El ex comisionado de la PFP podría solicitar un amparo
Orden de reaprehensión contra Robledo Madrid
JESUS ARANDA
El tercer tribunal unitario en materia penal ordenó al juzgado undécimo de distrito que emita una orden de reaprehensión en contra del ex comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, y de Vicente Ernesto Pérez Mendoza, ex coordinador de Administración de Servicios de la dependencia, por el delito de ejercicio indebido de funciones.
Sin embargo, por tratarse de un delito no grave, Robledo y su ex colaborador podrán solicitar un amparo ante las instancias correspondientes para seguir su proceso en libertad.
La acción legal en contra del vicealmirante Robledo y su ex colaborador está relacionada con la compra de un avión para la PFP que tenía un costo de 920 mil dólares, pero que al no haber sido entregado en tiempo y forma, la dependencia aplicó una multa de 27 mil dólares, cantidad que fue demostrada por el comisionado, por lo que se inició proceso penal en su contra, ya que ambos funcionarios habrían cometido ejercicio indebido de funciones.
De acuerdo con la resolución del tercer tribunal unitario con sede en el Distrito Federal en su foja 62/2002-III -dictada el 6 de enero pasado-, de esta manera fue revocado el fallo del juzgado undécimo de distrito en materia penal que el pasado 17 de octubre de 2002 había negado al Ministerio Público la orden de aprehensión correspondiente al considerar que no había elementos suficientes para ello.
Cabe señalar que Robledo Madrid -quien se encuentra adscrito a la Primera Zona Naval a disposición del alto mando, luego de que no fue ascendido a contralmirante en la última promoción de la Armada- ya quedó libre por otros presuntos ilícitos de los que fue acusado por el actual secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, quien denunció ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y posteriormente ante la Procuraduría General de la República, al ex comisionado por la presunta compra irregular de nueve helicópteros y seis aviones para la PFP, con un costo superior a los 150 millones de pesos.
Los tribunales federales le dieron finalmente la razón al ex comisionado de la PFP, con el argumento de que esas adquisiciones, por tratarse de compras de material y equipo de seguridad nacional, pueden llevarse a cabo sin cumplir la normatividad de licitaciones que establece la propia Secretraría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
