniente Raúl Vargas Cortés -ocurrida el 20 de febrero de 1995 en la Base Aérea de Santa Lucía-, a pesar de la existencia de pruebas que demuestran que no se trató de un suicidio (como afirma la versión oficial), sino de un asesinato, que podría estar relacionado con el narcotráfico y con vuelos militares, de y hacia ciudades de Estados Unidos, en los que se transportaron al menos 45 toneladas de carga "desconocida".

De acuerdo con la madre de la víctima, María del Rosario Cortés García, en el expediente de la causa hay indicios que apuntan a la participación de altos mandos de la Fuerza Aérea en el homicidio de su hijo, en razón de que hay nexos entre la muerte de Raúl y una serie de vuelos del avión Boeing matrícula B727/100 10504, de septiembre de 1994 al 24 de febrero del año siguiente.

Ante la inminente declaración de la PGJM de que se dará por cerrado el asunto, la señora Cortés adelanta que interpondrá su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en busca de justicia.

Reveló en entrevista que, a pesar de que funcionarios de la procuraduría castrense le habían asegurado hace unas semanas que había indicios que apuntaban a que su hijo había sido asesinado, más tarde, se enteró de que la procuraduría que encabeza el general Antonio López Portillo ya adoptó una decisión totalmente contraria. Incluso, comentó, en la averiguación previa aparecen los nombres del general piloto aviador Arturo Villasana Castillo, de un general de apellido Noble Contreras, del coronel Enrique Ballín Osuna, del teniente coronel Miguel Vázquez Espinoza, del capitán Edgar Rodríguez Franco y de personal de tropa.

Su sospecha se fundamenta en que, en su calidad de comandante de del Servicio de Seguridad de las Instalaciones del Depósito de Abastecimientos Técnicos de la Fuerza Aérea, Raúl Vargas se habría enterado de actos ilícitos y lo mandaron matar.

Después de casi siete años de exigir justicia (porque cuando le informaron de la muerte de su hijo no le dejaron ver el cadáver, además de demostrarse posteriormente que el cuerpo no presentaba salpicaduras de sangre, que se le prestó auxilio médico de emergencia y que el cuerpo había sido encontrado en un lugar diferente a dónde presuntamente se escuchó la detonacion), la señora Cortés sostiene que su hijo fue torturado y que la procuraduría militar se niega a aceptarlo, porque ello involucraría a altos mandos del Ejército en actividades delictivas.

De otra manera, cuestiona, por qué en el expediente de la causa se hace referencia a los vuelos del Boeing militar B 727/100 10504, realizados los días 24, 25, 28 y 29 de septiembre de 1994, así como los días 12, 14, 24, 26 y 31 de octubre de ese año, los cuales se dirigieron a las ciudades de Dallas y San Antonio, con escala en Kansas City, transportando "carga desconocida" que suma más de 45 toneladas.

No sería la primera vez que se reporta que un alto mando del Ejército utiliza aviones de la Fuerza Aérea con fines ilícitos. En el juicio en que el fuero de guerra determinó que el general Francisco Quirós Hermosillo tuvo vínculos con el narcotráfico, el testigo protegido Gustavo Tarín Chávez declaró que en julio o en agosto de 1974 personal de guardia de la zona militar de Monterrey, Nuevo León, detuvo a un capitán de apellido Manzano, acusado de transportar mariguana en el avión Arabat de la Fuerza Aérea Mexicana, por instrucciones del general Quirós. Manzano habría sido liberado después de confesar entregas que le mandó el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes al general Quirós. Sin embargo, pese a que el alto mando tuvo conocimiento durante la administración del general Antonio Riviello Bazán de estos hechos, en aquel entonces no se inició proceso penal en contra de los involucrados.

Inexplicable que la procuraduría militar no investigue homicidio

Por otra parte, la señora Cortés cuestiona a la PGJM por no haber actuado en contra del general Francisco René Pedraza Longi, quien en 1995, siendo teniente coronel, fue el primer agente del Ministerio Público que investigó los hechos, debido a que, dijo, su actuación no sólo fue ineficiente y negligente, sino porque además, "alteró los hechos" para favorecer la teoría oficial del suicidio.

Como parte de las pruebas que no fueron valoradas -indica la señora Cortés- está la existencia de un presunto recado póstumo que habría dejado Raúl antes morir, cuya autenticidad nunca pudo ser demostrada.

Por si fuera poco, cuando la señora Cortés acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ésta solicitó el expediente de la causa a la PGJM. Aunque la CNDH no presionó a la procuraduría para que investigara a fondo los hechos, cuando se reabrió el expediente por órdenes de Vega García resultó que el expediente original había "desaparecido", y con él, fotografías y peritajes que eran fundamentales para demostrar la teoría del homicidio.

La PGJM y la CNDH alegaron que no tenían responsabilidad en los hechos, y aunque la procuraduría militar presentó una denuncia formal en contra de quien resultara responsable, a la fecha no se conoce ningún avance en la indagatoria.

Tan pronto seamos notificados oficialmente de la decisión de que se cierra el asunto por segunda vez, señaló la señora Cortés, "presentaré junto con mi abogada, Adriana Carmona López, la denuncia ante la CIDH, con la esperanza de que se realice una investigación que realmente quiera llegar al fondo del asunto y que no se detenga aunque se descubra la participación directa de altos mandos en el asesinato de mi hijo y en actos de corrupción".