La medida implicaría cerrar la mayoría de las dependencias gubernamentales, señala
Destinar 8% del PIB a educación es un error: Luis Pazos
ROBERTO GARDUÑO
La decisión de los grupos parlamentarios del PRD y del PRI en la Cámara de Diputados para debatir en el pleno el dictamen de reforma al artículo 25 de la Ley General de la Educación, en la que se obliga al gobierno federal a destinar 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a educación en 2006, provocó la reacción del panista Luis Pazos de la Torre, para quien esa medida implicaría cerrar la mayoría de las dependencias gubernamentales por escasez de recursos.
Luis Pazos, también presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, envió a cada uno de los diputados federales dos documentos explicativos del "error" que significaría aprobar la reforma citada.
El primero es una misiva enviada a Enrique Meléndez, presidente de la Comisión de Educación, a quien le dice que no es posible y es absolutamente inviable incorporar a la Ley General de Educación un monto porcentual del PIB para ese sector específico:
"Desde el punto de vista legislativo disminuiría las funciones de los diputados, ya que los demás sectores podrían pedir lo mismo y así reducir las facultades establecidas en la Constitución en torno a discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. Si las asignaciones presupuestales se ligan al PIB saldrían sobrando diputados en el ámbito presupuestario, una de sus principales razones de ser".
También señala en su escrito que si se considera el 8 por ciento del PIB a educación y se suman las peticiones del sector salud por el mismo monto y del Poder Judicial, en términos de 2.5 por ciento del PIB, sumarían 18.5 por ciento, y si "el gasto programable, como porcentaje del PIB, es de 16.4 se tendrían que cerrar las demás dependencias del gobierno federal, ya que los recursos no serían suficientes".
Para sustentar su dicho, Luis Pazos recordó las tareas que en ese orden vienen realizando algunos países africanos como Botswana y Namibia, donde se destinan en promedio 10 por ciento del PIB para la educación, hecho, adujo el legislador, "que no ha significado elevar sus niveles educativos; no conocemos ninguna legislación en algún país desarrollado que haya incorporado la cifra de ocho por ciento del PIB para la educación a sus leyes, y ninguna de las naciones que integran la OCDE la tienen".
El segundo documento distribuido por Pazos a los diputados de todas las fracciones parlamentarias es una carta enviada el 3 de octubre de 2001 a la presidenta de la mesa directiva, Beatriz Paredes Rangel. La salvedad es que fue firmado no sólo por Luis Pazos, sino por Guillermo Hopkins, Fernando Martínez Cué, Tomás Torres, Abel Trejo y Bernardo de la Garza, y que dice:
"En principio se reconoce que las causas originarias de la iniciativa son loables y significan un legítimo anhelo para alcanzar el desarrollo y la prosperidad a la que los mexicanos aspiramos. Instrumentar cuestiones presupuestarias a través de la Ley General de Educación sería impreciso, ya que los egresos de la Federación se distribuyen, constitucional y legalmente, mediante un procedimiento establecido en distintos ordenamientos jurídicos."
