El ayuntamiento también aumentará impuestos a cantinas, bares y restaurantes
Cobrarán 2 mil salarios mínimos por permisos a casas de apuesta en Mérida
Permitirá apoyar las finanzas municipales, indican los 18 regidores que apoyan la medida
LUIS A. BOFFIL CORRESPONSAL
Merida, Yuc., 13 de diciembre. El ayuntamiento de esta capital, de mayoría panista, aprobó cobrar a partir del primero de enero de 2003 hasta el equivalente a dos mil salarios mínimos por otorgar permisos para la instalación y funcionamiento de casas de sorteo.
La propuesta surgió de los regidores priístas, y permitirá apoyar las finanzas municipales, dijeron.
En términos generales, la instalación de una casa de sorteo y apuestas costaría al propietario y demás interesados 77 mil pesos anuales.
El voto de los 18 regidores fue unánime. De esta forma el nuevo impuesto por "derechos" de sorteo estará vigente como parte de la Ley de Ingresos del ayuntamiento meridano.
Como parte de la sesión de cabildo, los regidores también aprobaron un incremento en el pago de impuestos para los centros como cantinas, bares y restaurantes de primera y segunda clases.
Para las cantinas y bares, el gravamen anual por apertura y funcionamiento será de 9 mil 500 pesos, mientras que los restaurantes de segunda y primera clase tendrán tarifas de 13 mil y 23 mil pesos anuales, respectivamente.
Con esta serie de ajustes en los impuestos, el ayuntamiento que preside la panista Ana Rosa Payán Cervera pretende recaudar el año próximo mil millones de pesos, lo que podría ayudar a resarcir los daños materiales ocasionados en Mérida por el huracán Isidore.
En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (Cocey), de tendencia priísta, externó su solidaridad con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en la polémica que enfrentan con el gobernador Patricio Patrón Laviada, quien -según los togados- orquestó una campaña de difamación contra ese cuerpo colegiado.
Encabezados por Miguel Menéndez Cámara, recién electo presidente del Cocey, varios de los empresarios se reunieron con los jueces para tratar, entre otras cosas, las diferencias surgidas entre los poderes Judicial y Ejecutivo por la reapertura del expediente judicial del ex empresario Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de cárcel por dar muerte, en 1995, a su esposa Flora Ileana Abraham Mafud.
Sin embargo, Menéndez Cámara evitó entrar en polémica con el gobierno del estado, aunque sí avaló la decisión de los magistrados yucatecos de solicitar la intervención del Senado de la República para frenar la campaña de desprestigio que supuestamente mantiene Patrón Laviada contra los magistrados.
Exhortó a que se dé el diálogo entre las partes en conflicto, y a que se respete la soberanía de cada instancia legalmente constituida, como es el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Por su parte, Angel Prieto Méndez, presidente del TSJE, reconoció que la intervención del Senado podría ser benéfica para distensionar las relaciones entre el gobierno y el Poder Judicial. Reiteró que los jueces son institucionales con el mandato de Patrón Laviada, pero criticó la campaña de desprestigio contra los jueces supuestamente por darle continuidad a un caso ya juzgado como lo es el expediente de Armando Medina Millet.
En días pasados, los magistrados locales recurrieron a los senadores Diego Fernández de Cevallos; Enrique Jackson Ramírez; Jesús Ortega Martínez y Olga Lovera para hacerles de su conocimiento la problemática que tienen con el mandatario de Yucatán, por lo que pidieron frenar este conflicto o de lo contrario someterlo a juicio político.
