Nora Patricia Jara

El amoral caso de Ruta-100

July y su familia viven desde hace diez años en la zona de Plateros, en el sur de la ciudad de México. Su departamento tiene vista al Periférico y cada día observa la construcción del distribuidor vial de San Antonio con la esperanza de que esta vez no se equivoquen, que sea seguro y sirva para reordenar la afluencia de transporte y vehículos en la zona.

Aunque su tranquilidad ha sido alterada por el ruido que origina la obra, la que se realiza 24 horas al día y amenaza con convertirse en el inicio del segundo piso al Periférico y Viaducto, dice ser optimista ante la posibilidad de aligerar el tránsito vehicular que se genera ya casi a cualquier hora del día en los cruces y salidas de la supuesta vía rápida.

Ella sabe que no es lo ideal, que vivir frente a un segundo piso puede modificar no sólo la visibilidad urbana, también incrementar los índices de contaminación por ruido y partículas suspendidas, además de convertirse en lugar propicio para la criminalidad; sin embargo, es su hogar y tal vez como muchos otros ciudadanos miran con resignación que aún no existe una política de transporte en el Distrito Federal como alternativa.

Hasta ahora ningún gobierno local, ni priísta ni perredista, ha podido proponer una plan rector de ordenamiento del transporte público; tenemos un transporte anárquico, sin imagen institucional y sujeto a todo tipo de intereses.

El último organismo descentralizado que cohesionó al transporte de la capital y que debido a la corrupción de sus líderes y gobiernos en turno terminó en quiebra fue Autotransporte Urbano de Pasajeros Ruta 100.

La quiebra se decretó por un juez de lo concursal el 8 de abril de 1995, alrededor de 12 mil trabajadores fueron despedidos, y pese a que argumentaron invasión de esferas de orden público al fincarse la desaparición de la fuente laboral como un asunto de carácter mercantil, siendo una empresa de servicio público, han perdido todos los recursos legales hasta ahora interpuestos.

La quiebra la declaró la misma empresa luego de dividirse el Sindicato Unico de Trabajadores de R-100, gremio que se constituyó el 17 de marzo de 1982 y que para 1995 se había transformado en un movimiento proletario independiente con alcance nacional a través de su influencia con redes de trabajadores en todo el país. Meses posteriores a la disolución, cientos de trabajadores salieron a las calles de esta ciudad, participaron en más de 300 marchas y buscaron todo tipo de métodos para sobrevivir, desde el tradicional boteo hasta la venta de chicles.

Pedían su reinstalación. La presión sentó a los líderes con las autoridades para dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas, las partes pactan el 72 por ciento de su liquidación, tres meses de salario, aguinaldo, vacaciones y prima de antigüedad, y el compromiso de que el gobierno de Oscar Espinosa Villareal otorgaría permisos y concesiones para la creación de sociedades mercantiles que operarían el transporte.

Así surgen tres empresas: Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, Autotransportes Urbanos 17 de Marzo y Servicio de Transportes y Taxis, sociedades anónimas formadas con aportaciones voluntarias de trabajadores, que arriesgaron hasta el 90 por ciento de capital, cuotas que se calculan en 316 millones de pesos.

A fines de 1996 las empresas comienzan su fusión y en dos años más no aparecen los estados financieros, por lo que un grupo reducido de sindicalizados, entre choferes, técnicos y administrativos, deciden pedir cuentas al asesor financiero Arturo Mendoza Larraguibe, ex empleado de Banca Serfin, quien obtuvo el apoyo de Ricardo Barco, entonces asesor político y laboral del gremio.

Casi dos mil inconformes son despedidos; se quejan de despojo y culpan a Barco: llegan a tomar el Zócalo el 6 de julio de 1998.

El primer gobierno democrático de la ciudad, con la mediación de Alejandro Encinas, intenta parcialmente terminar con el conflicto que se dirime en la esfera laboral y jurídica, y que ha dejado un saldo de más de 600 desocupados que apenas sobreviven y otros ya han muerto en la pobreza.

Actualmente ya no hay presos por el enfrentamiento, pero con el tiempo se diluyen reclamos y se olvidan los agravios que le costaron la vida a involucrados y juristas.

Los líderes sindicales se protegieron como siempre y ganaron posiciones políticas, además de administrar, junto con sus hijos, las empresas, mientras los disidentes fueron llamados para su recontratación apenas el 7 de enero de 2003, estrategia que se considera favorable de la empresa y que demuestra el tortuoso y al parecer interminable camino que siguen los sobrevivientes de este legal pero amoral conflicto.