Los citatorios de la PGR atentan contra la Constitución y los tratados internacionales

Los periodistas de La Jornada podrían acudir a la CIDH, indica especialista

Los senadores del PAN que respaldan las acciones de la dependencia ''estudiaron derecho hasta tercer grado de secundaria'', dice Jorge Islas, catedrático de la UNAM

KARINA AVILES

La presión ejercida por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de reporteros de La Jornada con la intención de que revelen sus fuentes de información es atentatoria de los principios establecidos en la Constitución y de los derechos fundamentales de los periodistas, afirmó el especialista y director del seminario de sociología jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, Jorge Islas.

Respecto del aval que legisladores del Partido Acción Nacional dieron a los citatorios que la dependencia envió a seis reporteros de este diario, comentó: ''han de haber estudiado derecho hasta tercero de secundaria" y pretenden estar por encima de la carta magna.

En entrevista, Jorge Islas señaló que esta actitud violatoria de la libertad de expresión, de información y de los derechos individuales podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en el caso de México tiene jurisprudencia de obligatoriedad sobre los abusos cometidos en contra de periodistas.

En principio, apuntó que la actuación de la PGR es "intimidatoria y viola la libertad de expresión y de información", además de ser "clara muestra de censura" para el debido ejercicio de la información.

En este país, destacó, la posibilidad de querer obligar a los periodistas a revelar sus fuentes atenta contra la Constitución, contra los derechos fundamentales de los informadores y contra el libre ejercicio de su profesión.

Es decir, la pretensión de la PGR atenta contra los artículos sexto, séptimo y 133 de la Constitución, y contra los tratados internacionales de los que México forma parte, como el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 13 se refiere a la libertad de pensamiento y de expresión.

El especialista explicó que en el citado pacto se aplica un juicio de amparo, en razón de que el Ministerio Público actúa y ataca los derechos individuales de los periodistas. En caso extremo, dijo, se puede llegar a la CIDH con el objetivo de hacer valer estas garantías.

Acerca del argumento que dio el PAN en el Senado de la República de que la autoridad judicial tiene ''el deber de interrogar a un periodista y saber cuál es su fuente'' y por ello la PGR ha actuado de manera legal, Jorge Islas respondió: "Con todo respeto han de haber estudiado derecho hasta tercero de secundaria; no han tenido conocimiento de que hay diversos tratados internacionales y de que México forma parte del tema".

El académico señaló: o son ignorantes de la ley, o desconocen la ley y no la respetan, o no saben lo que están haciendo, o sí saben lo que están haciendo y violentan el estado de derecho.

Dicha intimidación de la PGR podría cometer abuso de poder, de autoridad, discrecionalidad de la aplicación de la norma, vulneración del Estado de derecho y menoscabo de los derechos fundamentales de los periodistas, precisó.

El profesor de derecho constitucional en la UNAM destacó que no puede haber una democracia que se construya sobre la base de la censura, de la intimidación y de atentar en contra de la libertad de expresión. "No puede haber discusión pública cuando de por medio hay censura", destacó.