Dice los qué, pero omite los cómo y los cuánto, indican diputados respecto de la iniciativa

Sólo una lista de buenas intenciones, el proyecto de blindaje agropecuario

El documento de 60 puntos prevé facilidades fiscales, subsidios a energéticos y créditos a productores

Hacienda propone reducción de presupuesto a Agricultura de casi $2 mil millones

ROBERTO GARDUÑO

El proyecto de blindaje agropecuario que el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, presentó el miércoles a diputados del sector, contenido en un documento de 60 puntos, incluye las líneas generales que habrá de emprender el gobierno para enfrentar la libre circulación de productos del campo el próximo año, como establece el Tratado de Libre Comercio, pero no precisa montos económicos, por lo que corre el riesgo de convertirse en un blindaje de papel, advirtió el priísta Arturo de la Garza Tijerina.

De la Garza Tijerina, presidente de la Comisión de Ganadería en la Cámara, dio a conocer el texto, y manifestó disgusto, porque ''el secretario Usabiaga sólo vino a decirnos lo que piensan hacer, pero no nos dijo cómo ni con cuánto''.

El miércoles Usabiaga se reunió con legisladores del sector agrocampesino para explicarles la estrategia gubernamental de protección a los productores mexicanos. Un buen número de diputados le cuestionó por qué el gobierno federal había reducido el monto del presupuesto anual para esa secretaría, de casi 36 mil millones a poco menos de 34 mil millones de pesos. Vino entonces a la memoria de los representantes populares la promesa del presidente Vicente Fox de incrementar año con año los apoyos a los productores y campesinos.

El diputado De la Garza recordó que en el encuentro el titular de la Sagarpa argumentó una y otra vez que él sólo necesitaba manos libres para apoyar a los productores. ''Nos pareció extraño que así fuera, porque nos dijo que él así podría disponer de recursos para hacer compras o incrementar programas''.

Fue entonces cuando Javier Usabiaga entregó el documento titulado Acciones de política agroalimentaria y pesquera para el fortalecimiento sectorial. Se dijo entonces que este era el blindaje anunciado por la administración foxista.

Los objetivos, indica el documento, son superar los rezagos estructurales, particularmente la pobreza; desarrollar todas las potencialidades de los habitantes del medio rural, y aprovechar las oportunidades que presenta el mosaico social y productivo del campo, así como el acceso preferencial del que goza México en los principales mercados de exportación del mundo, y plantea siete líneas estratégicas de desarrollo:

Fomentar la integración de las cadenas productivas, con la finalidad de que el productor retenga la mayor parte del valor agregado.

Fomentar la producción y la productividad en los productos agropecuarios en los que México presenta déficit comercial.

Fomentar la organización económica de productores.

Impulsar la creación de un sistema financiero rural.

Ordenar los mercados agropecuarios.

Aprovechar la capacidad para el procesamiento industrial de los productos.

Aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología moderna.

Las líneas de acción

El documento con la estrategia de blindaje incluye las iniciativas que deberán resolverse en el ámbito legislativo y regulatorio con el propósito de operar el cambio estructural en el sector.

El Ejecutivo presentará una iniciativa de reformas a las leyes de Comercio Exterior, sobre Metrología y Normalización, y de Pesca, así como una iniciativa de ley para la creación de la nueva financiera rural y un marco regulatorio de los intermediarios financieros rurales.

Además se propondrán, junto con la Secretaría de Hacienda, modificaciones a la Ley del ISR, consistentes en reducir ese impuesto a las personas físicas y morales que realicen inversión directa.

En materia de sanidad, inocuidad y calidad se pretende un rígido control de los productos importados mediante el diseño y la aplicación de normas y estándares de calidad para darle transparencia a las transacciones comerciales.

En el ámbito de las acciones para fortalecer la competitividad del sector productivo, las metas son ambiciosas; no obstante, no hay una previsión exacta ni aproximada de los recursos federales que habrán de utilizarse para proteger a los productores mexicanos.

En el sector de los granos y las oleaginosas, la Secretaría de Agricultura señala que su política se orienta a vigilar el proceso de transacciones mediante el estándar de los precios internacionales de mercado. Además, garantizará el ingreso por tonelada de los granos y las oleaginosas por un plazo de cinco años fiscales, con el objetivo de brindar certidumbre a productores y agentes económicos del sector.

El ingreso garantizado tiene tres componentes básicos: el Procampo expresado en toneladas, los ingresos provenientes del mercado, y los apoyos adicionales para alcanzar el ingreso garantizado, en caso de que el Procampo y los ingresos del mercado resulten insuficientes.

De cómo operará el Procampo, el documento refiere que seguirá pagándose con una cuota fija por hectárea. "El Procampo expresado en toneladas y su regionalización correspondiente tiene como única finalidad incorporarlo en el cálculo del ingreso garantizado".

Para el sector pecuario se incorporarán dos programas: el primero, conocido como Estímulos a la productividad ganadera, tiene como intención incrementar el índice de cobertura vegetal en las tierras de pastoreo, y se plantea incorporar 250 mil unidades de protección pecuaria extensiva. Ahí se prevé un apoyo inicial adelantado de 30 por ciento. Del mismo modo se establecerá un Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, el cual incluye acciones de registro productivo, sanidad, control de movilizaciones y rastreo para esquemas de inocuidad alimentaria.

En lo relativo a los insumos mediante precios competitivos, se indica la estandarización a 30 centavos de peso por kilovatio/hora para el sector agrícola; el fomento a la tecnificación del riesgo y ahorro de agua mediante el apoyo con cinco por ciento del pago del consumo de energía eléctrica, y acceso al diesel para el sector agropecuario a precios competitivos.

Otro tema incluido en la política agroalimentaria y pesquera es el financiamiento. Como ocurre en todo el texto, las cifras están ausentes, y la explicación de lo que se pretende es amplia:

''Se fortalecerán y ampliarán los esquemas que facilitan el acceso de los productores a los mecanismos de administración de riesgos (seguros y coberturas de precios). Se otorgarán facilidades a aquellos productores que presenten proyectos de reconversión, para utilizar los recursos del Procampo y de otros programas. El Estado deberá participar en el cambio corresponsable del uso del crédito agrícola, compartiendo el riesgo en el financiamiento a corto y largo plazo.

''Se fomentará con los gobiernos de los estados la creación de fondos de garantía para que apuntalen el surgimiento de nuevos actores en el financiamiento rural. Se aplicará el sistema financiero de manejo de grandes cosechas, con el objeto de que los productores cuenten con liquidez. Y se ampliará la cobertura del sistema financiero en el medio rural".