Destacaron que evitar el divisionismo será clave para alcanzar sus metas

Representantes de 50 organizaciones crean frente para defender la soberanía

Repudio al neoliberalismo y protección de los derechos del pueblo, ejes de su plataforma

CLAUDIA HERRERA BELTRAN Y RENE ALVARADO ENVIADA Y CORRESPONSAL

San Salvador Stenco, 23 de noviembre. El Frente Nacional por la Defensa de la Soberanía y los Derechos del Pueblo fue constituido ayer por representantes de 50 sindicatos y organizaciones sociales que coincidieron en su repudio a las políticas neoliberales.

A partir de la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hace tres meses, se formó un conglomerado que reúne a representantes de organizaciones como el Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica, la Central Unitaria de Trabajadores, ejidatarios de San Salvador Atenco, el Frente Popular Francisco Villa, el frente en defensa del Casino de la Selva, estudiantes de la UNAM y miembros de la Asamblea de Barrios.

La plataforma de lucha consta de cinco ejes: defensa de la soberanía y rechazo a las privatizaciones; defensa y cumplimiento de los derechos sociales; exigencia de un mayor presupuesto social, que además permita la reactivación de la economía agropecuaria; lucha contra la represión y por la desmilitarización del país, unidad con otros países de América Latina y el mundo que padecen las políticas neoliberales.

Como parte de sus primeras acciones de protesta, participarán en la marcha que convoca el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra de la reforma del sector eléctrico que propone el gobierno foxista. La movilización se realizará el próximo miércoles a las cuatro de la tarde.

Los integrantes del frente también se unirán a la campaña de recolección de firmas en contra de la privatización del sector eléctrico y a las protestas que realizará la CNTE a principios de diciembre para demandar mayor incremento al presupuesto educativo.

Después de tres meses de preparativos, finalmente se constituyó este frente en el auditorio Benito Juárez de este municipio, en un acto que quedó por debajo de las expectativas de la CNTE, en particular de maestros michoacanos que impulsaron este proyecto y que calculaban la asistencia de representantes de 75 agrupaciones.

Amargos antecedentes

Gonzalo Martínez Villagrán, ex dirigente de la Sección 9 del magisterio en el Distrito Federal, recordó que a partir de 1982 se han constituido una decena de organizaciones de este tipo y que la mayoría han fracasado, porque han padecido el divisionismo y la falta de acuerdo para definir planes de acción conjuntos.

De acuerdo con el maestro, es largo el listado de organizaciones "multisectoriales" que se han conformado en las últimas dos décadas, como la Asamblea Obrero Campesino Popular (1982), el Frente de Trabajadores del Apartado B (1985), el Frente Nacional de Organizaciones de Masas (1987), la Coordinadora Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (1989), la Asamblea Nacional de Organizaciones Sociales (1993) y el FAC-MLN (1996).

Ante estas experiencias, dijo que la CNTE no "busca crear una organización de membretes", sino un frente que trascienda las pugnas coyunturales y que se convierta en un referente en la lucha contra las políticas neoliberales que se han instrumentado en los últimos sexenios.

En el documento que se puso a discusión de un centenar de asistentes, el centro de la crítica fueron las políticas privatizadoras; por eso se pronunciaron en contra de la venta a la iniciativa privada de los sectores eléctrico y petrolero, así como de la entrega de la educación pública a empresarios y a jerarcas de la Iglesia católica.

También manifestaron su rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno, que, dijeron, pretende terminar con los contratos colectivos y atomizar la fuerza de los sindicatos para someterlos y concluir de un plumazo con las conquistas laborales.

El plan de lucha incluye la defensa de derechos fundamentales como la alimentación, salud, vivienda, educación y trabajo mediante la asignación de mayores presupuestos a estos rubros y poner fin a los beneficios a banqueros, industriales y empresarios.

Señalaron que se deben reducir las partidas para el pago de sueldos de funcionarios públicos, diputados y senadores, así como de los recursos que se destinan al aparato militar y policiaco. En esta línea, concluyeron su asamblea al demandar una ley de amnistía a presos políticos, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.