A fines de diciembre pasado la Cámara de Diputados aprobó una partida de 475 millones de pesos para la atención y prevención del VIH/sida. Con esos recursos se garantizaba cobertura universal a todas las personas que viven con VIH/sida y quedaría un remanente para otras eventualidades. A un mes de esa decisión, tomada por el pleno de la Cámara, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública redujo esa cantidad a 375 millones.

Ahora el acceso a medicamentos, la especialización de unidades y médicos y las acciones de prevención dependerán de factores externos, como la estabilidad del peso frente al dólar, la voluntad de las farmacéuticas de mantener precios bajos en algunos medicamentos y reducirlos en otros, y del compromiso de los gobiernos estatales, que deben destinar recursos adicionales a los federales para cubrir los casos en sus entidades. Es cierto que se logró duplicar la partida original propuesta por el ejecutivo federal (167 millones), por lo que no se trata de regatearle el mérito a los legisladores, sobre a todo a los integrantes de las comisiones de Equidad y Género y de Salud y Grupos Vulnerables, pero al parecer la Comisión de Presupuesto no ha entendido que su papel no es dictaminar quién puede seguir con vida y quién no.

A la reducción del presupuesto se suman las oprobiosas listas de espera de personas que viven con VIH/sida en centros de salud federales y estatales, el desabasto de medicamentos en el IMSS e ISSSTE, así como los nuevos casos de desincorporación del IMSS, que se prevé sigan aumentando. Todo esto da como resultado un cóctel, sin antirretrovirales, cuyas consecuencias son, literalmente, mortales. El desafortunado regateo de los recursos sólo posterga una solución largamente buscada y obliga penosamente a las personas con sida y sin tratamiento a esperar ocupar un lugar vacante dejado por el deceso de uno de sus semejantes como la única manera de acceder al tratamiento.