Generados mediante Banco Unión, los fondos financiaron las campañas de Colosio y Zedillo

Madrazo y Ortiz Arana llevaron al PRI 25 mdd irregulares en 1994

El ex presidente siempre supo que el negocio de Carlos Cabal desvió recursos al partido

Se simularon créditos a empresas canalizadoras para transferir los fondos al tricolor, dice informe

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GONZALEZ Y MIREYA CUELLAR

Fernando Ortiz Arana, quien hoy protestará ante Roberto Madrazo como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Querétaro, fue uno de los cerebros del financiamiento irregular que recibió la campaña presidencial del PRI en 1994. Así lo corroboran las decenas de documentos con informes, cheques, estados de cuenta y todo el archivo sobre Banco Unión que el entonces presidente Ernesto Zedillo entregó a la Cámara de Diputados por orden de la Suprema Corte.

Madrazo Pintado y Fernando Ortiz Arana "maquinaron" la oscura operación mediante la cual, en complicidad con Carlos Cabal Peniche -cuando era dueño de Banco Unión-, llevaron financiamiento irregular a las campañas presidenciales de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, así como a la del propio Madrazo por la gubernatura de Tabasco.

Hace nueve años estaban en posiciones inversas. Ortiz Arana era el dirigente nacional del tricolor, y Madrazo del comité estatal en Tabasco, desde donde se hizo candidato a gobernador.

Son los artífices -lo muestran sus firmas estampadas en los contratos y los cientos de documentos de Banco Unión- de los fideicomisos que permitieron al PRI llenar sus arcas con 25 millones de dólares entre 1993 y 1994, según la versión que Cabal dio en mayo de 1999 desde una cárcel de Melbourne (Australia), y que Madrazo "precisó" al calor de la disputa con Francisco Labastida, cuando dijo que en realidad habían sido "15 millones de dólares, pero 85 por ciento se dedicó a la campaña presidencial" y el resto a la disputa por la gubernatura de Tabasco, con él como aspirante.

Los distintos contratos de fideicomisos "de inversión y administración" que Madrazo y Ortiz Arana firmaron con Banco Unión para poder captar los recursos -que forman parte de un amplio expediente del Organo Superior de Fiscalización y que llegaron a manos de éste tras un largo litigio que culminó el 24 de agosto de 2000, cuando la Corte falló contra Zedillo- responden al mismo machote.

Dicen, por ejemplo, en su inciso "d): las leyes electorales establecen el financiamiento público y lo vinculan con la fuerza electoral. Pero es el esfuerzo del PRI por recaudar fondos y establecer fuentes alternativas de financiamiento, lo que lo caracteriza como organización política que defiende su autonomía".

En el fideicomiso número 2929-4, que fue constituido el 22 de julio de 1993, cuando el PRI todavía no tenía candidato -firmando como fideicomitente Fernando Ortiz Arana, en su calidad de presidente del tricolor, y Carlos Sales Gutiérrez, como secretario de Finanzas del comité nacional-, se depositaron cinco días después de su creación 60 cheques de caja por un importe total de 47 millones 175 mil pesos, que salieron de la cuenta de balance 1503, matriz y sucursales de Banco Unión, que era a su vez el fiduciario.

La operación se disfrazó para que pareciera que los cheques se habían originado en distintas sucursales del interior de la República y, aunque se programaron para ser cargados a la cuenta de cheques 964004-5, que correspondía al fideicomiso, la negociación se hizo por conducto de varios bancos en los que el PRI tenía cuentas de cheques.

En un informe del 13 de diciembre de 1994, elaborado por el personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), poco más de dos meses después de que el banco fue intervenido, se detalla cómo operó ese primer fideicomiso priísta. Es decir, el entonces presidente Ernesto Zedillo, quien ahora da consejos sobre manejo de recursos, siempre supo que Banco Unión había desviado recursos al PRI.

Sin embargo, el entonces presidente siempre se negó a entregar la información del banco de Cabal a la Cámara de Diputados, hasta que la Suprema Corte se lo ordenó el 24 de agosto de 2000, a efecto de que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) concluyera las auditorías pendientes del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Este primer fideicomiso se firmó antes de que el PRI tuviera candidato a la Presidencia. Los 47 millones 175 mil pesos de los 60 cheques de caja cargados a la cuenta del PRI se convirtieron en 50 millones, gracias a los intereses. Cuarenta millones fueron depositados luego en cuentas de la Tesorería General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y los 10 restantes en la Secretaría de Finanzas.

La primera entrega a la tesorería priísta se hizo el 4 de octubre de 1993 y la segunda un mes más tarde, el 5 de noviembre. Apenas cinco días después de que Colosio fue "destapado" como candidato presidencial del PRI, se hizo la tercera transferencia.

Esas tres operaciones sumaron 40 millones de pesos. Del resto que permaneció en el fideicomiso 2929-4 se dispuso nuevamente hasta el 12 de mayo de 1994, cuando se transfirieron 9 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas del PRI, casi dos meses después de que Colosio fue asesinado en Tijuana, Baja California.

La última transferencia de este dinero fue el 31 de mayo, al enviarse un millón de pesos a esa secretaría. Las cinco disposiciones se hicieron vía cheques de caja.

En un informe dirigido a Juan Alberto Carbajal González, coordinador jurídico del grupo financiero Unión-Cremi, se dice: "es importante agregar que los recursos con los cuales se compraron los cheques de caja para eliminar las partidas de matriz y sucursales provienen de las cuentas de cheques 966232-4, de María del Carmen Mezquita Ochoa (secretaria particular de Cabal Peniche), y de la 966860, de Real Turismo (empresa que controlaba la cadena Camino Real y otros hoteles, que tenía como accionista mayoritario a Alvaro López Castro, también socio de Cabal), respectivamente; sin embargo, de acuerdo con nuestros análisis detectamos que estas cuentas se allegaron recursos de otras empresas, como Del Valle Zapata y Asociados".

Concluye el documento que estas operaciones contables "están fuera de toda sana práctica bancaria", porque se "simularon" créditos a empresas "canalizadoras" en distintas sucursales del país para poder transferir el dinero al PRI, "organismo político que no tiene relación por operaciones financieras con el banco, desconociéndose la razón de la entrega de estos fondos".

Hasta aquí, a pesos de ese momento, el PRI había captado 15 millones de dólares vía el fideicomiso 2929-4, abierto por Ortiz Arana con una aportación inicial de mil pesos.

El segundo fideicomiso

Por aquellos días Ortiz Arana andaba muy activo. El 26 de julio de 1993 -apenas cuatro días después del primero- abrió un segundo fideicomiso, el 1718-0, que operó hasta el 29 de octubre de 1994. Según un informe dirigido por Pedro Zamora Sánchez, vicepresidente de la CNBV, con fecha 16 de enero de 1996, por esta vía el PRI recibió aportaciones del orden de 74 millones 257 mil pesos, que generaron intereses por 2 millones 133 mil 458 pesos.

Es decir, el fideicomiso 1718-0 captó 76 millones 390 mil 458 pesos con 35 centavos. Según el desglose que se hace a Pedro Zamora del segundo fideicomiso -en ese enero de 1995, de penurias para buena parte del país, con un Zedillo que empezaba a acomodarse en el poder- también la Secretaría de Finanzas del PRI hizo depósitos en él por 45 millones 67 mil pesos, una el 16 de noviembre de 1993 y otra dos días después.

Pero uno de los primeros que colaboraron con este fideicomiso fue Banamex, entonces propiedad de Roberto Hernández y Alfredo Harp, que el 21 de agosto de 1993 entregó 9 millones 350 mil pesos. También se "mocharon" con el PRI por este camino las empresas Polydom y Servid, SA de CV, cada una con 3 millones 120 mil pesos, así como Carlos Sánchez de la Peña, con 3 millones 150 mil pesos; Salvador Martínez Garza, con 6 millones 300 mil pesos; Juan A. Covarrubias, con 3 millones 150 mil pesos, y Carlos Cabal Peniche, con un millón.

El PRI sacó el dinero de ese fideicomiso mediante nueve cheques de caja expedidos en favor de su Secretaría de Finanzas. La extinción de este fideicomiso corrió a cargo de Oscar Espinosa Villarreal, luego de que Ortiz Arana le otorgó poder "con todas las facultades generales y especiales para pleitos y cobranzas". Para entonces Espinosa Villarreal era secretario de Finanzas del CEN del PRI.

Cuando Ortiz Arana fue derrotado en 1997 por el panista Ignacio Loyola Vera en Querétaro, se le dio por muerto políticamente. Tuvo un regreso sin gloria que lo obligó a ocupar en silencio la curul que había dejado en la vieja casona de Xicoténcatl, y después aceptar una plurinominal en la Cámara de Diputados.

Todo, luego de haber sido líder de la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados y del Senado. Incluso, en las horas del desasosiego priísta por el asesinato de Colosio, maniobró para hacerse de la candidatura hasta que el videodedazo de Manlio Fabio Beltrones paró en seco sus aspiraciones.

Pero estos son sólo los fideicomisos del CEN del PRI. Los del comité directivo estatal de Tabasco, que firmó Roberto Madrazo, se cocinaron aparte. Este vivió su propia ruta estos años. A punto de ser removido por Zedillo en 1995, maniobró para quedarse en la gubernatura tabasqueña. Desde allí operó su precandidatura a la Presidencia de la República por el PRI. Derrotado por Labastida en 2000, Madrazo volvió para hacerse del partido, siempre gracias a la misma cadena de complicidades.