La PGR ni siquiera ha podido "demostrar" que existan bandas de civiles armados

Fracasa el gobierno foxista en la lucha por desarticular grupos paramilitares

Sin castigo, cientos de crímenes cometidos presuntamente por estas organizaciones

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 26 de octubre. A más de dos años del gobierno foxista, nada sustancial ha ocurrido en relación con los grupos contrainsurgentes que operan en Chiapas. Diseñados para ser difusos y ejecutar acciones bajo una estructura propia de grupos organizados, han sido y son oficialmente inexistentes.

El problema de los paramilitares en Chiapas es responsabilidad del gobierno federal. Lo es aunque se haya originado en los albores del sexenio de Ernesto Zedillo, cuando en la región se puso en marcha una estrategia contrainsurgente nunca antes vista en nuestro país. Los programas sociales, administrados por los gobernadores interinos Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén, combinaron el tradicional clientelismo priísta y progubernamental "de-a-cómo-no" con una deliberada división de las comunidades, que generara violencia "entre indígenas" y "quitara el agua a la pecera" de los rebeldes zapatistas.

El resultado fueron masacres planeadas y más de 100 asesinatos en la región chol del norte y los municipios tzotziles de Chenalhó y San Juan del Bosque. Miles de indígenas quedaron desplazados y despojados. Hasta ahora, la mayoría sigue sin regresar a sus comunidades; de los que han retornado en Tila y Chenalhó, muchos no recuperaron sus tierras ni la tranquilidad. Quienes los expulsaron siguen ahí, y los amenazan nuevamente.

"Si no nombramos a los paramilitares, es como si fuera una historia muerta, sin vida", dijo un indígena a los visitadores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), quienes aún ahora, "por seguridad", omiten los nombres de los desplazados que entrevistaron para elaborar su más reciente informe.

Según el CDHFBC, "en la guerra de baja intensidad de Chiapas, el paramilitar es un instrumento clave para enfrentar a los pueblos indios que simpatizan con las demandas del EZLN y generar un clima de violencia". Los paramilitares, personajes que se reiteran en los testimonios de las víctimas "perpetrando crímenes, desapariciones, intimidaciones y violaciones", no han desaparecido; salvo excepciones, no han sido castigados y nada indica que lo vayan a ser.

Tras el ataque paramilitar en Acteal, nació una instancia federal dedicada a investigar la operación de estos grupos: la Unidad Especializada sobre Probables Grupos Armados, de la Procuraduría General de la República (PGR). Después de cinco años de creada, sus resultados son prácticamente nulos. Para empezar, no ha "demostrado" que exista un solo grupo. Vamos, ni siquiera encuentra las armas que se utilizaron en Acteal.

Ahora existe formalmente la figura de "delincuencia organizada". Con ella en la mano, al comenzar el actual sexenio, la unidad especializada aprehendió a Samuel Sánchez Sánchez y Marcos Albino Torres, conocidos miembros de Paz y Justicia. Los organismos civiles todavía no acababan de aplaudir la medida, cuando aquella detención se hizo humo y las autoridades estatales tuvieron que excarcelar a los detenidos, pues la PGR no aportó pruebas suficientes.

La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos ha recordado que la unidad especializada inició averiguaciones de cada uno de los 17 presuntos grupos de civiles armados, cuya existencia fue denunciada por las comunidades y los organismos civiles, pero es la hora que dicha instancia de la PGR no ha rendido cuentas.

Ahora bien, ¿en qué sentido se puede decir que Los Aguilares o la Opdic son paramilitares? "No tenemos pruebas de su liga con la fuerzas armadas, pero sí de que esos grupos tienen un efecto contrainsurgente que beneficia al Estado", reconoce el abogado Miguel Angel de los Santos.

"El caso extremo serían Los Aguilares. Una banda de delincuentes comunes, pero en un contexto de guerra como el actual, la política contrainsurgente se beneficia con sus actos. En consecuencia, el Estado no les pega, se hace tonto, o de plano los protege", refiere.

En cuanto a la agrupación campesina conocida como Opdic, su sombra se proyectó sobre todos los episodios, presuntamente aislados, que ocurrieron hace poco más de un mes en los municipios autónomos Ricardo Flores Magón, San Manuel, Olga Isabel y 17 de Noviembre. Sin embargo, no se puede responsabilizar a la organización del diputado priísta Pedro Chulín de ninguna de las muertes ocurridas entre agosto y septiembre.

Otros casos de grupos armados

Abundan casos colaterales que no ajustan con las definiciones, como las guardias blancas: "se organizan en función de un particular o grupo de particulares. Surgen para defender la propiedad de los ganaderos. Su fin no es contrainsurgente. Pero en el contexto de Chiapas, no combaten delincuentes sino organizaciones sociales.

"Cuando operan en zonas como La Fraylesca, Venustiano Carranza o Chicomuselo, no pueden considerarse paramilitares". No es lo mismo cuando son usados contra los rebeldes en Ocosingo, Sabanilla o Altamirano, señala De los Santos. "Al coincidir con la contrainsurgencia, las guardias blancas pueden actuar de manera coordinada con grupos de indígenas, e incluso integrarse en una sola estructura".

Ante los intentos del actual gobierno chiapaneco de aplicar la justicia en el caso de la zona norte, considera que "hace falta una política más clara y definida para el desmantelamiento de los paramilitares". Para ser efectiva, la aplicación de la ley "debe pasar por el arresto de los funcionarios involucrados". En los casos de la zona norte y Acteal, se ha documentado bien la participación de funcionarios y jefes policiacos. "Los paramilitares siempre han actuado en lugares donde el Ejército tiene una presencia destacada". agrega.

En opinión del defensor De los Santos, el gobierno publicita acciones "que no son eficaces", pero las usa "para crear la imagen de que se está en otra fase del conflicto". En realidad, "busca calmar el reclamo público sin llegar a fondo".

Los años pasan. Ahora mismo, los desplazados suman miles tan sólo en los refugios de Polhó, Nueva Revolución, San Marcos y San Rafael. En tanto, el brazo de la justicia sigue sin alcanzar el entramado gubernamental y partidario que ha dado origen y cobijo a grupos violentos de contrainsurgencia.