Legisladores de PRI y PRD, de acuerdo en que se destine 8 por ciento del PIB al sector

Recomendación de la UNESCO sobre educación desata controversia

El PAN asegura que la medida afectaría a otras actividades fundamentales para el desarrollo social

La mesa directiva de la Cámara de Diputados decidirá hoy si el dictamen es llevado al pleno

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

La recomendación que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) hizo a México para que destine 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a educación dividió el pleno de la Cámara de Diputados y desencadenó una controversia, porque de cumplirse el gobierno federal deberá destinar en el año 2006 la mitad de sus ingresos a este rubro.

El PRD propuso que se discuta hoy en el salón de sesiones el dictamen elaborado por las comisiones legislativas de Educación, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Cuenta Pública, y el PRI apoyó la modificación a la Ley General de Educación, cuyo objetivo es obligar al Ejecutivo a invertir en el sector los recursos planteados por la UNESCO.

El PAN se opuso a las propuestas, al argumentar violaciones al procedimiento legislativo y que se ponen en riesgo las finanzas públicas, porque "de aprobarse esta medida el gobierno federal destinaría la mitad de sus ingresos a la educación, con un serio perjuicio a otras actividades fundamentales para el desarrollo social", advirtieron los panistas Silvia Alvarez Bruneliere y Felipe Calderón.

Aquella división de criterios dio por resultado una salida salomónica de la mesa directiva, encabezada por la priísta Beatriz Paredes, quien resolverá esta mañana, antes de comenzar la sesión ordinaria, lo siguiente: se lleva al pleno y se vota el dictamen, o se decide reponer el procedimiento para que sean las comisiones unidas las que determinen si es posible destinar los citados recursos a la educación (8 por ciento del PIB) sin poner en riesgo la atención a la salud, combate a la pobreza, vivienda, carreteras...

El fondo político del asunto es que los panistas proponen contabilizar los recursos de las empresas de educación privada con los aportados por el gobierno federal para "ajustar" en 2006 el monto recomendado por la UNESCO.

Por el contrario, el PRD establece que es obligación del Ejecutivo destinar 8 por ciento del PIB, porque hay programas y tareas fundamentales en el abandono, como la obligatoriedad de la educación pre-escolar, la cual no se ha aplicado porque no hay recursos.

La propuesta del PRD, presentada por la diputada Hortensia Aragón desde el 14 de septiembre de 2000, cuyo decreto ya fue debatido en cada una de las comisiones arriba citadas, pero no en comisiones unidas, como lo sugirió la mesa directiva con plazo del 11 de noviembre pasado, modifica el artículo 25 de la Ley General de Educación de la siguiente forma:

"El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado (Federación, entidades federativas y municipios) destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8 por ciento del producto interno bruto del país."

Desde entonces, el PAN se opuso aduciendo que las finanzas públicas se verían seriamente afectadas si se "obligara" al gobierno federal a invertir 8 por ciento del PIB. La propuesta panista es conjuntar los recursos federales y privados para alcanzar el monto requerido.

Silvia Alvarez Bruneliere, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, dijo que "se trata de una medida de justicia social. El PRD escucha hablar de capital privado y se opone a cualquier propuesta. Lo que pretendemos es que los estudiantes que tienen recursos para pagar educación privada y ocupan espacios en las instituciones públicas los dejen para los alumnos más pobres. No se quiere privatizar la educación, como se denuncia".

En ese tono, el coordinador del PAN, Felipe Calderón, insistió en reponer el procedimiento de análisis de la propuesta perredista y llevar el tema a comisiones unidas. No obstante, los legisladores del PRD señalaron que los panistas hicieron caso omiso a la convocatoria del 11 de noviembre para reunirse en comisiones unidas y lograron que no se alcanzara el quórum necesario para aprobar el dictamen.