Miguel Concha
Deuda social y presupuesto público
La Constitución establece que para alcanzar el desarrollo integral del país, el Estado, como rector del mismo, debe fortalecer la soberanía y el régimen democrático, por medio del fomento al crecimiento económico, el empleo y la justa distribución del ingreso y la riqueza generada. Uno de los instrumentos que le permiten ejercer esta función es el diseño y ejecución de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, que anualmente son revisados para su aprobación por la Cámara de Diputados y el Senado, en el primer caso, y exclusivamente por la Cámara de Diputados en el segundo.
El Presupuesto de Egresos es el instrumento más ordenado y explícito del que dispone el gobierno para orientar el tipo de desarrollo que desea para el pueblo, y por ello ayuda a comprender con toda claridad el tipo de compromisos que está dispuesto a asumir, pues en él se establecen las prioridades del gasto público.
Desde hace décadas el Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos han sido diseñados desde una perspectiva inercial y autoritaria, excluyendo a la ciudadanía y asignando a los representantes populares -hasta el año pasado, en razón de la nueva correlación de fuerzas partidarias surgida el año 2000- un papel marginal. En este esquema los funcionarios del Poder Ejecutivo etiquetan en primer lugar como "no programable" del volumen disponible la enorme masa de recursos necesarios para el pago del servicio de las deudas financieras, y hacen después, del saldo sobrante, la distribución de gastos para las dependencias, programas y políticas públicas. Esto ha propiciado la falta de reconocimiento y atención adecuada de los rezagos sociales, impidiendo con ello que el Estado cumpla su función redistributiva.
A pesar de la alternancia, las iniciativas de Presupuesto de Egresos que ha presentado el Ejecutivo federal mantienen en su diseño la inercia y la exclusión, en conformidad con la concepción neoliberal de contención del gasto público, y de un presupuesto equilibrado a partir de una política monetaria restrictiva, que implica mantener controladas las variables macroeconómicas, para satisfacer las presiones de los grupos económicamente poderosos. Quedan así incólumes "errores del pasado" como el Fobaproa -hoy legalizado mediante el IPAB-, reafirmando a la vez una amplia dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros.
En efecto, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos que el pasado martes entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, el gobierno federal dejará de gastar 9 mil 893 millones de pesos en educación, salud, actividades agropecuarias y desarrollo social -por sí no fuera ya poco-, y destinará en cambio 170 mil 708 millones de pesos para el servicio de la deuda pública, adeudos de ejercicios fiscales anteriores y pago por el rescate bancario. Se ha informado además que dicho Presupuesto de Egresos mantiene sobre todo controladas las variables macroeconómicas, y que una vez más fue evaluado y concertado en Washington con el Fondo Monetario Internacional, por la SHCP y el Banco de México.
En estas circunstancias es indispensable que la sociedad civil se movilice y se pronuncie por un presupuesto más equitativo, que parta del reconocimiento de los rezagos acumulados como deuda social, y les otorgue la misma y esmerada atención que se ha dispensado al tratamiento de las deudas financieras. Para ello es necesario determinar en primer lugar el gasto anual y multianual requerido para dar satisfacción a esas prioridades nacionales, lo que significa asumir como compromiso de Estado el cumplimiento puntual de los mandatos constitucionales, y a partir de ellas determinar las posibles fuentes de ingreso, donde podría comenzarse a considerar la corrección de "errores del pasado" como la reforma de la Ley del IMSS, y la revisión del Fobaproa, sin olvidar el incremento de recursos que previsiblemente se pueden obtener del combate a la corrupción y el aumento de la eficiencia administrativa, así como por la puesta en marcha de una reforma fiscal integral.
Es por ello de capital importancia que la ciudadanía participe en la consulta de prioridades nacionales que un comité ciudadano promotor está convocando para el 19 y 20 de noviembre próximos, pues en ella entre otras cosas se le preguntará si está o no de acuerdo en que en el Presupuesto de Egresos de 2003 se reconozca el tamaño de las necesidades sociales en educación, salud, cultura, pensiones, vivienda, salario y empleo, y que éstas tengan prioridad sobre la deuda financiera. Ni la ciudadanía ni los representantes populares pueden estar al margen de estas decisiones que les afectan directamente.
