La PGR los manipula según sus intereses, aseguran

Impunan reos de La Palma el uso de testigos protegidos

Desde Almoloya, en una carta abierta, reclusos sentenciados o señalados como narcotraficantes cuestionaron la figura del testigo protegido para determinar la responsabilidad de posibles delincuentes, ya que "son personas que están prácticamente en poder de la parte acusadora", aseguran.

Se trata de personajes que ocuparon en su momento las listas de los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos. Alcides Ramón Magaña, El Metro; Gilberto García Mena, El June; Benjamín Arellano Félix; Miguel Angel Caro Quintero; Ismael Higuera Guerrero, El Mayel; Baldomero Medina Garza, El Señor de los Tráilers; Oscar Malherbe de León; Rigoberto Gómez Guerrero, El Primo; Albino Quintero Meraz, todos internos del Centro Federal de Readaptación Social de La Palma, e Ivonne Soto Vega, La Pantera, interna en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito.

Todos convinieron, mediante el grupo de abogados que los representa "en paquete", manifestar su "total rechazo" a la figura de testigo protegido ya que, explican, "por ser éste un criminal confeso que obtiene impunidad de la autoridad investigadora, a cambio de declarar contra una persona, según convenga a los intereses de la Procuraduría General de la República (PGR)".

Consultado por este diario, el abogado que envió por fax el comunicado no precisó de quién fue la iniciativa, pero dijo que, pese a encontrarse en secciones diferentes de la misma prisión de alta seguridad, algunos de sus representados consiguieron reunirse y consensuaron el contenido del texto, que posteriormente le fue hecho llegar a otros internos "que agregaron una o dos cosas" y al final consintieron que su firma se sumara a las de sus compañeros de prisión. Algunos se encuentran en espera de una resolución a su caso.

El comunicado de tres páginas está dirigido al presidente Vicente Fox; al secretario de Gobernación, Santiago Creel; al titular de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero; al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel; al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández. Los firmantes mencionan el juicio contra los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, como ejemplo de que los testigos protegidos han sido pieza clave en el proceso.

"ƑQué sucedió? Los testigos protegidos, que ante el Ministerio Público recordaron hasta el más mínimo detalle para incriminar a estas personas, al momento de declarar ante el juez militar y de ser careados con los acusados, simplemente no recordaron nada, porque había pasado mucho tiempo, lo cual demuestra el claro aleccionamiento e inducción de estos testigos por parte de la PGR. Aquí cabe preguntar, Ƒqué confianza merece un testigo protegido, que está prácticamente en poder de la parte acusadora, que lo tiene incomunicado, aislado, maniatado, cautivo en sus propias instalaciones?", advierten los quejosos.

Mencionan que en el caso de Miguel Angel Caro Quintero e Ivonne Soto Vega, se usó a un testigo protegido con el sobrenombre de Marco Antonio, cuyo verdadero nombre, aseguran, es Elihud Ochoa Brizuela, "quien es un criminal", detenido en flagrancia en la ciudad de Mexicali, Baja California, quien ha confesado haber cometido delitos contra la salud y "de forma descarada" ha explicado al detalle su intervención en múltiples ilícitos.

A este "testigo", la PGR, mediante la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, se le otorgó "impunidad" bajo la "engañosa" figura de testigo protegido. Los que suscriben aseguran que en sus respectivos procesos han "demostrado" que Marco Antonio "miente" y que la PGR "lo utiliza e induce a la mentira"; todo con el fin de "perjudicarnos".

"ƑEs esto un método eficaz y moderno de investigación? ƑTienen los testigos protegidos un régimen de excepción que hace que la PGR y los jueces les crean ciegamente, sin preocuparse por corroborar su dicho? ƑDe esto están enterados el procurador general de la República, el presidente de la Corte, que lo es también del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la vigilancia y disciplina de todos los jueces federales?", insisten los reos.

Manifiestan su preocupación "no por las mentiras" con las que se conducen estos testigos "y la PGR", sino porque los jueces que tienen a cargo sus procesos no valoren oportunamente las pruebas desahogadas y contenidas en sus respectivas causas. "Esa duda tiene fundada razón, porque nos hemos percatado de que existe el temor general de los jueces federales a emitir resoluciones apegadas a derecho y en justicia, que sean favorables a las personas que están vinculadas a asuntos de los llamados de relevancia y trascendencia", ya que, aseguran, "de hacerlo son exhibidos por la PGR, se les fincan responsabilidades y se les acusa de proteger a delincuentes y narcotraficantes".

De acuerdo con los firmantes, "toda la ciudadanía debería sentir temor ante la forma en que la PGR manipula a los testigos protegidos. Estos criminales, mentirosos y convenencieros, están dispuestos a declarar contra quien la PGR les señale, con tal de no ser procesados y metidos en la cárcel".