Magdalena Gómez

Construyendo democracia: consultas y decisiones

Entre los saldos que ha dejado el debate derivado de los acuerdos de San Andrés encontramos crecientes espacios de encuentro entre la demanda indígena y la de aquellos sectores que sin pertenecer a estos pueblos comparten dignidades y lucha por la justicia. Uno es el de la ruptura del mito de la antítesis entre democracia directa y representativa. Los liberales decimonónicos consideran las prácticas y propuestas indígenas como un atentado a los llamados "avances de la civilización" y no aceptan la coexistencia y complementariedad de ambos tipos de democracia.

Hoy se observa un activismo en torno a las consultas ciudadanas como vía para acercar a la clase política la opinión de quienes formalmente representan. Por ello es importante detenernos a analizar los alcances, limitaciones y, sobre todo, el sentido de un ejercicio como éste.

Si bien la lucha contra el fraude electoral implicó, en última instancia, un fortalecimiento de la democracia representativa, ésta surgió de la movilización de la sociedad que respaldó la demanda de una legislación que garantizara el respeto a la voluntad popular.

La paradoja que hoy vivimos es que el logro de avances significativos en ese terreno no dejó satisfecha a una sociedad ávida de participación, no sólo por razones vinculadas a las prácticas no siempre encomiables de los partidos políticos o de los representantes y gobernantes electos, sino por la insuficiencia misma de tales espacios.

Así, se abren camino formas de democracia participativa y directa como las consultas, el referéndum o los plebiscitos, que aun sin contar con reconocimiento constitucional, ni con resultados de carácter vinculante, logran crecientemente legitimidad a pesar de que carezcan de legalidad.

Han sido relevantes ejercicios ciudadanos y civiles como la consulta zapatista sobre los acuerdos de San Andrés, así como la que se promovió desde el PRD en torno al Fobaproa. Mediante ellas los pueblos indígenas y amplios sectores sociales dieron lecciones a la clase política en eso de tejer legitimidad para sus demandas dejando constancia de voluntades expresas de respaldo a las mismas. Pese a ello, sus resultados no logran efectos directos en el campo de las decisiones aun cuando forman parte indiscutible de la gestación de un nuevo proyecto de nación. Porque ahora somos conscientes de que por la vía de los hechos se ha impuesto un proyecto de corte neoliberal en el cual los excluidos, además de invisibles, resultan prescindibles.

Tal es el trasfondo de la consulta sobre prioridades nacionales que se realizará los próximos días 19 y 20 de noviembre. Mediante esta jornada se busca colocar en manos de la ciudadanía la posibilidad de definir las prioridades en materia de soberanía, cambios constitucionales, la paz, los acuerdos de San Andrés y los derechos de los pueblos indígenas, la exclusividad de la nación sobre la energía eléctrica; la deuda social, antes que la financiera; la suspensión del apartado agropecuario del TLC y la reactivación del campo, así como el retiro de México de las negociaciones del ALCA.

Con una agenda así y un mandato de la sociedad en torno a ella podrían reducirse los márgenes de discrecionalidad que ejercen los poderes Ejecutivo y Legislativo, acostumbrados a acuerdos cupulares. Por ello será muy importante el grado de participación que se logre, y aun así no hay garantías inmediatas de respeto a la voluntad ciudadana.

Ciertamente existe el riesgo de que la efectividad de la consulta disminuya e incluso puede provocar desencanto, pues es obvio que su mandato no obliga a la hora de las decisiones. Por ejemplo, desde el plano indígena se consideró un avance que se incluyera el principio de consulta en el convenio 169 de la OIT aun sin ser obligatorios sus resultados. Sin embargo, en la práctica viven la distorsión que desde el Estado se practica en torno al derecho a la consulta y al cumplimiento mismo de compromisos firmados, como es el caso de los acuerdos de San Andrés.

Hoy es muy claro que para ejercer la democracia sin sacrificio de su cultura estos pueblos requieren mucho más que ser consultados o que algunos de sus integrantes sean representantes populares; necesitan el reconocimiento de su autonomía, esto es, del poder para decidir sobre sus asuntos fundamentales. También es evidente que la sociedad toda requiere del reconocimiento de diversas formas de democracia participativa y directa, las cuales deberán ser reguladas.

Si algo hemos aprendido en estos años es que el camino electoral no es la vía automática de la democracia porque lo importante no radica en votar por unos representantes o gobernantes, sino en que éstos respeten lo que deciden las mayorías. Que manden obedeciendo, de eso se trata.