Aduce inconstitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos, que ilegaliza a la coalición

Batasuna acude al Tribunal Supremo de España para evitar su proscripción

Se ignora paradero de diputado nacionalista vasco contra quien se giró orden de aprehensión

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 8 de noviembre. La coalición nacionalista vasca Batasuna apeló ante el Tribunal Supremo de España la inconstitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos, con la que el gobierno de José María Aznar busca proscribir a dicha agrupación por sus presuntos vínculos con la organización armada ETA.

La formación abertzale es sometida a dos procesos para disolverla. Por un lado, el abierto en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón, quien decidió la suspensión cautelar de sus actividades, el cierre de sus sedes y el embargo de sus cuentas bancarias.

La Fiscalía General del Estado y el gobierno de Aznar, que contó con el respaldo de la oposición socialista, presentaron ante el Tribunal Supremo demandas de ilegalización, sustentadas sobre todo en las actas de ayuntamientos y sedes parlamentarias en las que Batasuna se ausentó o se negó a condenar las mociones contra el atentado perpetrado por ETA en Santa Pola.

Los abogados que representan a Batasuna, Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, advirtieron en un escrito que ninguno de los hechos presentados por el gobierno y la fiscalía "pueden conllevar la ilegalización", por lo que de perpetrarse se violaría la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

De esa manera los abogados insistieron en que se debe someter la nueva legislación de partidos políticos a una cuestión ante el Tribunal Constitucional, una medida que de aceptarse obligaría a este órgano judicial a pronunciarse para continuar con el proceso.

Señalaron que el gobierno pretende que los magistrados apliquen la ley con un criterio de retroactividad, pero expresaron que al no existir un supuesto fáctico imputable a Batasuna tras la entrada en vigor de la legislación, no se puede hacer una "valoración hacia atrás del comportamiento de esta formación, pues ello supondría la quiebra del principio de retroactividad".

Rechazaron asimismo los planteamientos del abogado del Estado y de la fiscalía respecto a las conductas que darían lugar a ilegalización, ya que a su juicio sólo pueden provocar la disolución de un partido aquéllas que supongan un "ilícito penal".

En ese sentido, insistieron en que no condenar acciones violentas o terroristas "no es una conducta ilícita a los efectos de la ilegalización de un partido político" y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que una medida así vulnera el artículo 11 de su legislación "si no se sustenta en un apoyo o invitación expresa a la violencia y el terrorismo".

La defensa sostuvo que la proscripción sólo se puede aplicar en casos graves, por lo que de continuar con el proceso se vulnerarían derechos básicos, como los de asociación y libertad de expresión de ideas y opiniones, así como la libertad ideológica y la de participación en actos públicos.

Por otro lado, el vicepresidente primero del gobierno español, Mariano Rajoy, informó que se ignora el paradero del diputado de Batasuna José Antonio Urrutikoetxea, conocido por el alias de Josu Ternera, contra quien se giró una orden de detención el miércoles pasado.

El diputado se negó a comparecer ante la Corte Suprema, donde es procesado por un atentado cometido por ETA en 1987 contra un cuartel de la Guardia Civil -y que según el Ministerio del Interior fue ordenado por el propio Urrutikoetxea, entonces uno de los supuestos dirigentes del grupo armado- al estimar que el juicio es una "farsa" y que forma parte de los ataques contra el independentismo vasco.

Ante esto, el juez de la Corte decidió ordenar la detención de Josu Ternera para el 13 de noviembre, cuando será obligado a comparecer ante la sala de lo penal.