Sobrevuelos y patrullajes de la séptima Región Militar en el 9Ɔ aniversario de la insurrección

Moviliza tropas el Ejército por el inicio de la celebración zapatista

La "defensa del interés ambiental", argumento oficial para emprender desalojos en Montes Azules

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 30 de diciembre. Tres intentos de desalojo en Montes Azules y regiones circundantes en el fondo de la selva lacandona marcan el año político del foxismo en Chiapas. Eso es lo más parecido a una "respuesta" (así sea en sentido negativo) a las demandas de la rebelión indígena de Chiapas, que hoy cumple nueve años sin resolverse.

Tres regímenes federales sucesivos han llevado adelante la misma guerra de baja intensidad, que se basa en la militarización abrumadora de la región y el aliento mal simulado a la violencia "intercomunitaria"; antes fueron, entre otros, Paz y Justicia en la zona norte y los paramilitares de Chenalhó; hoy son la Opdic y sus derivaciones priístas en el norte de Ocosingo, donde funcionan como "base social" de la militarización.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los municipios autónomos de sus bases de apoyo siguen en rebeldía. Cuando se mueven y cuando se están quietos, cuando hablan y cuando callan, los indígenas zapatistas de Chiapas están en resistencia. Apenas ayer, el subcomandante Marcos anunció que el EZLN apoyará "totalmente" a las comunidades amenazadas: "Es bueno que lo sepan todos y con tiempo: en el caso de los pueblos zapatistas no habrá desalojo pacífico".

Las autoridades ambientales del gobierno federal (y por su conducto las judiciales y las fuerzas armadas), mostrando una obediente sensibilidad hacia los reclamos y exigencias de los inversionistas internacionales interesados en la selva, cierran el año con elocuencia: las demandas de los rebeldes chiapanecos, que ha hecho suyas el movimiento indígena nacional, vuelven a quedar para luego. Los reclamos del capital (hotelero, industrial, bélico) merecen, en cambio, respuesta expedita.

Tras el parapeto de un pequeño grupo de ejidatarios lacandones, "dueños" de una vastedad que desconocen, el gobierno federal inició su primero negada y luego súbitamente anunciada "recuperación" de la reserva de la biosfera el pasado 19 de diciembre en el asentamiento Lucio Cabañas, al sur de Montes Azules. La Profepa envió al éxodo a un grupo de familias choles que llevan cuatro años y tres exilios huyendo de la pobreza, la violencia paramilitar y la guerra de baja intensidad. Además resulta que los indígenas son "ecocidas".

Las autoridades ya intentaron los desalojos en febrero y marzo, con la Policía Federal Preventiva por delante, pero la resistencia autónoma y la protesta internacional detuvieron los inminentes operativos en el municipio rebelde Ricardo Flores Magón. Posteriormente, en agosto, una ofensiva de corte paramilitar "ensayó" un escenario de desplazamiento por problemas "intercomunitarios". Finalmente, la penúltima semana del año que termina, la Profepa, la Armada y el Ejército efectuaron abiertamente el primer desalojo en Montes Azules.

Ahora, una semana después del operativo policiaco y militar en Lucio Cabañas, por primera vez desde tiempos de Albores y Zedillo el propio Ejército anuncia (y reconoce) una movilización suya. Ayer se supo de sobrevuelos y patrullajes terrestres sobre las comunidades en resistencia, no por denuncia de las propias comunidades o los centros de derechos humanos, sino porque así lo hizo saber la séptima Región Militar.

Las versiones castrenses argumentan que esta acción "de vigilancia" obedece a una movilización de los civiles zapatistas. O sea, helicópteros, tanquetas, aviones, batallones y ametralladoras porque los indígenas van a hacer fiesta.

ƑEs nerviosismo o nueva escalada? La guerra encubierta contra las comunidades no cede. El pasado agosto cobró impunemente las vidas de cuatro campesinos tzeltales, bases de apoyo del EZLN, en episodios fabricados en diversas comunidades. En Amaytik fueron asesinados Lorenzo Martínez Espinosa y Jacinto Hernández Gutiérrez por priístas de la misma comunidad. A su vez, Antonio Mejía murió a manos de la banda de Los Aguilares en las afueras de la comunidad K'an Akil. Anteriormente, José López Santiz había sido baleado en Seis de Agosto. Los asesinos están identificados (y libres) en todos los casos.

Los ataques de la Opdic

Con curiosa sincronía, entre julio y septiembre la priísta Organización por la Defensa Indígena y Campesina (Opdic), desde los alrededores de Montes Azules realizó diversos ataques de corte paramilitar contra comunidades como La Culebra, Arroyo Granizo, San Jerónimo Tulijá y Nuevo Guadalupe (Quexil), en los municipios autónomos Ricardo Flores Magón y San Manuel.

Todo esto, en el perímetro de la codiciada reserva de la biosfera. En los "intentos" de marzo y de agosto se buscaba penetrar Montes Azules por el norte de Ocosingo. Este diciembre, por el sur del municipio Maravilla Tenejapa (creado por Roberto Albores), en la frontera con Guatemala, donde se localizan los municipios rebeldes Libertad de los Pueblos Mayas y Tierra y Libertad.

El anuncio oficial es que allí "se aplicará el estado de derecho" contra comunidades indígenas "invasoras"; las mismas palabras han empleado los sucesivos gobiernos para perseguir a los rebeldes. Después de la matanza de Acteal, el ex gobernador interino Roberto Albores Guillén se la pasó "aplicando el estado de derecho" contra los municipios autónomos, con los resultados mundialmente conocidos (numerosos muertos, miles de desplazados, decenas de presos políticos entre 1998 y 1999).

La justificación hoy es otra. El "imperio de la ley" que se persigue es caracterizado como "de interés ambiental" en "defensa de un recurso de la humanidad" (que incidentalmente, también es el lugar donde han vivido y creado civilizaciones durante más de dos milenios los mismos pueblos mayas que hoy se pretende desalojar por la fuerza; se amenaza incluso con encarcelar a los irreductibles).

El discurso gubernamental puede cambiar, pero la estrategia del cerco militar y la contrainsurgencia no se detienen. El incumplimiento gubernamental sólo adopta nuevas apariencias. Termina 2002 con un "recalentamiento" represivo del conflicto en la selva Lacandona, los Altos y la zona norte de Chiapas, en los que están resultando los "quince minutos" más largos de la historia.