El único avance es que se reabrió el caso, pero por la vía militar: Martha Figueroa

Sedena opone resistencia a investigación de tres indígenas violadas por soldados

ROSA ROJAS

A 22 meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara al gobierno mexicano reabrir y pasar al fuero civil el caso de tres indígenas tzeltales violadas tumultuariamente en Chiapas por militares en junio de 1994, el único avance que se ha logrado es que se reabra el caso, pero en la vía militar, informó Martha Figueroa, del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem).

"La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está oponiendo bastante resistencia a que se lleve la investigación por la vía civil", subrayó.

El Colem y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Costa Rica, presentaron este caso ante la CIDH el 5 de septiembre de 1995, argumentando la falta total de voluntad de las autoridades mexicanas para realizar una investigación seria de los graves hechos denunciados.

La CIDH envió su recomendación al gobierno de Vicente Fox en enero de 2001 y determinó hacer público su informe 53/01 en marzo del mismo año, ante la insistencia oficial de que el caso de las tres hermanas violadas por militares el 4 de junio de 1994, en un retén ubicado en Altamirano, Chiapas, se juzgue en el fuero militar.

En dicho documento la CIDH estableció que el gobierno mexicano es responsable de tortura y violaciones al derecho, a la integridad personal y a la protección de la honra y la dignidad, por lo que le recomendó investigar este caso "de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana".

Figueroa, abogada de las víctimas, informó que hubo una mesa de trabajo en Washington, el pasado 18 de octubre, para revisar los avances del gobierno del presidente Vicente Fox en el cumplimiento de la recomendación. Detalló que se vio, por una parte, lo de la reapertura del caso y, por otra, la reparación del daño, "que todavía se está valorando, a casi dos años de la recomendación, pero no queremos que vaya sólo en el sentido de reponer gastos y esas cosas, sino en cuestiones más generales, como la revisión de leyes para los casos de violencia sexual y para aquellos en que militares agreden a civiles".

En la citada mesa estuvieron representantes de la Procuraduría Militar (PM), de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría de Justicia de Chiapas -que se supone actúa como coadyuvante de la PM-, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Cejil, así como la propia Figueroa por el Colem, como denunciante y peticionaria.

Lo que ya no está a discusión, "y eso lo volvimos a repetir en Washington -subrayó Figueroa-, es si los militares violaron o no a las indígenas. Como se están resistiendo a lo que dice la recomendación, de que debe reabrirse la investigación por la vía civil, los militares incluso han tratado de decir 'no los consignamos (a los soldados acusados) porque no hay elementos suficientes en la investigación'. Pues claro, si la investigación de ellos está bien parcializada, y en un momento hasta negaron que existieran las tres hermanas violadas. Por eso consideramos un avance que se haya reabierto la investigación, así sea en la vía militar; ahora queremos que se traslade a la vía civil".

Mencionó que la Sedena había pedido a la procuraduría chiapaneca "un perito para identificar a las hermanas violadas con las fotos que ellos tenían, y que les aplicaran una serie de más de 100 preguntas a cada una. Yo comparecí como representante de ellas y dije que eso no era lo que se había acordado, que la procuraduría de Chiapas no podía hacer las diligencias que ellos pedían porque eso no era investigación, sino hostigamiento, y se rompieron las pláticas.

"En septiembre, Relaciones Exteriores y la PM dijeron que ya habían vuelto a reabrir el caso, que participáramos, que ahora sí lo iban a hacer de acuerdo con las peticionarias. Con ese avance llegamos a la mesa de trabajo en Washington, y apenas se van a realizar la diligencias que ellos dicen que faltan, aunque para mí no falta nada", dijo.

Figueroa comentó que "es común que un caso así quede en el olvido. El problema es que todas las acusaciones contra los militares no prosperan porque ellos son los que investigan". Identificó un patrón en este tipo de casos: de pronto se da un conflicto social en una zona, la región se militariza, hay presencia castrense en las comunidades indígenas y tarde o temprano se presentan estas acusaciones de abusos por parte de soldados.

"En tanto la ley no cambie para que las violaciones a los derechos de víctimas civiles por parte de militares sean juzgadas en tribunales del fuero común, no va a cambiar nada", enfatizó Figueroa.