Horacio Labastida

Acteal

Es deber ineludible de los mexicanos señalar a las autoridades que no han cumplido con los mandamientos constitucionales en lo relativo a muchos negocios públicos, especialmente en cuanto a los imperdonables homicidios cometidos hace cinco años, el 22 de noviembre de 1997, en la ermita de Acteal, paraje de Chenalhó, Chiapas, cuando un grupo de mujeres, niños y ancianos pedían a la Divinidad protección contra la persecución policial y paramilitar que buscaba dispersarlos, agredirlos y rematarlos; en esos momentos fueron tiroteados, luego macheteados y mutilados con gente dirigida y armada por funcionarios locales y federales. Quedaron tendidos 45 indígenas creyentes, muchos desmembrados, desgarrados y abiertos los vientres de las mujeres encinta, a fin de machacar a los fetos sobrevivientes. Hasta hoy los autores intelectuales y muchos de los materiales de la repugnante tragedia andan libres y coleando como si nada, porque los agentes del Ministerio Público y los jueces nada saben, incluidos el gobernador estatal y el Poder Ejecutivo federal.

El lustro que nos separa de aquel genocidio muestra lo que es la política en nuestro país. Desde que la democracia proclamada por los insurgentes de 1813 y los revolucionarios de 1910, la democracia verdadera, fue sustituida por la falsa, es decir, por la latifundista que implantó Antonio López de Santa Anna en 1834 al defenestrar el régimen sancionado 10 años antes en San Pedro y San Pablo, y la democracia empresarial declarada entre aplausos faccionales por Alvaro Obregón al propiciar el fallecimiento de Carranza en Tlaxcalaltongo (1920), y relegirse ocho años después (1928), y al proclamarla igualmente Plutarlo Elías Calles, consumador del asesinato de vasconcelistas en Topilejo, o bien al confesarse el actual gobierno como de empresarios, la democracia se ha modelado como instrumento político al servicio de elites locales y extranjeras.

ƑQué tipo de democracia fue imaginada y cobijada en normas jurídicas supremas por los insurgentes, los reformadores de 1857 y los revolucionarios? Fue la democracia sentida y exigida por la enorme multitud del pueblo que luchó junto con Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Zapata y los constituyentes de Querétaro; es decir, una organización del Estado que permita ejercer el poder público en la solución de los problemas sociales, o sea, aplicar las funciones del Estado en el fomento y desarrollo del bien común, entendiéndose que no implica la visión teológica agustiniana de construir en la Ciudad del Hombre, la Ciudad de Dios, sino simplemente transformar en hechos concretos las demandas de las mayorías en beneficio de éstas y no en el de las minorías. Al EZLN debemos la mejor definición de democracia verdadera: mandar obedeciendo.

La otra democracia, la falsa, es la puesta en marcha por el presidencialismo autoritario militarista prevaleciente con distintas variantes en México desde que lo implantó Santa Anna en 1834, hasta que concluyó la administración de Manuel Avila Camacho (diciembre de 1946) con tres excepciones destacadas: el periodo Juárez-Lerdo de Tejada (1858-1876), el apretado tiempo de Francisco I. Madero (1911-1913) y la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940); presidencialismo militarista autoritario seguido por el presidencialismo autoritario civilista, que en sus dos fases continúa. La primera se corresponde con el presidencialismo autoritario de la familia revolucionaria que gobernó entre 1946 y 1982, o sea, los sexenios de Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. La segunda fase se inicia con Miguel de la Madrid y continúa con Vicente Fox, incluyendo los dos años salinistas y zedillistas.

ƑCuáles son las características del presidencialismo autoritario militarista y civilista? El presidencialismo autoritario supone, primero, un compromiso de los titulares del poder político con los del poder económico extranjero y sus asociados nacionales, por virtud del cual las funciones del Estado se utilizan para garantizar la reproducción de los capitales que detentan sus dueños; el gobierno se ocupa de crear las condiciones que requiere la acumulación capitalista. La otra característica es consecuencia lógica de la primera. El compromiso de los titulares del gobierno con las minorías capitalistas o empresariales de alto rango deriva en el incumplimiento de las funciones del Estado sancionadas por las normas constitucionales, puesto que exigen que el gobierno ejerza sus funciones para resolver los problemas colectivos y no los elitistas. Esta situación desvela una abierta contradicción entre el Estado y su gobierno, dando lugar a la tercera característica. El gobierno inconstitucional busca disfrazarse de constitucional para revestir su democracia falsa con las apariencias de la verdadera; al efecto adopta todas las medidas a su alcance para modificar las leyes constitucionales vigentes y otorgar apariencia de legalidad a su conducta ilegal.

En este marco tensional se escenifica la perversidad política del presidencialismo autoritario al asumirse como actor del estado de derecho que infringe, agravia y niega cotidianamente, resultando así un presidencialismo que actúa de acuerdo con leyes nulas de pleno derecho.

En nuestro México tal teatro político es fruto de la utilización irresponsable e irrestricta del artículo 135 constitucional, que del mismo modo se usó para autorizar la relección de Alvaro Obregón o para privar a los campesinos de sus derechos agrarios dotatorios que para propiciar la privatización de la electricidad y del petróleo.

Ahora bien, en el marco de la democracia falsa y del presidencialismo autoritario se explican los asesinatos y genocidios de Estado, comprendido el que ocurrió en Acteal hace cinco años.