Propone aumentar el gasto en el sector agropecuario

Promueve la UNORCA suspender por tres años el capítulo agrícola del tratado

RENATO DAVALOS

Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la realidad agraria nacional ha estado marcada por la dependencia alimentaria -43 por ciento de los granos básicos se importa de Estados Unidos-, la llegada de productos de dudosa calidad, como el maíz transgénico, y el gasto público más bajo en la historia justo cuando se profundizará la apertura a partir de 2003 y sólo queden con protección arancelaria maíz, frijol y leche, afirmó Alberto Gómez Flores, dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

Miembro del comité ciudadano plural que organizó la consulta sobre prioridades nacionales, Gómez Flores hizo el análisis del agro mexicano y señaló que para el actual gobierno el campo es prescindible. La balanza comercial es sistemática y crecientemente deficitaria, con un promedio de mil millones de dólares, aunque el año pasado el desequilibrio llegó a 3 mil millones.

Ante el "desastre social" que se avecina con la apertura de fronteras, la UNORCA, junto con otras organizaciones, ha planteado al Senado que promueva un acuerdo para que instruya al Ejecutivo e inicie la renegociación del apartado agrícola del TLCAN.

Mientras, explicó Gómez Flores, se propone que el Congreso expida una ley que declare al campo como prioridad, en situación de emergencia, y que mandate al Ejecutivo para que comunique a las contrapartes del TLCAN la suspensión por tres años de la aplicación del capítulo agrícola.

También se propone que en la Ley de Ingresos de 2003 y en la tarifa de impuestos generales a la importación se establezcan aranceles y cuotas de 10 a 30 por ciento a las cadenas agroalimentarias básicas, que el gasto federal sea de 60 mil millones de pesos y que sólo sea susceptible de ser recortado con autorización de la Cámara de Diputados. En este punto se plantea que se asigne al menos 70 por ciento de los recursos al fortalecimiento de la agricultura campesina e indígena.

Entre las propuestas también figura que se calendarice el gasto en función de ciclos con la apertura de ventanillas para el ejercicio del presupuesto a partir del 1Ɔ de febrero, así como la publicación de las reglas de operación de los programas a más tardar el 15 de enero.

La dependencia alimentaria, indicó el dirigente de UNORCA, no afecta sólo a los pequeños y medianos empresarios, sino a los consumidores, por la calidad de productos como el maíz transgénico, el sorgo con aflatoxinas, la carne hormonada, el pollo de desecho y los sustitutos lácteos, entre otros. El malestar en el agro es creciente y los movimientos de resistencia se generalizan en el país, apuntó.

El próximo año el agro sufrirá dos impactos fundamentales: la intensificación de la apertura comercial y la nueva ley agrícola estadunidense. A partir de entonces los productos que gozaron de protección en nueve años se verán sujetos a la desgravación. Con ello, 99 por ciento de las fracciones arancelarias, que representan el valor de 91 por ciento de las importaciones, quedarán totalmente liberadas. Unicamente maíz, frijol y leche mantendrán una protección hasta 2007.

La nueva ley agrícola estadunidense, recientemente aprobada, autoriza un presupuesto de subsidios agrícolas por 180 mil millones de dólares para la próxima década y representa un incremento de 80 por ciento respecto al monto autorizado en la anterior legislación. Los subsidios son para maíz, trigo, sorgo, arroz, soya, avena, cebada y algodón.

En contraste, el presupuesto asignado al sector agropecuario mexicano ha declinado sistemáticamente en los últimos años, al pasar de 6.68 por ciento del gasto programable total en 1990 a 1.5 en 1994 y a 0.6 en este año, el monto más bajo de la historia.

El sacrificio que ha impuesto el tratado ha incidido fundamentalmente en quienes se dedican a la producción de granos básicos y oleaginosas, que ocupan 71 por ciento de la superficie sembrada, aportan 40 por ciento del valor y se dedican a esta actividad alrededor de 3.5 millones de productores, en su mayoría con parcelas menores a 5 hectáreas.