Ambos partidos se atribuyen el proyecto que se analizará en San Lázaro

Altercado entre PAN y PRD por plan para limitar sueldos de funcionarios

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ SILVA

Los sueldos exagerados que perciben funcionarios federales, estatales y municipales en el país propiciaron un desencuentro de opiniones entre legisladores de PAN y PRD, quienes se atribuyeron la paternidad de la iniciativa para regular las remuneraciones de los funcionarios públicos.

A tal grado llegó ayer la discusión en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que los perredistas recordaron montos exorbitantes hasta por 400 mil pesos mensuales que se embolsó un alcalde panista. La réplica de los legisladores del blanquiazul no tardó y acusaron a una diputada perredista de encabezar el movimiento en San Lázaro para lograr un fondo de retiro por más de un millón de pesos al concluir la presente Legislatura.

El coordinador de los diputados del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, subió a tribuna para recordar que el 20 de febrero del año pasado presentó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 73, 75, 115 y 127 para establecer los criterios mínimos en la asignación de sueldos y emolumentos de los servidores públicos.

"Permitirá la revisión de cuentas y podrá evitar los casos de abuso, porque sugiere los criterios bajo los cuales deben regirse los sistemas de remuneración y las sanciones que en su caso se apliquen por incumplimiento".

Fundamentalmente la propuesta del legislador del PAN se centra en que ninguna remuneración de los servidores públicas deberá ser superior al monto máximo autorizado en el presupuesto federal para la remuneración del Presidente de la República, porque éste ejerce la función de jefe de Estado y de ningún modo se justifican sueldos más altos para otros funcionarios.

Después subió a tribuna el diputado del PRD Ramón León Morales, quien presentó una iniciativa para regular, también, las remuneraciones de los funcionarios públicos. El legislador consideró que en la actual administración federal se ha generado una cultura de crecimiento para los salarios de los funcionarios públicos.

"Es una gran injusticia del mundo salarial privado y se ha ido convirtiendo en una especie de ideología oficial. Si bien desde la época del régimen priísta tal diferencia ya se daba y eran frecuentes los ingresos adicionales ilícitos, con la llegada del panismo dicha desigualdad salarial se ha acentuado. De hecho, desde la Presidencia de la República se estimuló el aumento salarial de los altos mandos. Así se inauguró este gobierno acentuando la desigualdad; así el salario del Presidente llegó hasta 230 mil pesos mensuales, señaló.

"El caso más vergonzoso fue el del también panista alcalde de Ecatepec, quien llegó a cobrar 420 mil pesos mensuales, pero también se inscriben en este listado los sueldos de los diputados locales del Congreso de Baja California, de mayoría panista, con 108 mil pesos al mes, superior a los diputados federales. Otro caso conocido es el del edil de Tultitlán, con un ingreso anual de 213 mil 576 dólares, 46 mil 579 dólares más que el primer ministro inglés Tony Blair. Dicho alcalde cobra 183 mil 500 pesos al mes".

León Morales criticó la actitud de los panistas y les pidió voluntad y no sólo discurso. Les recriminó el doble lenguaje y señaló que no basta con los llamados a la cordura, porque "la exigencia del más mínimo decoro no ha sido suficiente para no lucrar con las percepciones que algunos servidores públicos se han otorgado; es necesario establecer en la ley la exigencia de que las percepciones no sean arbitrarias ni abusivas".

Posteriormente se abrió paso a la lectura de comunicaciones en la tribuna de la Comisión Permanente, no obstante, el diputado panista Julio Castellanos recordó que el coordinador de su bancada, Felipe Calderón, presentó primero la iniciativa para regular los sueldos de los servidores públicos y con el antecedente de la crítica a sus correligionarios arremetió contra el PRD: "sin menoscabo es pertinente que la Constitución faculte al Congreso para establecer por medio de la ley los lineamientos a los cuales debe sujetarse toda percepción pública. La ausencia de esta facultad afecta a funcionarios públicos emanados de todos los partidos políticos, de los tres poderes de gobierno y de los tres poderes de la Unión; baste señalar el penoso intento encabezado por la diputada Petra Santos, del PRD, para obtener el pago de un bono de marcha por un millón 250 mil pesos a diputados de esta legislatura".

Así, los señalamientos del PAN y del PRD quedaron en el cajón de las anécdotas y lo único válido es que las iniciativas de Felipe Calderón y Martí Batres se encuentran en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis, posterior dictamen y finalmente llevarlas a votación.