Francisco López Bárcenas
El derecho en tiempos de mercado
Según los recientes acontecimientos, el año que comienza no sólo será el de la ira y la protesta de los excluidos por el deterioro de sus condiciones de vida, sino también el de la exacerbación de los ánimos por los desmedidos intereses de los poderosos, a quienes no les interesa regir sus actos a las reglas del derecho, porque para ellos las únicas leyes válidas son las del mercado. En su caso, intereses y derechos no son cosas distintas, son lo mismo; no importa que los intereses de unos cuantos atenten contra los derechos de las mayorías.
Varios hechos así lo confirman. Uno es la toma de las instalaciones de CNI-Canal 40 en el cerro del Chiquihuite por personal de Tv Azteca. Más allá del diferendo por el cumplimiento o no de un contrato, están la Constitución y las leyes reglamentarias en la materia, a las cuales debieron sujetar sus actos para hacer valer sus derechos. Pero no lo hicieron y violentaron así varios preceptos constitucionales: uno que garantiza que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; otro que va más allá que el anterior y extiende la protección contra cualquier acto de molestia en la persona, familia, posesiones o derecho, en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y uno último que tajantemente prohíbe que alguna persona pueda hacerse justicia por sí misma o ejercer violencia para reclamar su derecho.
Por la forma en que actuaron quienes hicieron valer un derecho presuntamente violado, por propia mano, tal parece que no saben que existe una Constitución que obliga a todos, y si la conocen les pareció que ellos no tenían por qué ajustar sus actos a lo que aquélla establece. Pero el problema no termina ahí. La realidad es que la toma de las instalaciones de CNI-Canal 40 fue visible porque se trata de un medio de comunicación que se encuentra en constante contacto con un amplio sector de la sociedad mexicana, y también porque el conflicto entre Tv Azteca y CNI-Canal 40 no es un asunto de lucha de clases, como solía calificarse hace años a los asuntos de los poderosos contra los débiles, sino una controversia entre grupos pertenecientes a la clase empresarial en la lucha por el mercado, aunque uno de ellos intente vender información y otro simplemente basura.
Desgraciadamente la toma de justicia por propia mano no es excepción en nuestro país, donde la ley no es regla general que se aplica a todos los casos sino una norma que se negocia de manera discrecional en cada caso específico, de acuerdo con los intereses en juego; más cuando son los excluidos quienes reclaman a los poderosos el respeto de su derecho. Para corroborar lo anterior bastaría echar una mirada al campo y ver la cantidad de resoluciones presidenciales y de los tribunales sin ejecutar; invasión de tierras ejidales y comunales sin que las autoridades hagan algo por restituir el derecho violado; en las cárceles presos sin delitos, sólo por defender el patrimonio de sus pueblos, o indígenas procesados sin saberlo porque fueron juzgados en una lengua que les es ajena, sin que importe que tengan el derecho a traductor o intérprete; en el mundo laboral laudos de reinstalación o indemnización de trabajadores a quienes nadie toma en cuenta porque el capital puede más que las leyes.
Si la injusticia antes era un asunto privativo de los desposeídos, el mercado ha logrado que ahora ya no lo sea, porque no sólo ellos están expuestos a sufrirla. Eso es lo preocupante: que en lugar de terminar el fenómeno se agrande, y comience a alcanzar a quienes antes la promovían, porque de esa manera protegían sus intereses a costa de los derechos de otros. Alegrarse de esta situación sería insensato. Lo prudente es volver la vista al problema y ver sus causas profundas para remediarlo. Reformar las instituciones encargadas de impartir justicia se vuelve un imperativo para construir un nuevo estado de derecho, democrático, social y multicultural. Es una tarea pendiente que deberá impulsarse desde la sociedad civil, porque desde el gobierno corremos el riego de que nos sigan respondiendo: Ƒy yo por qué?
