Antonio Gershenson

Reforma eléctrica, Ƒotro rechazo?

Se habla de un proyecto de dictamen legislativo, en el Senado, rechazando la nueva propuesta del gobierno federal que incluye reformas a la Constitución en materia eléctrica. Esta propuesta oficial, como en su momento dijimos en este mismo espacio, no sólo no resuelve los problemas del sector eléctrico, sino que nos colocaría ante riesgos de gran magnitud que, en otros países, han mostrado su fracaso. No sólo privatiza funciones, sino que pretende sustituir la planeación de largo plazo con el uso del mercado como regulador. Esto último puede funcionar en otras áreas con ciclos de inversión más cortos, pero no en una industria de red, que requiere de un buen número de años para la recuperación de la inversión, y que presta un servicio público indispensable. En el Financial Times, de Londres, se publicó hace poco un artículo, con motivo de la quiebra de la empresa British Energy, que genera poco más de la cuarta parte de la energía de su país, diciendo que no se podía llegar al extremo de privatizar empresas cuya quiebra no es aceptable por las funciones que cumplen.

El hecho de que la iniciativa no sea correcta, sin embargo, no quiere decir que baste con su rechazo. Ya en abril se rechazaron tres iniciativas que iban en un sentido similar, aunque más a fondo. En ese momento, el rechazo, junto con el de la Suprema Corte al intento de colar este tipo de cambios por la vía del reglamento, cumplió una función muy importante para abrir el camino a una reforma hacia adelante, y no hacia atrás, como lo hacían los proyectos que se rechazaban. Hoy se puede decir que estamos al "cuarto para las 12". Estamos en el último periodo en el que todo este proceso puede fructificar en una reforma positiva, basada en iniciativas ya presentadas. Luego, vendrán las elecciones. En el periodo ordinario de 2003, como es común, no habrá mucha posibilidad de acuerdos sobre cuestiones muy polémicas como esta, porque los partidos pondrán en primer plano sus respectivas identidades políticas ante los electores. Y la siguiente legislatura tendrá que empezar desde cero, o casi.

El rechazo, en todo caso, debe venir acompañado de un dictamen positivo sobre lo que sí se debe cambiar, a partir de las iniciativas del PRD y del PRI. Y eso urge. Ahora sí, y no por lo que han dicho algunos funcionarios en diferentes momentos, estamos ante la posibilidad de apagones escalonados.

Se han inaugurado plantas nuevas. Sin embargo, acabó ya la temporada de lluvias -podrá llover uno u otro día, pero eso no llena presas- y las presas de las hidroeléctricas están semivacías. ƑPor qué? Porque la gran tijera presupuestal, y el manejo de lo que quedaba, han castigado de tal manera los gastos de mantenimiento que el número de plantas generadoras fuera de servicio llevó a irse sobre el agua de las hidroeléctricas, usando las mismas en exceso.

Las plantas hidroeléctricas, tan despreciadas por los tecnócratas, que vieron fácil el camino de "todo al gas natural", del que el país no tiene en la cantidad necesaria, constituyen una reserva invaluable. Son las mejores para satisfacer la demanda en las "horas pico", y en ellas se puede almacenar, en el agua de las presas, energía para la época en la que se le requiera. Esa reserva ya casi no existe. A medida que se agote se irán aplicando los apagones escalonados: unas horas de apagón por aquí, luego otras horas por allá. Hemos vivido apagones, pero debido a causas locales: fallas en la red de distribución en la mayoría de los casos, en algunos por fallas en una subestación. Ahora serán apagones más generalizados, por falta de energía suficiente.

No se puede dejar pendiente una reforma positiva al sector eléctrico con un simple rechazo, usando los últimos "15 minutos" en repetir un rechazo que ya se dio. Si se puede lograr una reforma por consenso, adelante. Si no, pues que sea por mayoría, eso es mejor que nada. Lo importante en esta situación es definir qué es lo principal a lograr, y a preservar.

Ya nadie habla de vender activos de la nación. Pero un punto que se debe preservar y mejorar es la pla- neación de largo plazo como medio para definir el momento, el lugar y la naturaleza de las inversiones, los precios y, por lo mismo, los niveles de generación, la capacidad de transmisión y las características de las redes de distribución.

Se deben lograr la autonomía de gestión, la autonomía financiera y el nivel de ingreso neto que la industria eléctrica pública requiere para operar adecuadamente. La tijera presupuestal debe irse confinando cada vez más, por lo pronto dejándola fuera del sector eléctrico. Además de lo que directamente diga al respecto la legislación, esa autonomía implica que el director general de cada empresa no responda simplemente ante el Presidente o ante el funcionario que lo nombró y que lo puede remover cuando quiera. Debe ser un nombramiento por consenso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, por ejemplo mediante la necesaria ratificación de los nombramientos principales en el Congreso de la Unión. La inamovilidad no es una solución, porque puede dar lugar a un grupo cerrado y privilegiado manejando la industria como si fuera propia (como fue el caso de la implantada en Petróleos de Venezuela en un régimen anterior y, acá, el del Banco de México). Es el consenso entre los poderes el que puede funcionar, como lo ha mostrado la experiencia del IFE.

Para garantizar el ingreso del sector eléctrico, y al mismo tiempo reducir la tasa de endeudamiento tan grave que el sistema vigente ha generado, se requiere abordar tres frentes. El primero, las tarifas. Se debe reconocer el subsidio que se está dando a un pequeño grupo de grandes consumidores, vendiéndoles la energía por abajo del costo promedio de su generación y transmisión; y se debe emprender un proceso de aumento gradual, públicamente anunciado y programado, en forma tal que las empresas que lo requieran tengan tiempo y condiciones para emprender obras de autoabastecimiento de electricidad. Esto, a su vez, reducirá la presión de una demanda creciente sobre las necesidades de inversión del sector eléctrico. El segundo frente es el de un régimen fiscal irracional, que cobra lo mismo si hay utilidades que si no las hay. Y el tercero, la eficiencia interna, pero no vista con simples ojos de tijera, sino ante todo como un mejoramiento de la eficiencia, incluyendo el aprovechamiento pleno de los derechos de vía del sector eléctrico para gasoductos (incluidos los que usen las propias plantas eléctricas), telecomunicaciones (incluidas las del sector eléctrico) y otras actividades similares. Estos puntos no son, claro, los únicos. Pero son indispensables para que la industria eléctrica pueda volver a cumplir el papel que la Constitución y nuestra nación le asignaron.