Descubren anomalías por $1 millón en su gestión

Ordenan ejercitar acción penal contra ex edil de Silao, Guanajuato

MARTIN DIEGO CORRESPONSAL

Guanajuato, Gto., 8 de noviembre. La Comisión de Hacienda del Congreso local instruyó a la Procuraduría de Justicia del estado a iniciar acción penal contra el ex alcalde de Silao, el panista Gerardo Valdovino Fuentes, a quien le encontró irregularidades en su administración por un millón de pesos.

Luego de la revisión de la cuenta pública, la comisión detectó que durante 1998 la administración de Valdovino Fuentes registró ganancias por 700 mil pesos de la organización de las fiestas patronales, sin embargo, los recursos no ingresaron a las arcas municipales.

Además, se localizaron 300 mil pesos "rasurados" del ramo 33 del gobierno federal, de donde los miembros del ayuntamiento se autorizaron préstamos personales, presuntamente utilizados con propósitos partidistas.

"No es casualidad que los regidores de ese tiempo, Jorge Galván y Clemente Padilla, sean ahora diputados local y federal, respectivamente, por ese partido", deduce el titular de la Comisión, Francisco Israel Pardo García.

Fuentes del Congreso revelaron que la comisión revisa los gastos personales del edil en los que se habría localizado gastos excesivos en cuentas médicas, viajes a Argentina, compra de 100 trajes marca Hugo Boss, Oscar de la Renta y Aramis, así como bisutería, bajo los rubros de "gastos personales del alcalde para mejorar su imagen".

Durante el proceso proselitista de 2000 los propios panistas acusaron al edil de pagar 500 pesos por voto en favor del hoy gobernador Juan Carlos Romero Hicks, mediante la operación "sombrero rodante" orquestada por la Liga de Acción Agropecuaria, el sector campesinos del PAN, del cual ha sido líder el ex alcalde de Silao.

Diputados de oposición temen que el dictamen sea devuelto al Congreso, debido a que la procuraduría tiene al menos 20 expedientes para cumplimentar órdenes de aprehensión donde se presume delito de peculado y no ha hecho nada hasta ahora.

Se oponen a reformas judiciales

En protesta por la determinación de la fracción parlamentaria del PAN de discutir reformas al Código de Procedimientos Civiles y al Código Penal, el Frente Estatal de Lucha Social convocó a la resistencia civil con el propósito de evitar que prosperen dichas leyes que, entre otros objetivos, permitiría los juicios sumarios de acreedores de vivienda promovida por los programas sociales del estado.

Los 22 diputados albiazules, mayoría en el Congreso, turnaron la discusión de dichas leyes, que según el panista Domingo Méndez Mata son necesarias "para dar seguridad jurídica a los inversionistas en materia de vivienda".

Sin embargo, Roberto Fernández, vocero del Frente Estatal de Lucha Social, asegura que "esa ley permite que en sólo cinco días se permita procesar por la vía penal a los acreedores de vivienda beneficiados por los programas del gobierno del estado".

Agrega que en Guanajuato hay al menos 800 fraccionamientos irregulares donde "vive gente que gana hasta un salario mínimo y que viven del empleo informal. La propuesta de los diputados panistas pretende desaparecer a la clase popular y dar mayor certeza jurídica a los inversionistas inmobiliarios" concluye.