Organismos civiles presentan denuncia; exigen política de protección a activistas

Amenazan de muerte a defensor de los derechos humanos en Chiapas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 12 de enero. Los principales organismos no gubernamentales (ONG) que laboran en las zonas indígenas de Chiapas denunciaron las amenazas de muerte recibidas por Ernesto Ledesma, director del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales (Capise), y el allanamiento en días pasados de las oficinas de éste. Los observadores civiles que trabajan en esta ciudad temen que se trate de un signo más de recrudecimiento de la guerra de baja intensidad en la región.

Capise es una asociación civil dedicada a la investigación y denuncia de violaciones a los derechos humanos. Como señala un comunicado del organismo divulgado ayer, entre los asuntos que analiza se cuentan aquellos "que se relacionan con el funcionamiento y el actuar de las fuerzas armadas y grupos paramilitares y/o armados dentro de las comunidades indígenas de Chiapas".

La denuncia conjunta de las ONG refiere que el primer evento de hostilidad sucedió el 18 de noviembre de 2002 por la noche, cuando "al regresar a su casa, Ledesma se percató de un fuerte olor a gas, y comprobó que dos perillas de la estufa habían sido abiertas y la ventana de la cocina estaba cerrada, siendo que ese día él no utilizó la estufa y cuidó antes de salir de abrir la ventana de la cocina".

El siguiente episodio sucedió el primero de enero del presente año, estando Ledesma en su domicilio en compañía de varios familiares. A las 3 de la mañana sonó el teléfono y una voz masculina dijo: "Te vamos a matar, hijo de puta", y colgó. Por el identificador de llamadas se pudo determinar que se utilizó un teléfono público.

Dos días después, el 3 de enero, al llegar a la oficina de Capise, alrededor las 10 horas, el propio Ledesma encontró la puerta entreabierta, y en el interior no se encontraba ninguno de los miembros de la organización, únicos que poseen llave.

"Hasta el momento no se ha detectado si algo fue sustraído de la oficina, lo cual hace pensar que el móvil de esta acción no era el robo", agrega la denuncia, firmada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Enlace Civil, Sicsal, Melel Xojobal, Cideci, Laneta en Chiapas, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, Alianza Cívica Chiapas, Centro de Derechos Indígenas, Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, Edupaz, Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, Sipaz y Desmi.

Sin garantías

Las ONG apuntan: "la falta de garantías de seguridad para el trabajo de las y los defensores de derechos humanos en el estado y en el país no es una situación nueva, y pese a los discursos de buena voluntad de los actuales gobiernos, estos actos repudiables se siguen dando y se mantienen en la impunidad; cabe recordar sólo como ejemplo la muerte de nuestra compañera Digna Ochoa".

Las organizaciones hacen responsables a los gobiernos federal y estatal "de la seguridad e integridad del compañero Ernesto Ledesma, su familia y demás miembros de Capise.

"Exigimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que se investigue a fondo y en breve presente resultados contundentes e irrefutables sobre los responsables de estos actos repudiables. Exigimos cesen las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Chiapas y en el país."

Los miembros de Capise han participado anteriormente en agrupaciones como la Red de Organizaciones Civiles Todos los Derechos Para Todos, el Centro de Derechos Humano Fray Bartolomé de las Casas y Global Exchange (donde Ledesma fue director del Programa Chiapas).

Capise relaciona estas amenazas "con los innumerables casos de hostigamiento que las organizaciones civiles en México, pero particularmente en Chiapas, han sufrido en los últimos años".

Por lo anterior, el organismo interpuso la denuncia penal AL40/026/03-01 ante el Ministerio Público de la Zona Altos de la PGJE. Asimismo, demandó "una investigación seria y expedita para localizar, procesar y castigar a los responsables de estos hechos; una política de protección a los defensores de derechos humanos en Chiapas, así como medidas de protección para Ernesto Ledesma y el Capise".