Hubo resoluciones con prisión preventiva para autores de delitos de lesa humanidad

Este año se avanzó en la lucha contra criminales de la dictadura argentina

Los juicios por la verdad permitieron la detención de militares y policías torturadores

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 26 de diciembre. A pesar de que la crisis de Argentina desvió la atención sobre temas claves de derechos humanos, este año hubo algunos avances y continúan las resoluciones judiciales con prisiones preventivas para numerosos responsables de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983). La falta de voluntad política de los gobiernos de la región para terminar con la impunidad convierte la acción de los defensores de derechos humanos por ver cumplidas sus demandas en un diálogo de sordos. El 8 de diciembre pasado los familiares de los argentinos ejecutados durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y de la ciudadana mexicana María del Rosario Avalos, demandaron nuevamente al gobierno chileno una respuesta a su presentación judicial en el vecino país.

En la querella criminal interpuesta el 4 de diciembre de 2000, Ernesto Lejderman Avalos pide castigo para los responsables del asesinato de sus padres, María del Rosario Avalos y Bernardo Mario Lejderman, ejecutados el 8 de diciembre de 1973. En 1991 la justicia chilena investigó el hecho, que fue documentado como un asesinato "a mansalva", pero luego la presión de las fuerzas armadas desvió el proceso y todo terminó archivado. Entre los implicados estaba el general Mario Larenas Carmona, que precisamente llegó a ese grado en 2001, cuando ya estaba interpuesta la acusación.

También desde Argentina, las autoridades de las Universidades de Buenos Aires, La Plata, y San Martín demandaron al presidente de Uruguay, Jorge Batlle, una respuesta sobre la desaparición de María Claudia Irurueta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman, secuestrada cuando estaba embarazada junto con su esposo Marcelo Gelman, en 1976, en Buenos Aires. María Claudia fue trasladada a Uruguay en el marco de la Operación Cóndor de coordinación represiva en el Cono Sur, donde después de dar a luz a una niña fue desaparecida.

Félix Schuster, decano de filosofía y letras, sostiene en una carta firmada por otros rectores que María Claudia fue condenada a "una doble muerte ignominiosa", al no tener una sepultura pública, y que esperan que el presidente Batlle comparta "nuestra idea de que este caso individual se inserta en una causa colectiva y en una deuda mayor de nuestras sociedades por tratarse de heridas nacionales, de tajos en la memoria cívica que cuestionan la identidad de los pueblos si no cicatrizan".

Pero Batlle tampoco ha respondido a las solicitudes judiciales de Argentina en el caso de militares de ese país, procesados aquí por su participación en el secuestro y traslado de prisioneros uruguayos y en acciones conjuntas en Argentina.

También este año fue detenido en Barcelona el argentino Claudio Scagliuzzi, cuya extradición solicitó la justicia local, acusado de participar en una operación entre 1979 y 1980, durante la cual desaparecieron 18 militantes de la guerrilla Montoneros. Scagliuzi fue agente civil del ejército, por eso no puede ser incluido en las leyes que consagraron la impunidad para los militares.

Asimismo, debido a los juicios que se abrieron en Francia después de la detención en Londres de Pinochet en 1998, cuando se dio curso a las demandas de los familiares por los detenidos desaparecidos franceses, fue aprehendido en Buenos Aires el que fuera comandante del regimiento Tacna, Luis Ramírez Pineda, quien ordenó el maltrato a estos prisioneros trasladados desde La Moneda a Tacna.

En 2002, además, hubo avances en los "juicios por la verdad" realizados en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que permitieron reconstruir numerosas historias del horror, entre ellas la participación de altos ejecutivos de empresas extranjeras, como Mercedes Benz, en la entrega de listas de dirigentes gremiales, luego desaparecidos.

Estos juicios por la verdad permitieron recoger testimonios que habrían servido a un fiscal para pedir la detención de ocho militares y 55 policías vinculados con casos de tortura en la dictadura. También la desclasificación de archivos secretos por parte de Washington, a mediados de año, ha servido para seguir los rastros de desaparecidos por el Cóndor, a pesar de las tachaduras que traen los documentos.

Y las sacrificadas investigaciones de los abogados que trabajan sin muchos medios han permitido la detención de numerosos oficiales, mientras se produjo el encuentro de Simón Riquelo y su madre, la uruguaya Sara Méndez, a quien le fuera arrebatado su bebé por militares uruguayos y argentinos en Buenos Aires.

Los organismos de derechos humanos también trabajan en el tema de los jóvenes víctimas de "gatillo fácil" de la policía y del genocidio social, que el miércoles mató en el Chaco a otro pequeño, de dos años, por desnutrición. Mientras, la atención se centra en las feroces elecciones internas del peronismo y la amenaza de un eventual fallo de la Corte Suprema -acusada de responder al ex presidente Carlos Menem- para redolarizar los depósitos de los ahorristas, aunque hoy una comisión parlamentaria permitió la "admisibilidad" de juicio político contra uno de los magistrados del tribunal, que tiene justamente una cuenta en dólares bloqueada.