El subprocurador Higuera Bernal rechaza presiones

Aportar datos que demande  el MP, obligación jurídica

ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL

Boca del Rio, Ver., 22 de noviembre. Los periodistas, como cualquier ciudadano, tienen la obligación de aportar la información que les requieran autoridades judiciales, ya que los datos en su poder son de interés público, afirmó el subprocurador de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal, en relación con los citatorios enviados a seis reporteros de La Jornada con la intención de que revelen las fuentes de las cuales obtuvieron información sobre el Pemexgate.

El funcionario aseguró que la decisión del organismo judicial no tiene como objetivo coartar la libertad de prensa ni puede interpretarse como un hostigamiento hacia los informadores, sino que es el cumplimiento de un deber constitucional de investigar y castigar ilícitos cometidos por servidores públicos.

Entrevistado en la inauguración de la Reunión Regional Centro-Sur para el Combate a la Farmacodependencia, el funcionario de la PGR restó importancia a la inconformidad surgida en los medios de comunicación por los citatorios expedidos el 9 de marzo por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que seis reporteros de La Jornada comparecieran en el contexto de las pesquisas por el supuesto desvío de recursos de Petróleos Mexicanos para la campaña presidencial priísta de 2000.

"De ninguna manera (es un acoso); creo que cada institución o sector social tiene que cumplir su misión, y a la PGR le corresponde investigar los delitos''.

Puntualizó que la comparecencia de los reporteros de La Jornada no es un procedimiento ilegal y se inscribe en la responsabilidad de la ciudadanía para contribuir en la indagatoria de un tema que es de interés público.

''Como todos los ciudadanos, (los reporteros) tienen el deber de aportar la información que poseen, porque es de interés público, tanto la investigación como el esclarecimiento (del caso), así como el castigo para quienes violen la ley, pues la ley es un asunto de prioridad'', indicó.

Higuera Bernal también informó que durante el presente año han sido destituidos unos mil funcionarios públicos de diferentes niveles y dependencias por su responsabilidad en diversas irregularidades durante su desempeño, que van desde faltas administrativas hasta colusión con el narcotráfico.