Los grupos xenófobos no han violado ningún ordenamiento, dice la gobernadora electa

En Arizona es "legal" la caza de migrantes

Autoridades de la entidad fronteriza acusan a la prensa mexicana de "maximizar" dichos actos

CRISTOBAL GARCIA Y JORGE CORNEJO CORRESPONSALES

El gobierno de Arizona, Estados Unidos, culpó a la prensa mexicana de maximizar las acciones de "caza-ilegales" que han aparecido a lo largo de la franja fronteriza con Sonora.

En conferencia de prensa, en Puerto Peñaco, Sonora, la gobernadora electa de Arizona, Janet Napolitano, quien asumirá el poder el próximo 6 de enero, expresó que estos grupos antimigrantes "están recibiendo mucha atención de la prensa de México".

Manifestó que las leyes actuales del estado que gobernará son flexibles en estos casos, por lo que se contempla una reforma a la legislación local para castigar a quienes delinquen cometiendo este tipo de acciones contra los migrantes.

Acompañada por Jane Dee Hull, aún gobernadora de Arizona, y por su homólogo de Sonora, Armando López Nogales, sostuvo que estas organizaciones xenófobas están actuando conforme a la ley.

Sostuvo que grupos como Ranch Rescue, Citizen Border Patrol Militia (patrulla miliciana de ciudadanos de la frontera), además de los hermanos Roger y Donald Barnett, quienes han ganado fama mundial por su forma de actuar, "no han violado ninguna ley, y por eso no pueden ser castigados".

Napolitano minimizó la presencia de estas organizaciones de paramilitares que se dedican a la captura de indocumentados en la frontera de Arizona con Sonora, y dijo que se trata de pequeños grupos que no representan a la comunidad de esa entidad del sur estadunidense.

Aun cuando condenó la aparición de estos "pequeños grupos" xenófobos, Napolitano explicó que para las leyes estadunidenses, sus actos no constituyen una agresión.

Explicó que dichas organizaciones de civiles no pueden ser castigadas legalmente porque han salido en defensa de sus propiedades, y no se ha podido demostrar que actúen fuera de las normas establecidas por la ley.

En el marco de la Comisión Sonora-Arizona, la gobernadora Jane Dee Hull informó a la prensa mexicana que a través de Internet han logrado "rastrear" a estas organizaciones antimigantes, pero que en ningún momento han violado la ley del estado a su cargo.

En tanto, el mandatario de Sonora, Armando López Nogales, se pronunció por que los gobiernos de México y Estados Unidos retomen el tema migratorio.

Reconoció que es algo que no puede postergarse, debido a que en los últimos días han resurgido en la frontera sur de Arizona organizaciones de civiles que han emprendido la caza de indocumentados que pasan por sus propiedades, en su mayoría de origen mexicano.

Por otro lado, los gobiernos de ambos estados acordaron seguir impulsando ante las administraciones federales de México y Estados Unidos el programa Trabajador Huésped, como medida para contrarrestar la migración ilegal.

Asimismo, rechazaron la militarización de la frontera como una acción extrema de seguridad por parte de Estados Unidos para combatir el terrorismo y ahuyentar el cruce ilegal de personas.

En conferencia de prensa conjunta, los mandatarios Armando López Nogales y Jane Dee Hull coincidieron en que el programa Trabajador Huésped es un valioso auxiliar en el tratamiento de esta problemática, y podría establecerse en Arizona como plan piloto.

En otro orden, la Corte Federal de San Diego, California, determinó reabrir el caso de un mexicano que demandó civilmente a dos agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes lo agredieron físicamente. El 7 de agosto pasado, los agentes de dicha corporación fueron acusados formalmente ante un juez federal de esa ciudad, tras una año de investigaciones, de haber golpeado a un migrante de origen mexicano mientras se encontraba detenido en una celda.

Los agentes Robert Curtin, de 26 años, y John Wallace, de 38, fueron acusados luego de que el afectado los denunció y de que otros agentes de la corporación descubrieron el incidente videograbado por las cámaras de vigilancia de la estación de retención de migrantes en Chula Vista, California.