Afirma que la eliminación del corralito dará impulso al crecimiento de Argentina

Duhalde, "desalentado" por presiones del FMI; siempre aparecen "nuevos temas"

Continúa el descontento de ahorradores; los depósitos a plazo fijo aún siguen congelados

REUTERS, DPA, AFP Y PL

Buenos Aires, 23 de noviembre. El presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, dijo hoy que la eliminación del corralito que impedía a los ahorradores el retiro de dinero en efectivo de cuentas bancarias dará un impulso al crecimiento económico del país.

"La medida trae beneficios y será un nue-vo impulso a la economía, que es una de las máximas prioridades del gobierno", señaló Duhalde en su habitual espacio radial.

"Es una medida que quería anunciar antes de fin de año, y (en este momento) se han dado las condiciones", agregó.

El gobierno anunció el viernes que desde la próxima semana se eliminarán todos los límites para el retiro de dinero en efectivo de cuentas bancarias, una restricción que regía desde diciembre de 2001.

Con relación a los incrementos de tarifas de servicios públicos, Duhalde indicó que el porcentaje de aumento de 30 por ciento que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no podrá ser".

Afirmó que el gobierno argentino pretende buscar un equilibrio "entre la necesidad de rentabilidad para mantener el servicio por parte de las empresas y las posibilidades de la gente".

Consultado sobre la aplicación de un régimen de tarifa social, Duhalde señaló que "se va a resolver como corresponde por ley, por audiencias públicas con los representantes de los usuarios y las empresas", y se quejó de la actitud de la justicia, al afirmar que "cada vez que queremos llevar a cabo una (audiencia), la suspenden".

El mandatario aceptó que a veces se siente desalentado porque cada vez que su país se acerca a un acuerdo con el FMI, el instituto impone nuevas condiciones.

Las negociaciones con el FMI "en general están avanzando, pero realmente a veces es desalentador, porque pareciera que estamos llegando al acuerdo y aparecen nuevos temas", sostuvo el mandatario en su habitual participación por Radio Nacional.

Analistas dijeron que la liberación de las cuentas corrientes y cajas de ahorro no tendrá efecto importante en el mercado porque se trata de dinero que utilizan las grandes empresas para operaciones con otras similares y para pagar alarios de sus empleados.

Por su parte, los ahorradores continúan inconformes, ya que sus depósitos a plazo fijo continúan congelados. El gobierno anunció en enero pasado la pesificación y el congelamiento de depósitos.

En este sentido, empresarios y políticos uruguayos celebraron la liberación de los depósitos en Argentina, y señalaron que tendrá un impacto positivo en la economía, especialmente para el turismo.

El presidente de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, Félix Boix, declaró al diario La República que la medida "podría ayudar" en la temporada turística uruguaya, del 15 de diciembre al 15 de marzo, alimentada por viajeros procedentes principalmente de Argentina.

El presidente de la Cámara de Industrias de Uruguay, Diego Biestra, declaró que "esto va a reactivar el consumo en Argentina y con ello la producción, y cualquier reactivación productiva en el vecino país es buena para nosotros".

Por otro lado, la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela Carlotto, exigió hoy la renuncia del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, por favorecer la impunidad de los militares argentinos.

En declaraciones aparecidas hoy en el diario Página 12, la luchadora por los derechos humanos consideró lamentable que una persona como Jaunarena ocupe un espacio de poder, y lo acusó de ser "defensor de militares y adulador de las gestiones genocidas".

El titular de Defensa, que también lo fue del gobierno de Fernando de la Rúa, ha insistido en los tiempos recientes en criticar diversos fallos judiciales para la anulación de las denominadas leyes de impunidad.

Las normas, Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987) garantizaron la impunidad a más de mil responsables de crímenes y de la desaparición de 30 mil argentinos en la pasada dictadura militar (1976-1983).

Según Jaunarena, la posible anulación de esos textos legales instaló un estado de incertidumbre en las fuerzas armadas.