Atenderá la demanda contra EU por la pena de muerte dictada a 54 mexicanos

Designa Tlatelolco a Bernardo Sepúlveda juez ad hoc ante la Corte de La Haya

El ex canciller mexicano Bernardo Sepúlveda Amor fue designado juez ad-hoc ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el proceso de demanda que el gobierno de México interpuso contra Estados Unidos por la violación de los derechos de 54 mexicanos sentenciados a muerte en ese país.

El 9 de enero pasado, el gobierno de México presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia para que se revise el caso de 54 mexicanos condenados a muerte, cuyo proceso judicial omitió informar a las autoridades consulares mexicanas de su sentencia, como establece la Convención de Viena.

El derecho de información sobre asistencia consular se encuentra previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que México y Estados Unidos son parte.

Dicha disposición establece que, en caso de detención de extranjeros, las autoridades locales deberán informar a los detenidos, "sin dilación" de su derecho a comunicarse con la representación consular de su país de origen.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de México designó a Sepúlveda Amor como juez ad-hoc, por lo que tendrá los mismos derechos y obligaciones que los jueces permanentes.

La figura de juez ad-hoc, prevista en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, faculta a los estados que lleven causas ante la corte para nombrar a una persona de su elección a fin de que participe en calidad de juez en la tramitación de dichas causas.

Ese derecho se ejerce en los casos en que la corte no cuenta con jueces de la nacionalidad de algunas de las partes en litigio.

Bernardo Sepúlveda Amor es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas y, además de canciller, fue embajador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El 21 de enero pasado se inició el proceso interpuesto por el gobierno de México, cuyo principal objetivo es que la corte se pronuncie respecto al incumplimiento por parte de distintas autoridades estatales y municipales de Estados Unidos en su obligación legal prevista en la Convención de Viena.

La presentación de esta demanda se basa en un precedente, en el que hace 18 meses la Corte Internacional de Justicia encontró que Estados Unidos no había cumplido con sus obligaciones con Alemania, cuando en 1999 el estado de Arizona ejecutó a Karl y Walter LaGrand, dos ciudadanos alemanes, sin informar a las autoridades consulares.

De acuerdo con la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, 17 ciudadanos extranjeros han sido ejecutados desde 1993 en Estados Unidos y en ninguno de esos casos las autoridades consulares fueron notificadas de los arrestos.

AGENCIAS