Apoya postura de comisión internacional sobre derechos
Parlamento de Cataluña recomienda cumplir todas las demandas del EZLN
El Parlamento de Cataluña apoyó los planteamientos de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que presentó un reporte de las condiciones en que viven los indígenas en Chiapas, y con base en ello recomendó cumplir de forma "íntegra las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)", respetar la iniciativa de reforma constitucional de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y "poner fin a la militarización" del estado.
También pidió que los programas de apoyo productivos no sean empleados para crear divisiones entre organizaciones sociales y se inste a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que "derogue la llamada ley indígena", entre otros.
La CCIODH refiere que debe propiciarse el desarme de los grupos paramilitares, además de reforzar la colaboración con los organismos defensores de los derechos humanos, en el sentido de que el respeto y la promoción de las garantías individuales se traduzca en acciones concretas que permitan una administración de justicia con "especial atención a las víctimas de tortura, y que garantice los derechos humanos, sociales y culturales".
El informe de la CCIODH, que fue analizado por el Parlamento de Cataluña en la sesión del 20 de noviembre, recoge datos obtenidos entre febrero y marzo de este año, en especial en Chiapas, y detalla que los "sobrevuelos de aeronaves militares federales continúan sembrando angustia en las comunidades", y que los patrullajes y la instalación de retenes del Ejército Mexicano han "aumentado progresivamente".
Sobre los grupos paramilitares, asegura que siguen generando "desestabilización y faccionalización", y que llevan a cabo una "represión selectiva" que forma parte de una guerra sucia, "diseñada y dirigida desde las más altas estructuras del poder".
Sobre los desplazados, dice que el problema no se ha atendido en su verdadera dimensión, pues "ni el gobierno federal ni el estatal han asumido que son personas forzadas a abandonar sus comunidades a causa de la violencia paramilitar".
En consecuencia, estas instancias impulsan retornos de desplazados en condiciones de "inseguridad y bajo débiles acuerdos de reconciliación".
Fustiga el hecho de que "el gobierno pretenda ignorar que las comunidades están en resistencia por el incumplimiento de las tres condiciones para volver al diálogo, y actúe como si el problema fuera solamente económico, y no político-social".
Sobre el Plan Puebla-Panamá, la CCIODH asegura que las comunidades se sienten "desprotegidas", porque al no aprobarse como se pretendía la ley Cocopa, los indígenas saben que "no cuentan con el instrumento de control de los recursos, los territorios y las formas jurídicas del ejercicio de la autonomía".
CAROLINA GOMEZ
