Fuentes de PGR cuestionan la difusión del hecho por el subprocurador Campos

Los militares descubrieron el caso de extorsión de la FEADS en Tijuana

Un indicio de sospecha dio pie a la movilización que frenó el intento de corrupción

JESUS ARANDA Y RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL

El descubrimiento y detención de siete integrantes de la Procuraduría General de la República (PGR) que pretendían extorsionar a dos narcotraficantes que habían sido detenidos con 4.85 toneladas de mariguana en Tijuana, fue gracias a la intervención de agentes de inteligencia militar, quienes descubrieron que un soldado que había sido comisionado para indagar los hechos, había sido retenido en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) en esa ciudad.

Confirmaron lo anterior fuentes de la PGR, las cuales cuestionaron la forma en que esta dependencia ha tratado el asunto ante los medios de información, pues el subprocurador C, Jorge Campos Murillo, declaró que "por el momento" la procuraduría deslinda de los hechos al titular de la FEADS, Estuardo Mario Bermúdez Molina.

Trascendió que tanto la declaración de Campos como los comunicados previos emitidos por la dependencia dejaron ver una presunta responsabilidad de Bermúdez Molina, siendo que él se encarga de ordenar la aplicación de la normatividad trazada por el procurador, general Rafael Macedo de la Concha -en este caso la orden de que los agentes de la FEADS estén en constante coordinación con el delegado de la PGR del lugar-; sin embargo, no se ha dicho nada sobre los dos encargados de vigilar la actuación de los agentes antidrogas -ambos militares-, quienes acuerdan directamente con Macedo de la Concha y prácticamente están al nivel de Estuardo Mario Bermúdez.

Ellos son el coordinador del Centro Nacional para el Control de Drogas (Cendro), Carlos Fernando Luke, y el coordinador de Operaciones, José Rubén Rivas Peña. Ambos son los encargados directos de planear, detectar y decomisar droga, pero la PGR no se ha referido a ellos.

Actitud sospechosa

Respecto al operativo en que participaron elementos del 28 batallón de infantería, trascendió que inteligencia militar detectó el pasado viernes una actitud sospechosa en las instalaciones de la FEADS en Tijuana, a donde fueron llevados los presuntos narcotraficantes Otoniel y Jaime Díaz García y las 4.85 toneladas de mariguana que les habían sido decomisadas.

"De suyo el hecho de que los detenidos y la droga fueran trasladados a la subdelegación de la FEADS era ya un ilícito, porque los agentes tienen la obligación de remitir de inmediato al Ministerio Público Federal a quienes cometen un delito", indicaron los informantes, quienes añadieron que hay una regla no escrita de que todo cargamento de droga debe ser trasladado a instalaciones del Ejército para que sea resguardado mientras el Ministerio Público decide su destrucción, cosa con lo que tampoco cumplieron los efectivos de la dependencia que encabeza el general Macedo de la Concha.

Al descubrir que además de estas irregularidades su compañero había sido detenido, los militares dieron parte a la comandancia militar en Tijuana, la cual informó al alto mando de la Defensa Nacional. Fue entonces cuando el procurador Macedo de la Concha tuvo conocimiento de los hechos y estuvo de acuerdo en la toma de la subdelegación de la FEADS.

De inmediato se trasladaron efectivos militares en cuatro camiones al lugar; al ver los agentes de la FEADS que estaban en inferioridad numérica decidieron entregarse. Así fueron detenidos el comandante José Miguel Uribe y los agentes Luis Alberto Tadeo Alvarez, Alfonso Medina Bautista, Alejandro García Flores, Marco Antonio Reyes Díaz, Guadalupe Jacquelín Muñiz Cabrera y Verona Elizabeth Lizárraga Aguilar, quienes habrían pretendido extorsionar a los dos narcotraficantes con más de 2 millones de dólares, a cambio de dejarlos escapar y regresarles la droga.

Por otra parte, después de que desde el año pasado el general Macedo de la Concha había girado instrucciones de que los agentes de la FEADS se subordinaran operativamente a las delegaciones de la PGR del lugar, y de que el pasado 6 de enero repitió esa orden, fuentes de la dependencia confirmaron que Bermúdez Molina se entrevistó el pasado lunes con Macedo de la Concha para mostrarle los oficios en los que había ordenado el cumplimiento de la normatividad a sus agentes.

De acuerdo con esta versión, la probable responsabilidad de Bermúdez Molina se limitaría al ámbito administrativo; sin embargo, las declaraciones del subprocurador Campos Murillo, de que "hasta el momento" se deslindaba de la actuación de los agentes en Tijuana al fiscal de la FEADS, fueron calificadas de "torpes" o de plano, que fueron hechas con mala intención para golpear a Bermúdez.

En este sentido, fuentes de la dependencia reconocieron que la restructuración próxima de la dependencia y la emisión de un nuevo reglamento de la PGR, en el que se prevé la desaparición de la FEADS y la creación de una "súper" subprocuraduría (que se encargará de la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, piratería y lavado de dinero), ha generado un golpeteo entre los que aspiran a ocupar ese cargo, y que en ese sentido la forma en que se ha manejado la información y las "desafortunadas" declaraciones de Campos Murillo parecen estar dirigidas a golpear a uno de esos candidatos, que sería Bermúdez Molina.

Después de los hechos del pasado viernes, Macedo de la Concha ordenó a las 30 subdelegaciones de la PGR que se integren físicamente a las delegaciones estatales. En este sentido, personal de la FEADS en Ciudad Juárez, Chihuahua, abandonó el inmueble que ocupaba.

Sobre los hechos se conocieron dos versiones: a) que los agentes se habían incorporado y puesto a las órdenes de la delegación de la PGR en el lugar y que por eso, el edificio había sido desocupado, y b) que habían abandonado el lugar "por temor a una intervención de las oficinas, similar a la que hizo el Ejército en Tijuana".