En un proyecto de dictamen derrumba uno a uno los argumentos del Presidente

Inconsistentes, las razones de Fox para privatizar el sector eléctrico: Bartlett

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado dará en unos días su veredicto

ANDREA BECERRIL

Privatizar la energía eléctrica pondría en grave riesgo la soberanía nacional, pues en lugar de un servicio público se crearía un mercado de electricidad dominado por empresas trasnacionales que se han visto envueltas en escandalosos fraudes por presionar para elevar tarifas, se advierte en el proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República que rechaza la iniciativa del presidente Vicente Fox en la materia.

En ese documento de 100 cuartillas, elaborado por el titular de la comisión, Manuel Bartlett, se desmienten las aseveraciones presidenciales en el sentido de que habría apagones y desabasto de energía en caso de no dar entrada a la iniciativa privada al sector eléctrico. "El Ejecutivo federal basa su argumentación en cifras exageradas e inconsistentes" y retoma la estrategia que siguió el ex presidente Ernesto Zedillo en su propuesta también privatizadora de la electricidad.

Uno a uno los argumentos esgrimidos en la iniciativa de Fox son echados abajo en el proyecto de dictamen que está ya en poder de los senadores del PRI para su análisis y posterior aprobación. Así, se señala que hay una sobrestimación de las autoridades de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Energía respecto a las necesidades de inversión, ya que se asegura que se requerirán 650 mil millones de pesos para poder generar 32 mil megavatios en los próximos diez años, sin presentar documentación precisa.

Al respecto se advierte que esas estimaciones oficiales sobre los requerimientos de capacidad en el sistema eléctrico son cuestionables, toda vez que los 32 mil megavatios que se indican en la iniciativa presidencial no tienen sustento "y de hecho la CFE ya había corregido esa cifra tres meses antes de que la propuesta de reforma eléctrica llegara al Congreso".

Asimismo se rechaza que la inversión requerida en electricidad ejercerá tremendas presiones sobre las finanzas públicas, como se argumenta en la iniciativa del Ejecutivo. Se señala que de acuerdo con información oficial de la CFE, sus necesidades de financiamiento son cubiertas con créditos de la banca comercial e ingresos que genera el propio organismo.

La comisión fue más allá y concluyó que las necesidades de inversión en los próximos diez años pueden ser cubiertas con los flujos operativos anuales de la CFE y gracias a que el organismo cuenta con un amplio margen de maniobra para soportar de manera complementaria su expansión, recurriendo a los mercados financieros.

En el proyecto de dictamen se acepta que el marco jurídico actual obstaculiza el desarrollo de las empresas públicas, pero discrepa del Poder Ejecutivo, que propone como solución el cambio constitucional.

El problema es que los centros reales de decisión están fuera de las empresas públicas, toda vez que tanto a la CFE como a Luz y Fuerza del Centro "se les utiliza como herramientas complementaria de las políticas de estabilidad macroeconómica y el gobierno federal controla las tarifas, los empréstitos, los presupuestos, los planes de inversión, las adquisiciones, el número de empleados, a pesar de que tales expedientes son enteramente contrarios al espíritu de la eficiencia productiva".

La aseveración presidencial de que crear un mercado eléctrico incrementará la eficiencia y disminuirá el precio de la electricidad es objetada en el proyecto de dictamen. "Fuera de algunos casos aislados, los precios han aumentado siempre", se señala, y se pone en duda que el suministro de electricidad mejorará en México al aceptarse que empresas privadas brinden el servicio, "ya que la operación y expansión se realiza bajo una lógica de rentabilidad financiera que incentiva la compresión de costos, aun a costa de la continuidad y calidad".

Al dar a las corporaciones privadas los grandes consumidores de energía del país y dejar a CFE con los usuarios domésticos, se les expone a la volatilidad en ese mercado mayorista y se llegará a los extremos de que en las localidades en las que los costos de distribución sean más elevados, como es el caso de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, habría un aumento sustancial de tarifas.

En general, los costos aumentarían si se aprobara la iniciativa del Presidente. La propia Secretaría de Energía reconoce que el éxito de la reforma presidencial "pasa por una restructuración de tarifas que elimine rezagos, en otras palabras, por un aumento en los precios de la electricidad".

Se descartó también que habría apagones de no privatizarse la industria eléctrica. Se recordó que el abasto está garantizado hasta más allá de 2008 y que la CFE elabora un programa anual que prevé las centrales e instalaciones a construir para que la electricidad no falte en lapsos de 10 años.

La afirmación contenida en la iniciativa presidencial, en el sentido de que "empresas de calidad mundial" se encargarán de la generación y distribución de electricidad, es echada abajo en el dictamen. La revisión de lo ocurrido en los últimos diez años en el mundo en materia de desregulación permite descubrir "las inevitables trampas" de las trasnacionales de la electricidad. Se mencionan los escándalos financieros de Enron, la principal comercializadora de energía eléctrica en Estados Unidos, que tan sólo en ese país manipuló contratos de electricidad para inflar precios en seis entidades occidentales del vecino del norte.

Endesa, la empresa dominante en Chile, especuló con agua de las presas, lo cual derivó en racionamiento de energía. Una práctica común de las corporaciones, se agrega, es chantajear a los gobiernos hasta lograr aumentos de tarifas.

El proyecto de dictamen fue presentado por Manuel Bartlett a los senadores de su fracción el miércoles pasado, a fin de que lo analicen y se vote la próxima semana, en el sentido de desechar la propuesta foxista y avanzar a una reforma eléctrica verdadera, basada en el fortalecimiento de las empresas públicas y su modernización.