Martí Batres Guadarrama
México, entre la mordaza y la censura
Finalmente todo queda claro. Las cosas tienen lógica y no suceden casualmente. El rey de España, Juan Carlos I, no vino a México a una simple visita de cortesía. No sólo vino a hablar con el Presidente. Llegó a México a respaldar el proyecto foxista de gobierno, a promover las llamadas "reformas estructurales" -o sea, las privatizaciones-, a defender la doctrina internacional dominante. En fin, como se dice aquí, a tirar línea.
Para eso fue al Congreso de la Unión a dar su mensaje. Y por eso también es que se puso una mordaza al propio Congreso. Cuando menos el grupo parlamentario del PRD en San Lázaro defendió sin éxito su derecho a intervenir ante el pleno camaral en la sesión solemne ex profeso. El argumento válido es que así ocurrió ya en tiempos recientes: en la anterior Legislatura, durante la visita de Jacques Chirac, y en la actual, cuando hubo un fructífero intercambio de ideas con el presidente chileno Ricardo Lagos. Nada de ello fue escuchado, menos aceptado, y se impuso el formato para la recepción de los reyes de España.
En su discurso el rey no habló sólo ni principalmente de los grandes problemas mundiales. Habló sobre todo de los asuntos nacionales de México. Del mundo se refirió a la lucha contra el terrorismo. Pero la expansión de la pobreza, el hambre y las ansias hegemonistas unipolares de Estados Unidos no formaron parte de sus preocupaciones.
Sí se detuvo, sin embargo, a ofrecer una declaración aprobatoria de la fracasada reforma constitucional indígena, también palomeó el Plan Puebla-Panamá, elogió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, apoyó el libre comercio de las Américas, llamó a defender, juntos, intereses económicos y apremió al Congreso a realizar las reformas "necesarias", es decir, a aprobar los impuestos a las clases populares, la liberalización de la jornada laboral y, sobre todo, la entrega de los energéticos al capital privado extranjero. Asunto este último, por cierto, en el que grandes empresas españolas, como Unión Fenosa, ya tienen intereses creados.
De paso el rey de España teorizó sobre la transición, la cual ya no es fundamentalmente una democratización, sino, ante todo, un camino hacia el libre mercado. Y puso como ejemplo a España, donde -informó- "cuadruplicaron su ingreso per cápita en 25 años, gracias a los procesos de liberalización". En suma, ofreció su experiencia como receta.
A eso vino. Vino a ayudarle a Vicente Fox, porque no puede, a convencer a un Congreso que se resiste a aceptar la nueva fórmula mundial, los diez mandamientos de la globalización. Vino a defender sus propios intereses de país desarrollado que necesita nuevos mercados para sus grandes consorcios. Vino como vocero de una alianza mundial de fuerzas políticas conservadoras, para afianzar lo que pretende sea el eje Estados Unidos-España-México.
Por eso vino el rey de España al Congreso. Por eso se buscó, y se logró, que la pluralidad del Congreso no se manifestara.
Ya no importan la pluralidad, la democracia y la libertad de expresión, las viejas banderas de Occidente en la guerra fría. Ahora lo que interesa es vender, abrir mercados y silenciar al que no esté de acuerdo.
El rey de España encontró, así, un Congreso mexicano respetuoso, amable y abierto, pero también mudo, silencioso y amordazado. Fue un encuentro sin diálogo. El sí pudo hablar y tocar no sólo asuntos del mundo o de su país, sino sobre todo de nuestra agenda. Y el Congreso no pudo defender una visión propia, paradójico, en su misma casa. Sólo así se entiende que la llegada de nuestro distinguido visitante al Congreso estuviera condicionada al silencio de los grupos parlamentarios.
No hubo espacio para hablar de la importancia de la transición española en el lenguaje político de los mexicanos. No hubo espacio para discutir el tema de las nacionalidades al interior de los estados y la necesidad de reconocer la pluralidad étnica al interior de cada país, como medio indispensable para alcanzar una convivencia pacífica interior duradera. No lo hubo para buscar la coincidencia y la identidad de un mundo iberoamericano que, unido, puede contribuir a un mundo multipolar mucho más equilibrado.
No hubo espacio para decirle a un importantísimo gobernante de Europa que aquí nuestras preocupaciones fundamentales son la desigualdad, la pobreza y las guerras. No hubo espacio para decir que el modelo económico que se afirma llevó a España al primer mundo es el mismo que ha sumergido a América Latina en una pobreza mayor. Es decir, que aquello que allá, dicen, funciona, aquí no. No fue posible, la mordaza se impuso.
Y si en el pasado se pregonaba la reivindicación de la pluralidad y la libertad frente al autoritarismo, hoy se pretende forjar un modelo de uniformidad en el mundo y en México. Se busca que todos digan lo mismo, que todos tengan la misma orientación, que la información sea la misma y se quiere castigar al que es distinto.
En ese contexto es increíble la inadmisible persecución que la Procuraduría General de la República (PGR) endereza contra reporteros y el diario La Jornada. Este gobierno de Vicente Fox entrega su presencia, y la del Estado, a los medios electrónicos y al mismo tiempo dirige ofensivas recurrentes en contra de la prensa escrita. Ya en el pasado, el presidente Fox alguna vez se refirió a ésta como "los perros que ladran". En otra ocasión llegó a decir que "la prensa inventa". Más adelante la calificó de "exagerada y amarillista". Aseguró, molesto, "que no lo iban a tirar a periodicazos" y recientemente dijo que "no había que hacerle mucho caso porque echaban mucho rollo". No hay duda de que el gobierno foxista, el autodefinido "del cambio y la democracia", le tiene aversión a la prensa escrita, mucho más a la prensa escrita crítica. Asoma su vocación autoritaria por todos los poros, pues para Fox y sus funcionarios sólo es útil la prensa escrita que difunde sus propias filtraciones y que presenta como noticia campañas sistemáticas en favor de sus proyectos político-económicos.
Qué extraño es ver ahora al gobierno foxista sorprendido de que un diario encuentra información a partir de sus propias investigaciones. Y qué grotesco resulta que se pretenda convertir a los reporteros en delatores o en agentes informantes de la propia PGR.
Los citatorios de la PGR dirigidos contra seis reporteros de La Jornada evidencian, por un lado, la falta de vocación democrática del gobierno y su intolerancia hacia la prensa realmente libre. Pero por otra parte, la incapacidad de los órganos procuradores de justicia para realizar con eficacia sus funciones. En la supina ignorancia que caracteriza a este gobierno se llega a confundir lo que es una investigación policiaca con aquello que constituye una investigación periodística.
No entendemos la democracia como un sistema político al servicio del libre mercado. La democracia es para nosotros la posibilidad de involucrar a la sociedad en la toma de decisiones del Estado, pero también, destacadamente, el respeto a los derechos y a la pluralidad de las ideas en el mundo y en México. La mejor manera es estar bien informado. Por ello, vayan estas líneas dedicadas a expresar un enérgico rechazo a la persecución inquisitorial de la PGR en contra de Gustavo Castillo, Roberto Garduño, Andrea Becerril, Ciro Pérez, Enrique Méndez y Rubén Villalpando. Nuestra solidaridad con la dirección del diario y, por supuesto, con todos aquellos que hacen posible La Jornada.
