Cuenta con facultades para revisar el tratado, señalan
Investigadores de Chapingo piden al Congreso defender al agro nacional
ALMA E. MUÑOZ
Investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo llamaron al Congreso de la Unión -con base en la independencia que tiene del Ejecutivo- a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a partir de los artículos 89 y 181 de la Constitución mexicana que los faculta para ello, y de los propios mecanismos que prevé el acuerdo para defender al sector agropecuario nacional y detener la pérdida de soberanía alimentaria.
Más allá de las cifras negras que presentaron sobre el impacto del instrumento en México, avalaron e incluso se sumaron a las acciones de resistencia que ya impulsan campesinos en busca de impedir la entrada del capítulo agropecuario del TLCAN, el primero de enero próximo.
Rita Schwentesius, del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (Ciestaam), criticó el desplazamiento de los productos de Estados Unidos sobre los nacionales, aumentando con ello ''el desempleo en el campo -al registrarse una pérdida de 1.78 millones y de ellos casi 600 mil productores se relacionan con granos básicos, mientras 40 por ciento de los porcicultores abandonó su actividad- y por consiguiente hay destrucción de la infraestructura física en el país''.
Tan sólo la balanza comercial, a nueve años de la entrada del acuerdo, tiene un déficit de 14 mil 500 millones de dólares, cifra equivalente a 4.3 veces el presupuesto propuesto para el campo para 2003. Esto demuestra, sostuvo, que ''México está perdiendo su soberanía alimentaria por una mayor dependencia de las importaciones, generando una gran fuga de divisas. Sólo en granos y oleaginosas exportó 30 mil millones entre 1994 y 2002''.
Ha erogado para la compra de alimentos 78 mil millones de dólares, cantidad superior a la deuda pública del país, que es de 73 mil 658 millones 600 mil dólares. En resumen, sostuvo, hablamos -con base en cifras oficiales- que el 69.3 por ciento del total de la población en el campo es pobre.
Este panorama -criticó- el Ejecutivo no quiere verlo, porque la suspensión o renegociación del tratado con Estados Unidos y Canadá, como piden la mayoría de los agricultores y ganaderos del país representa, paradójicamente, una afectación para algunas de las personas con puestos clave en el gobierno, ''como un productor de ajo -en alusión al secretario de Agricultura, Javier Usabiaga-, quien se benefició con la duplicidad en las exportaciones del producto''.
Su compañero Manuel Angel Gómez Cruz consideró que este es el momento para que el Congreso de la Unión asuma y trabaje en favor de la agricultura mexicana, cuyas repercusiones -como en su oportunidad resaltó otro de los investigadores, José Luis Calva- afectan en la planta industrial manufacturera y de servicios.
Hay márgenes de maniobra que no han sido utilizados
Calva insistió en que, como integrante del TLCAN, ''México tiene márgenes de maniobra que no han sido utilizados y que están contenidos en el propio acuerdo -donde se habla de suspender la reducción futura de cualquier tasa arancelaria o aumentarla cuando existan amenazas a la industria nacional-, y en la misma Carta Magna, que faculta a los legisladores a restringir y a prohibir exportaciones, importaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estimen urgente, además de obligar al Presidente a velar por la integridad y seguridad nacionales cuando signe acuerdos internacionales''.
Los investigadores alertaron que de instrumentarse el capítulo agropecuario ''queda anulada la escasa protección arancelaria para todos los productos de importación, excepto maíz, frijol, leche en polvo y azúcar''.
