Comunicado No. 88

Educación y trabajo

Sólo la mitad de los centros de trabajo tiene comisión mixta de capacitación y adiestramiento

LA MAYOR PARTE de las personas relacionadas con la educación de manera profesional, empezando por los maestros, reconocen claramente que la educación que imparte el sistema escolar no agota las dimensión educativa. Hay otras dimensiones de la educación que poseen gran influencia en la formación integral de los ciudadanos, a pesar de que no tienen posibilidad de ser medidas, como se hace, por ejemplo, con los resultados del aprendizaje escolar. En este comunicado nos referiremos a una de esas dimensiones de la educación pública, que se deriva de la formación que se imparte en otros organismos del Estado, concentrados o desconcentrados, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de la Defensa del Consumidor o la Comisión Nacional de Ahorro de Energía.

OBSERVATORIO CONSIDERA que se ha dado un esfuerzo muy desigual a la búsqueda de transparencia de las políticas públicas y los recursos asignados al sistema escolar. Es necesario analizar también esas otras políticas educativas y la manera como se están instrumentando -o dejando de hacerlo- en favor o en detrimento de la educación de la población mexicana.

TODOS LOS ORGANISMOS públicos tienen entre sus responsabilidades legales impartir educación o capacitación en lo que se refiere a su materia de trabajo. En este sexenio se creó el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (Conevyt) para fungir como enlace entre el sistema escolar y los organismos que cumplen también funciones educativas. La función de coordinación del Conevyt debiera dar lugar a la integración de un sistema de educación permanente, atento a las dimensiones escolares y extraescolares de la educación. Este consejo, que alentó expectativas importantes para renovar el sistema de formación de adultos del país, cuenta con un presupuesto muy reducido que emana de las escasas partidas asignadas al Instituto Nacional de Educación de Adultos y a lo que ha conseguido mediante donativos privados para la instalación de las "plazas comunitarias". Asimismo las funciones del Conevyt no agotan el potencial ni la responsabilidad educativa del sector público en su conjunto.

EN FORMACION Y CAPACITACION en y para el trabajo, más allá del entorno escolar, la principal responsabilidad recae en la STPS como depositaria del ordenamiento, la vigilancia y la promoción de la misma. La formación y capacitación laboral ha sido reconocida, desde hace más de tres décadas, como un derecho de todo trabajador. La ley marca como obligación de los patrones proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores (LFT, artículo 132, fracc. XV).

DESDE EL MOMENTO en que se hizo obligatorio satisfacer el derecho a la capacitación en 1973, la STPS ha instrumentado diversas instancias para cumplir la función de promoción de la capacitación entre los empresarios. Dispone de una subsecretaría de educación y capacitación y empleo que mediante la labor de diferentes direcciones generales lleva el control y registro de las comisiones mixtas de capacitación, los cursos que se imparten en las empresas, los organismos y agencias públicos o privados que están facultados para apoyar a las empresas en el cumplimiento de esta obligación, tal como señala la ley.

DESDE FINES DE LOS 60, la STPS creó un organismo descentralizado de promoción, el Programa de Calidad Integral y Modernización -el cual ha cambiado varias veces el significado de su siglas hasta llegar al actual CIMO--, que apoya estrategias de desarrollo de personal y capacitación, absorbiendo hasta 70 por ciento del costo de la misma, como parte de una visión integral de mejoramiento de la calidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. En la década pasada la STPS pudo participar en la administración del Programa de Becas de Capacitación (Probecat) que concede becas de un salario mínimo a desempleados durante seis meses para que alcancen una capacitación, sea dentro de los organismos escolares o dentro de las propias empresas, que aprovechan esa beca como salario o parte de él, durante el periodo mencionado. El público en general tiene poco conocimiento de esas instancias de capacitación, cuál es el monto de los recursos de que dispone, qué tan eficiente ha sido su administración, cuándo se han evaluado esos esfuerzos y qué resultados han arrojado tales evaluaciones.

LAS ESTADISTICAS nos informan que sólo 50 por ciento de los centros de trabajo tiene constituida su comisión mixta de capacitación y adiestramiento. Las empresas más modernas del país reconocen la importancia de la capacitación y le conceden una parte importante de su presupuesto y aun mayor atención que la convenida con los trabajadores, sin embargo, la mayoría de los centros de trabajo simplemente no capacitan.

LA ENCUESTA NACIONAL de Educación, Capacitación y Empleo de 1999 señala que del total de la población de 12 años y más que constituye la población económicamente activa y que había trabajado en esa fecha, apenas 20 por ciento había tomado algún curso de capacitación. Diversas investigaciones concluyen de manera coincidente en que quienes se benefician de la capacitación impartida son los mandos medios y superiores de las empresas y quienes tienen mayor escolaridad. En algunos sectores la capacitación está más arraigada que en otros, y prácticamente no existe en una buena parte. Es cierto que la formación en el trabajo admite muchísimas formas y modalidades no necesariamente sujetas a "cursos de capacitación", pero la cifra mencionada da idea de la magnitud del espacio de desatención a una necesidad pública cada vez más reconocida y que se ha remitido "a los patrones" para su atención.

LA OBLIGACION LEGAL de capacitar está siendo ahora revisada como parte del poco conocido proyecto de reforma de la LFT. Es fundamental que la propuesta de formación y capacitación en el trabajo se someta a la consideración de expertos en el trabajo y en materia legal. Los especialistas identifican la nueva concepción de la capacitación estrechamente imbricada con una nueva gestión y promoción de los recursos humanos, base de la economía del conocimiento e innovadora de prácticas pedagógicas sumamente interesantes y trascendentes como los círculos de calidad y las comunidades de práctica. Pero además aparecen las redes regionales y sectoriales de creación y transferencia de conocimiento productivo y la posibilidad de articular mayormente diversos esfuerzos públicos y privados en la materia que deberán ser previstos en la ley.

LA SECRETARIA DEL TRABAJO ha recibido recientemente la administración exclusiva del Consejo de Certificación de Normas Laborales (Conocer), organismo que había sido coordinado conjuntamente por la STPS y la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la idea de lograr de manera ampliamente participativa la definición de normas estandarizadas de competencia laboral de validez internacional, que serían el referente modelo de las políticas de modernización tanto de las escuelas técnicas y profesionales como de la capacitación en las empresas. Las competencias permitirían la posibilidad de certificar los conocimientos de los trabajadores, adquiridos por la vía de la práctica laboral, como su capital laboral más importante. El organismo, sin más sustrato legal que un fideicomiso con el Banco Mundial, requiere una evaluación y rendimiento de cuentas, no sólo del dinero que manejó sino de la eficacia, la validez y la pertinencia del trabajo desarrollado durante tantos años. Sorprende también que se elimine a la SEP de su participación en la coordinación del organismo, que ciertamente había sido uno de los logros de la ya tan necesaria integración de ambas secretarías en materia de formación en y para el trabajo y que había dado origen al ambicioso Programa de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación.

EN MOMENTOS EN que en todos los países lo que se busca es la participación e integración del mayor número de actores: empresariales y escolares, públicos, privados y del tercer sector, sorprende que en México se regrese a los viejos feudos institucionales impuestos por las secretarías de Estado.

¿QUÉ ATENCION RECIBEN en materia de formación para el trabajo los que están excluidos de éste, así como del sistema escolar? Por lo visto sólo algunas instancias de la SEP les prestan atención: los Centros de Capacitación para el Trabajo y algunos programas puntuales de las instituciones del sector tecnológico, como el programa de atención a zonas marginadas del Conalep. El Probecat y el CIMO de la STPS también tienen cierto alcance en estos medios, cuyo peso, presencia y eficiencia sería importante conocer. Pero no sólo no se informa públicamente de estas actividades, sino que tampoco existen investigaciones suficientes sobre este tipo de programas.

UNA INVESTIGACION reciente sobre las oportunidades de capacitación para el trabajo a las que tienen eventualmente acceso los jóvenes mexicanos excluidos del sistema escolar a veces sin concluir ni la primaria, y en condiciones de empleo sumamente precarias, remite a la necesidad de conocer mejor las actividades que realiza el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, al igual que las actividades que efectúan este organismo y otros como el ISSSTE y el IMSS para mejorar la "economía doméstica" de las familias mexicanas, aspecto tan menospreciado por la educación escolarizada. Convendría prestar atención desde la observación ciudadana a los objetivos, los contenidos, las modalidades y los métodos educativos de estas instancias no escolares y a los recursos públicos que se les destinan.

TODOS ESTOS ESPACIOS de la "otra" educación pública, en este caso las orientadas a enfrentar un desafío tan importante como la mejor preparación de los mexicanos para el trabajo, deben quedar sujetos al rendimiento de cuentas.

Nuestros comunicados aparecen en el primer y el tercer viernes de cada mes en este espacio periodístico; se pueden reproducir en cualquier medio indicando su procedencia. Todos los ciudadanos están
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